capitulo XVII como se desbanda una revolución, Indalecio Lievano Aguirre.

INDALECIO LIEVANO AGUIRRE, Miembro de la Academia Colombiana de Historia 

 

 

Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia

 

CAPITULO XVII Cómo se desbanda una revolución

  Donde trata de la traición de los jefes de la revolución de los comuneros, don Anto­nio Caballero y Góngora y don Juan Francisco Berbeo, apoyados por los criollos más ricos, y del intento de continuar la  revolución  por José Antonio Galán.

  En medio de este espectáculo de vergonzosa claudicación y de general ignominia, se yergue la figura solitaria de José Antonio Galán, quien con gesto magnífico se apresura a ocu­par el puesto del que desertaron los Capitanes comuneros. Cuando recibió el texto de las Capitulaciones y la orden de Berbeo de licenciar sus hombres y poner término a sus acti­vidades revolucionarias, no pudo contener su sorpresa y su indignación ante este melancólico final, ante esta solución de opereta.

   Las discrepancias entre Galán y Berbeo no eran atribuibles a una supuesta aspiración de conseguir la independencia — que algunos historiadores asig­nan a Galán — sino a la magnitud de los cambios sociales que los dos trataban de introducir en la vida colonial. Berbeo, como el Marqués de San Jorge, defendía los intereses de la oligarquía dueña de la riqueza y su aspiración se reducía a conseguir para los grandes señores criollos los privilegios que les permitirían igualarse con los españoles y ocupar los em­pleos y distinciones honoríficos propios del régimen virreinal. Galán, por el contrario, representaba las aspiraciones de los desheredados y su tarea en la sublevación se halla indisoluble­mente ligada al levantamiento de los esclavos, las reivindica­ciones indígenas, la invasión de los latifundios y la liberación de los cosecheros, largamente oprimidos por los grandes pro­pietarios criollos. Galán actuaba como el caudillo de los humil­des y en esta calidad no entendía que se prescindiera de tomar la Capital del Reino y sólo aceptaba una negociación con el Monarca español o sus representantes cuando todo el Virrei­nato estuviera levantado en armas y en los campos, las minas,.

  Así como el Marqués de San Jorge procuró congraciarse con el gobierno dando cuantiosos donativos y participando activa­mente en la formación de Milicias destinadas a combatir a los comuneros, el señor Plata supuso, no sin fundamento, que la captura de Galán destruiría todas las sospechas que pudieran tener las autoridades sobre su conducta y en compañía de Juan Bernardo Plata y Juan Rudolfo Azuero se preparó a emprender, con la ayuda de nutrida tropa, reclutada a su propia costa, la inicua cacería del gran caudillo del pueblo granadino.

 Volumen II Quinta edición, Ediciones TERCER MUNDO, Bogotá. D. E – Colombia

 PRIMERA EDICIÓN: marzo de 1964 

 SEGUNDA EDICIÓN: agosto de 1966

TERCERA EDICIÓN: junio de 1968

CUARTA EDICIÓN: marzo de 1972

QUINTA EDICIÓN septiembre de 1973

 Tercer mundo es una editorial abierta a todas las  corrien­tes del pensamiento. En consecuencia, el lector no ha de buscar uniformidad ideológica en nuestras publicaciones, sino, al contrario, la más amplia diversidad de actitudes y conceptos políticos, económicos, sociológicos, filosóficos

 

Derechos reservados por EDICIONES TERCER MUNDO Apartado Aéreo 4817 Bogotá — Colombia

Impreso y hecho en Colombia Printed and made in Colombia

 

 

  INDICE DEL VOLUMEN II

 Capítulo XVII      Cómo se desbanda una revolución       465

Capitulo XVIII      Las contradicciones revolucionarias del régimen colonial     503

Capitulo XIX        El derrumbe de la autoridad política de España  527

Capitulo XX         El 20 de julio de 1810                   555

Capitulo XXI        La batalla por la Independencia   589

Capitulo XXII       En la Patria Boba                            617

Capitulo XXIII      La Colonia interior                        639

Capitulo XXIV     Nariño en el poder                        671

Capitulo XXV      Hacia la Independencia                 691

Capitulo XXVI     Nariño frente a la Fronda             715

Capitulo XXVII    la dictadura de Nariño                  739

Capitulo XXVIII  La libertadura                                 763  

Capítulo XXIX     El epílogo de Pasto                        799

Capitulo XXX       La Guerra Social                            839

Capitulo XXXI      La hora decisiva                            861 

Capitulo XXXII    (la. parte) La pacificación española.  887   

Capitulo XXXII    (2a. parte) La pacificación española  

Capitulo XXXIII   La estrategia política de la revolución     945

 

 

 

 

CAPITULO XVII

Cómo se desbanda una revolución

TUPAC AMARU. — Criollos e indígenas. — La revolución en los llanos. - Monarcas aborígenes. — Ambrosio Pizco. -  Revolución y reacción. — La desbandada criolla. — El recurso de la negociación. — Berbeo y el Arzobispo. — Entre- vistas de Nemocón y Zipaquirá. — La oligarquía en acción. — Los tunjanos. — El “berbeísmo”. — Conducta de la Real Audiencia. — Tratado de Zipaquirá. — La hora suprema de Galán. — El caudillo del pueblo entregado por la oligarquía. -  Don Salvador Plata y Juan Rudolfo Azuero. — “El Túpac Amaru de este Reino”. — Hacia el cadalso. — “Se dé al olvido su infame nombre”. — Las represalias. — Defección de la oligarquía. — Indulto. — Los aventajados herederos.

LA GRAN sublevación de los comuneros, que tuvo su epicen­tro en el Virreinato granadino, no fue el producto de cir­cunstancias aisladas y casuales, sino una de las manifestacio­nes del gran proceso revolucionario que estaba cumpliéndose en la América española, profundamente perturbada por el im­pacto adverso de la política colonial borbónica.

Al Perú, por ejemplo, llegó un Visitador Regente, José Antonio de Areche, quien despojó al Virrey Guirior, recientemente trasladado a Lima, de sus tradicionales atribuciones y se sirvió — como lo hizo Gutiérrez de Piñeres en Santafé — de los poderes a él otorgados por don José Galvez para introducir radicales cam­bios en la economía del Virreinato, sin otro objeto que el de provocar el rápido desplazamiento de la riqueza nativa hacia la Metrópoli.

 

« El Virrey don Manuel de Guirior — dice Daniel Val- cárcel — gobernó durante el período anterior a la rebeldía de Tinta... Le desesperaba sobremanera que el gobierno español contribuyese a aumentar los peligros de una conmoción vio­lenta, debido a sus medidas precipitadas y al empleo de fun­cionarios desaprensivos... Lo que Guirior podría haber reme­diado o mejorado lo deshacía el nuevo Visitador Regente, don José Antonio de Areche, fiel ejecutor de terminantes órdenes dirigidas al aumento de las entradas reales... Fueron aquellas clases carentes de privilegios las que dieron el ejemplo, parti­cipando en los movimientos iniciales.

Ya en 1742, Juan Santos Atahualpa se levantaba en las montañas de Tarma y Jauja. Había logrado adquirir ciertas nociones de la ciencia europea, bajo la pro­tección de los jesuitas. Las “entradas” en la montaña para ani­quilarlo terminaron por fracasar de manera lastimosa, y el movimiento sólo va a desaparecer con la muerte del jefe rebelde, después de catorce años de lucha. Tan grande fue su presti­gio que los indios esperan su retorno hasta el presente. Conti­nuaba todavía dicha rebelión cuando, a las puertas de Lima, en Huarochirí, se frustró el levantamiento de Francisco Inda. Cerca del año de 1780 surgen innumerables movimientos locales, men­cionados de manera sucinta en la Relación del Virrey Guirior... ».

El descontento se fue acumulando en los distintos esta­mentos de la sociedad peruana y finalmente se desbordó por el ancho cauce que abrieron los sufrimientos de la raza indí­gena. En el pueblo de Tinta, en el año 1780, los indios se sublevaron, dirigidos por José Gabriel Cóndorcanqui, llamado Túpac Amaru, y dieron muerte en el cadalso al Corregidor de la localidad. La revolución se extendió entonces por toda la Sierra, hogar de la antigua civilización aborigen y las mili­cias de Túpac Amaru pusieron sitio a la Villa Imperial del Cuzco. Cóndorcanqui, como descendiente de los antiguos Incas, fue proclamado, por multitudes delirantes de entusiasmo, Mo­narca del Perú, con el título de José I.

 El tradicional y profundo apego de los indios al Ayllu, la antigua comunidad indígena, dificultó su concentración en grandes masas, por la tendencia de dichas comunidades a operar exclusivamente en su hogar ancestral, de manera que Túpac Amaru no pudo adoptar a tiempo una estrategia de conjunto, ni disponer de fuerzas suficientes, en un determi­nado lugar, para dar el golpe decisivo a las autoridades colo­niales. La sublevación sacudió con terrible violencia el Virrei­nato, pero se mostró impotente para ganar una victoria deci­siva. Ello explica los serios intentos realizados por Túpac Amaru para llegar a un entendimiento con los criollos y conjurar así el peligro de que ellos engrosaran las fuerzas potenciales de que se servirían las autoridades para combatirlo. « Ha sido mi ánimo — decía Túpac Amaru en famosa Proclama — que no se les siga a mis paisanos criollos algún perjuicio, sino que vivamos como hermanos, y congregados en un cuerpo, destru­yendo a los europeos. Todo lo cual no se opone en lo más leve a nuestra sagrada religión católica, sino sólo a suprimir tanto desorden, después de haber tomado por acá aquellas medi­das que han sido conducentes para el amparo, protección y con­servación de los criollos, de los mestizos, zambos e indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los natu­rales, y de haber padecido todos igualmente dichas opresio­nes y tiranías de los españoles europeos ».

 

Túpac Amaru se equivocó al considerar posible un enten­dimiento con los criollos y al acompasar el ritmo de sus operaciones militares a la celebración de esta hipotética alianza. No advirtió que en el Perú, lo mismo que en el Virreinato gra­nadino, los criollos dejaron de interesarse en la revolución y procedieron a borrar las huellas de sus actividades subversivas, cuando sus riquezas y privilegios se vieron en peligro de ser arrollados por las exigencias del pueblo amotinado, que recla­maba (en 1780) la distribución de la tierra, la libertad de los esclavos, la integridad de los Resguardos y el término de los conciertos y las mitas. Los violentos traumatismos a que se vieron expues­tos los magnates criollos en las primeras fases de la subleva­ción indígena, les quitaron todas sus ilusiones y entre ellos se creó un clima de general hostilidad contra los rebeldes, cuyos matices pueden advertirse en el siguiente romance criollo, pu­blicado en el Perú después de la derrota de Túpac Amaru :

Nos hicieron los indios trabajar

del modo que ellos trabajaban

y cuanto ahora los rebajan, nos hicieron rebajar;

nadie pudiera esperar

casa, hacienda ni esplendores

ninguno alcanzar honores

todos fueran plebeyos

fuéramos los Indios de ellos

y ellos fueran los Señores.

 

 Aunque el conflicto tendría resultados adversos para Túpac Amaru, durante  sus primeras fases, el repercutió en las más distintas regiones de la América española y en el Virreinato granadino tuvo resonancias decisivas en el curso de la Revo­lución de los Comuneros. Conducidas por “chasquis’ llegaron al Nuevo Reino las proclamas del caudillo peruano y desde Santafé se remitieron secretamente a distintos lugares. Ello explica por qué el cabecilla de los indios de Tocaima, durante el movimiento comunero, expidió la siguiente alocución, que serviría de lema a los sublevados de esa localidad: « Viva el Rey Inca y mueran los chapetones, que si el Rey de España tiene calzones, yo también los tengo, y si tiene vasallos con bocas de fuego, yo también los tengo, con ondas que es mejor... ».

 

Fue, no obstante, en el magnífico escenario de los llanos orientales del Nuevo Reino y principalmente en los pueblos de las antiguas. Misiones jesuitas, donde el movimiento indigenista tuvo sus más radicales manifestaciones. El terreno estaba abonado para la sublevación, no sólo por la ineptitud y abusos de los curas doctrineros y de las órdenes religiosas que sustitu­yeron a la Compañía de Jesús, sino porque las famosas hacien­das y los hatos fundados por los Jesuitas y cuyo usufructo y propiedad transmitieron a los indios de las Misiones, les fue­ron arrebatados al producirse la expulsión de la Compañía e incorporados a la Real Audiencia bajo la denominación gené­rica de “Bienes de Temporalidades”, considerable proporción de los cuales adquirieron, por remate, las grandes familias criollas de Santafé. No fue por una casualidad que la revolu­ción de los comuneros encontró al Marqués de San Jorge de Administrador de la Encomienda de los Llanos y a don Luis de Caycedo y Flórez de Gobernador General de los Llanos.

 

 

Bastó, por tanto, que uno de los Capitanes comuneros, al iniciarse la sublevación, incitara a los indios del pueblo de Silos a levantarse contra las autoridades, para que el día 14 de junio de 1781 se produjera una general conmoción y se apro­bara en la plaza, el acta siguiente : « En el pueblo de Silos se juntaron todos los del común y en voz alta, con bandera, pífano y tambor se hizo voz: “Que viva el Rey Inca (Túpac Amaru) y muera el Rey de España y todo su mal gobierno y quien saliera a la defensa”... ».

 

La rebelión se extendió rápidamente, por los pueblos lla­neros; los curas de las misiones fueron agredidos, se les obligó a abandonar sus parroquias y el mismo Gobernador se vio precisado a huir, para salvar la vida. Támara, Pore, Morcotes, Paya y Pisba se alzaron en armas y mil quinientos indígenas, debidamente montados, se prepararon a ascender la cor­dillera y marchar sobre la Capital. Ya veremos al Marqués de San Jorge costeando, de su propio peculio, el envío de tropas a los Llanos, a fin de aniquilar la revuelta indígena.

 

No puede decirse, sin embargo, que el movimiento indige­nista se circunscribiera a Tocaima y a los Llanos, lugares donde se proclamó a Túpac Amaru como Soberano. La apro­ximación de las masas comuneras a la Sabana determinó reacciones no menos radicales con la población indígena. Los indios de las Salinas, despojados por el Fiscal Moreno y Escandón de sus inmemoriales derechos, pronto dieron muestras de su inconformidad, opusieron serios obstáculos al transporte de la sal y exigieron con altivez que se les restableciera en el ejer­cicio de su antiguo dominio sobre las minas.

 

 

Los ánimos se calmaron un tanto por virtud de las promesas consignadas en las Capitulaciones de Zipaquirá, pero bastó la primera sos­pecha de que ellas se desconocerían para que el descontento saltara sobre las compuertas del orden y se desencadenara una sublevación, cuyas alarmantes características se describieron, en los siguientes términos, a la Real Audiencia  “Están todos (los indios) insolentados, insultando al administrador y Teniente Corregidor don José Raymundo Cabrera, perdiendo absoluta­mente el freno de la obediencia y pretendiendo poner fuego a todo el pueblo, con particularidad a la casa del Administrador, como lo ejecutaron en la noche del 1 de septiembre, abrazán­dose la casa de la Administración, sin que pudiera salvar sino los libros y papeles... ».

 

En la Sabana de Bogotá, donde los indígenas habían pade­cido prolongadamente la opresión y abusos de los grandes hacendados criollos, donde habían librado una batalla sin pau­sas para defender sus Resguardos y disfrutar del tiempo necesario para trabajar sus tierras, el contagio del espíritu revolu­cionario no demoró en prender y los indios, al acercarse los comuneros del Socorro, cortaron las amarras de su tradicional lealtad a la Corona y proclamaron como Monarca, no al Inca del Perú, sino a un descendiente lejano de la antigua dinas­tía Chibcha.

 

 

El drama de la raza vencida se advierte, precisamente, en la obligación en que se vieron los indígenas, en aquella hora crítica, de elevar a la categoría de personero de sus aspi­raciones al indio Ambrosio Pizco, quien, carecía de las cuali­dades indispensables para desempeñar con lealtad y decoro su papel. Divorciado ya de sus hermanos de raza e indiferente a su suerte, era Pizco un astuto comerciante y como tal había tenido gran éxito en los negocios y podía vanagloriarse de poseer mayor caudal que muchos criollos. Era dueño de tienda en Moniquirá, de almacén en la Calle Real de Santafé y de hacienda de ganado y de mulas en Güepsa. Fue, pues, con sorpresa y sin entusiasmo que Ambrosio Pizco se enteró de que los indios de la Sabana le habían proclamado “Monarca de Bogotá y Señor de Chía”. Como muchos de los Capitanes comuneros, Pizco procedió a tomar las medidas del caso para salvar su responsabilidad en la revuelta y procuró la impre­sión de que los rebeldes le habían obligado a aceptar tan engo­rrosa dignidad. Nada tiene, pues, de extraño que Berbeo se apresurara a comunicarse con Pizco y se preparara a utilizarlo para amortiguar los ímpetus de la revolución indigenista. En Santafé, sin embargo, la noticia causó no poco asombro e indig­nación : « Cuando se sabe en la Audiencia — dice un comen­tarista de estos sucesos — que Ambrosio Pizco se ha procla­mado cacique de Bogotá y señor de Chía, y se anuncia que los indios le reconocen como a su soberano, no diré que haya sorpresa entre los Oidores y el público a quien llega la noti­cia, porque el tiempo no es para sorpresas, pero sí las seño­ras y los caballeros se persignan estremecidos de terror, y con aspavientos se miran y dicen: ¡ Es el colmo! ».

 

 

Puede afirmarse, por tanto, que el Virreinato ardía por los cuatro costados en momentos en que los emisarios de la Audiencia esperaban a los comuneros en Zipaquirá. Con so­brada razón, el Arzobispo Caballero y Góngora se sentía impo­tente para evitar la captura de la Capital, porque la plea­mar revolucionaria golpeaba con terrible violencia en Pasto, Ambalema, Mariquita, Antioquia, la Sabana, el Socorro, los Llanos, Cúcuta y Mérida, y no era presumible que los pueblos, una vez arrolladas todas las esclusas del orden, se contentaran con menos de una victoria total. Menor habría sido su intran­quilidad de haber sospechado hasta qué punto habían cam­biado, en los últimos tiempos, las ideas de los principales Capi­tanes comuneros. En el curso de la marcha hacia Zipaquirá ellos se vieron obligados a afrontar graves dilemas y no tar­daron en descubrir que una cosa era protestar contra los impuestos, y los abusos del visitador y otra muy distinta soli­darizarse con una revuelta cuya dinámica había conducido al levantamiento de los esclavos, la ocupación de los latifundios, la rebelión de los indios y la proclamación de Monarcas abo­rígenes en el Virreinato. Dueños los criollos del poder econó­mico y usufructuarios principales de la esclavitud de los negros y de la explotación de los indios, ya no podían ocultar su alarma ante los inesperados giros que había tomado la sublevación y el mismo Berbeo, quien había cedido frecuentemente a las exigencias de la gleba para conservar su influencia sobre ella, miraba con verdadero temor la posibilidad de que las turbas sublevadas se apoderaran de Santafé. Ello explica suficiente­mente por qué Berbeo, al enterarse, en las proximidades de Zipaquirá, de « que se hallaban en los llanos de Chía — según sus palabras — unos dos mil hombres con el ánimo de diri­girse a esta Capital (Santafé) y deseando evitar las desgracias que de este atentado podrían resultar », expidió la famosa orden del 31 de mayo de 1781 cuyo texto, incomprensible en el jefe de una revolución, se acomoda a la conducta de quien tenía el propósito de conjurar los naturales desarrollos de esa revolución.

 

La orden decía: «Juan Francisco Berbeo, Capitán General, Comandante de la expedición de los comu­nes: Hago saber a todos los señores Capitanes, Diputados y Jefes de mi ejército, que le doy comisión a don Ambrosio Pizco, Cacique llamado de Bogotá, para que pase personal­mente y con gentes hasta las goteras de la ciudad de Santafé, y con todo rigor contendrá las gentes que pretendieren entrar a la ciudad a insultar y robar. Por lo que, si necesarios fuere, hará poner dos horcas, una en la entrada de San Diego y otra en la entrada de San Victorino, para castigo de los insultores ».

 

Como las autoridades de Santafé se molestaron por la autorización dada a Pizco, algunos historiadores han supuesto que el propósito de Berbeo no fue contener a los sublevados sino amedrentar, con las horcas, a los círculos oficiales de la Capital. Semejante hipótesis está en contradicción con el clarísimo texto de la orden con las declaraciones pertinentes de Berbeo y con su extraño comportamiento en el curso de las negociaciones de Zipaquirá. Sólo porque el Arzobispo y Berbeo miraban con idéntica alarma la posibilidad de que las monto­neras sublevadas invadieran a Santafé, fue posible comenzar unas negociaciones destinadas a cegar, en sus mismas fuentes, los magníficos ímpetus de la Revolución.

 

Los Capitanes del Socorro más devotos a la causa del pueblo, principalmente Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, sospechaban con fundamento que Berbeo se proponía evitar la captura de la Capital y por ello juzgaron conveniente remi­tirle, el 23 de mayo, una nota de instrucciones al respecto, nota en la cual le plantearon, con acierto y visión extraordi­narios, los verdaderos objetivos de la revolución. « Nos pa­rece — le decían a Berbeo — que V.M. sin desatender al Ilustrísimo señor Arzobispo en lo que propusiese, se ha de dar modo, en cuanto a que no se condescienda a que se haya de dejar la empresa de que se entre a la Corte (a Santafé) y que ésta se levante para que todo el Reino quede liberto de la pena que se pudiera adoptar, y a más de esto, para que la Audiencia pueda verdaderamente absolvernos de los pechos y de la culpa, es precisamente necesario que la Corte (Santafé) esté levantada, pues no siendo así puede suceder que la sus­pensión de pechos sea para mientras pueden tomar arbitrios para acometernos... Por lo que se infiere de la salida del señor Arzobispo, es a contener la entrada y que la Corte quede Ubre, con lo que no hay que condescender sin el predicho requisito. En caso que imponga excomunión (el Arzobispo) podrá V.M. extrañarlo y tocar a Sede vacante, que así lo pide este Común ».

 

Mucho más categórica fue la nota dirigida a Berbeo, el 6 de junio, por don Antonio Molina: «Ya sabe V.M. — le decía — que el fin principal es hacer de nuestra parte la Corte de Santafé, la que debe invadir en caso de que se hallen sus habitantes en contra nuestra, pues en este supuesto deberá desolarse, pues más vale que así quede y no como enemigo, lo que sería el mayor daño para todo el Reino y en especial para los de nuestra parte, y sería necesario mantenernos siempre con arma en mano para nuestra defensa; y excusar el menor daño es menor inconveniente, por lo que me parece necesario que por ahora no se propongan más Capitulaciones, que es de treguas, para en este intermedio unir todas las fuerzas y hacer­las con acuerdo de todos. Aquí se están tratando de hacer algu­nas piezas de artillería, para lo que se tiene solicitado el metal y artífice, que dentro de breve tiempo se conseguirán con otros pertrechos de guerra... Tenemos fuerzas para contrarrestar y vencer cualquier ejército, por numeroso que sea, pues si es necesario dentro de breve tiempo poner en ese sitio cincuenta mil hombres o más, con su razón se pondrán, pues tenemos de nuestra parte la mayor del Reino, y hasta la provincia de Caracas creeré está a nuestro favor, pues ya lo está Pamplona, San Cristóbal y La Grita... ».

 

Estas instrucciones constituían precisamente la contrapar­tida de las órdenes dadas por las autoridades de Santafé a sus emisarios y al Arzobispo, las cuales decían: « Se espera que ese pueblo (Zipaquirá) se acuerde y quede perfeccionado todo sin necesidad de que la multitud de gentes venga a esta ciudad o se acerquen a ella, que no se les permitirá... ».

 

La captura de la Capital, la cual ha debido ser el obje­tivo principal de Berbeo, sólo le sirvió de amenaza para esgri­mir ante el Arzobispo, cuando el prelado y los emisarios de la Audiencia se le reunieron en Nemocón. Inicialmente aparentó tener pocos deseos de tratar con los comisionados y se mostró reservado y hostil con ellos hasta tanto que el Arzobispo, alar­mado, le declaró que la Audiencia estaba resuelta a hacer las concesiones indispensables para contentar a los pueblos suble­vados. Esta oferta satisfizo las aspiraciones principales de Ber­beo, quien deseaba obtener de las autoridades coloniales las ventajas y privilegios ambicionados por la oligarquía criolla, pero quien miraba, con inocultable temor, la posibilidad de que las turbas comuneras invadieran a la Capital, seguro como estaba de que la sublevación tomaría entonces rumbos insos­pechados, escaparía fácilmente de su control y la plebe victo­riosa tendría, en medio del saqueo y de la violencia, la opor­tunidad de imponer condiciones incompatibles con los intere­ses y las fortunas de los grandes señores de la oligarquía. Bastó, por tanto, que el Arzobispo le ofreciera a Berbeo reco­nocer, en Capitulaciones escritas, las principales exigencias de los pueblos, para que éste conviniera en detener la marcha de los sublevados y en dar principio a las negociaciones de Zipaquirá.

 

 Así lo confirma el informe remitido por Caballero y Góngora a don José Gálvez, cuyos apartes pertinentes dicen: « Supe por los mismos que el campo de Nemocón era el punto de reunión en donde habían de incorporarse las tropas que venían marchando y que ya con algunas había llegado a él su jefe principal don Juan Francisco Berbeo. Inmediata­mente fui a aquel pueblo, y por varios recados que le pasé comprendí la grande repugnancia que él y sus oficiales tenían en avistarse conmigo. La dificultad era casi insuperable y no podía vencerse sin temor de consecuencias muy funestas. (La posibilidad de que se apresara al Arzobispo). Atropellé por todas partes y me les presenté en su campo con solo uno de sus Capitanes. Tuve con todos ellos una larga sesión, y aun­que al principio reconocí sus ánimos impersuasibles, pude al fin inclinarlos a aceptar mis proposiciones y acomodarse a una composición regular ».

 Tan manifiesto era el desgano de Berbeo de proseguir adelante y tan poco se cuidó de tomar las medidas indispensa­bles para garantizar la ocupación de Santafé, que el Arzobispo pudo crear, en el propio campo comunero, factores de resis­tencia a la posible prosecución del avance hacia la Capital. Conociendo el antagonismo que existía entre las Villas de Tunja y el Socorro, antagonismo que se derivaba de la preten­sión de los tunjanos de mantener al Socorro sometido indefi­nidamente a su jurisdicción, el Arzobispo se sirvió de esta riva­lidad lugareña para convencer a los Capitanes comuneros de Tunja de que la captura de Santafé por una multitud com­puesta, en tan importante proporción, por gentes de la pro­vincia del Socorro, haría inevitable la supremacía de dicha Villa sobre Tunja. De esta manera consiguió el Arzobispo que los tunjanos miraran con hostilidad la posible invasión de la Capital y que sus Capitanes, flor y nata de la oligarquía criolla y ya suficientemente alarmados por “el desenfreno y desmanes de la plebe comunera”, lo respaldaran v respalda­ran a Berbeo en los esfuerzos que ambos realizaron para que las Capitulaciones se firmaran en Zipaquirá y se descartara el asalto a Santafé. Nada tiene, pues, de extraño, que la consi­derable masa de las fuerzas tunjanas abandonaran tranquila­mente el pueblo de Nemocón, cruzaran la Villa de Zipaquirá y terminaran acampándose en el camino que conducía a la Capital, con la evidente intención de cerrar el paso al resto del ejército, si Berbeo y el Arzobispo no conseguían con­tenerlo.

 Suponer, como lo hacen algunos historiadores, que un acontecimiento tan importante como la movilización de las fuer­zas tunjanas podía cumplirse contra la voluntad de Berbeo y sin que él tomara ninguna medida para evitarlo o para con­trarrestar sus obvios efectos políticos y militares, no pasa de ser una conjetura difícil de creer. Berbeo no era un tonto y tenía, como lo reconocen sus defensores, indiscutible don de mando, lo cual no se compagina con la creencia de que el Arzobispo, acompañado de cuatro o cinco personas, pudo impunemente robarle, en sus propios ojos, la tercera parte del ejército comu­nero. La hipótesis resulta tanto más inverosímil cuando se sabe ciertamente que Berbeo, pudiendo hacerlo, no realizó esfuerzo alguno, por pequeño que él fuera, para evitarlo.

 

Si existiera alguna duda con respecto al acuerdo entre Berbeo y el Arzobispo y a la solidaridad del mismo Berbeo con los Capitanes de Tunja en el importante asunto de la inva­sión de la Capital, ella se desvanece con aquellos apartes del Informe del Arzobispo a don José Gal vez, en que se refiere a las negociaciones llevadas a cabo en Zipaquirá, después de que las masas comuneras, por orden de Berbeo, se acamparon en las proximidades de la villa. « Nos lisonjeaba la estipulada paz — dice — y sólo restaba que los jefes de los tumul­tuantes y acampados en las inmediaciones de Zipaquirá forma­sen sus representaciones para concluirla, pero al tercer día se conmovieron de nuevo las gentes con tanto ardor, que se disi­paron todas nuestras esperanzas y nos vimos en la última cons­ternación. Algunas compañías pasearon por la plaza en acción de guerra y no contentas con insultar mi dignidad al tiempo que pasaban por mi habitación (en Zipaquirá), publicaron en las cuatro esquinas las sangrientas ideas que los encami­naban a Santafé. Dio motivo a esto, o una carta que me comu­nicó don Juan Francisco Berbeo, por medio de un eclesiástico, dirigida a él por los otros nombrados Capitanes de la Villa del Socorro, en que lo interesaban y empeñaban vivamente a no omitir la entrada a la Capital y a extrañarme del Reino, tocando a Sede vacante si fuese necesario a sus intentos, o una voz vaga, que esparcieron los mal intencionados, de haber yo ganado a Berbeo con quince mil pesos, suposición que los irritó, de manera que no dudó uno en decir: “todo se compone con dos balas, una al Arzobispo y otra al General’; expresión que castigó su Capitán (Berbeo) arrestándolo en la cárcel, pero pocas horas después lo extrajeron sus mismos compañeros. Viéndolos yo resueltos a marchar a Santafé y temiendo verifi­casen sus ideas de pasar de allí a Popayán y Quito, poniendo en combustión todo el Continente, determiné volver a verme con los Capitanes.

 Fueron incomparables los trabajos, indeci­bles los insultos que en esta segunda conferencia sufrí de aquellas gentes, las más de infame extracción y aún más infa­mes pensamientos; pero, en fin, a costa de una inalterable paciencia logré no sólo aquietarlos y admitir Capitulación, sino también que don Juan Francisco Berbeo me prometiese se arreglaría ésta en el mismo Zipaquirá, sin mover su campamento, contra el dictamen de muchos, que acaso para poner en ejecu­ción sus siniestros fines. Intentaban que fuese en Santafé. En esta ocasión fui testigo dé la numerosa multitud de gen­tes que formaban aquel ejército formidable sin duda, no sólo a la Capital sino a todo el Reino, por lo poco poblado que se halla en su extensión. Todo el campo que media entre los pueblos de Zipaquirá y Nemocón, distante entre sí tres horas de camino, estaba cubierto de tiendas. Se reguló el número de combatientes en el de quince a diez y seis mil, sin hacer cuenta de los indios, a quienes miraban con desprecio. Los de la com­prensión de Tunja y Sogamoso, que componían el considerable número de cinco a seis mil hombres, adhirieron a mi estipu­lación con Berbeo y la hicieron valer contra el sentimiento del partido contrario; pues aunque éste les excedía en el número de gentes, ellos les llevaban otras tantas ventajas, cuando que era la tropa más lúcida de aquel ejército, la más esforzada y más subordinada a sus jefes... Hallándolos así divididos por sus propios intereses me aproveché con felicidad de su misma división, a fin de contener con su respeto a los otros, si inten­tasen pasar adelante; y tener a ellos siempre a raya bajo mis órdenes, para que se efectuasen las Capitulaciones en Zi­paquirá... ».

Algunos historiadores han supuesto que la conducta blanda  contemporizadora de Berbeo en Zipaquirá fue el resultado de la equívoca actitud de los tunjanos, a los cuales atribuyen la intención de ofrecer resistencia armada, si Berbeo insistía con proseguir a la Capital. Del informe del prelado se colige claramente que las divergencias decisivas no se presentaron entre Berbeo y los Capitanes de Tunja. Sino entre estos últi­mos y la mayoría de los comuneros, que se mostraban resuel­tos a ocupar a Santafé. Los de la comprensión de Tunja v Sogamoso « adhirieron — dice el Arzobispo — a mi estipula­ción con Berbeo y la hicieron válida contra el sentimiento del partido contrario ». Si en Nemocón o en Zipaquirá Berbeo hu­biera gritado ¡A Santafé! los débiles factores de resistencia construidos por el Arzobispo se habrían visto arrollados fácil­mente por la impetuosa voluntad de las multitudes.

 Berbeo, por el contrario, ordenó a las masas comuneras acamparse en las proximidades de Zipaquirá y todos sus empe­ños se redujeron a tomar extrañas medidas para diluir sus res­ponsabilidades frente a las autoridades con las cuales se pre­paraba a negociar. Cuando se le pidió, por el Arzobispo, que presentara, por escrito, las solicitudes de los sublevados, no quiso hacerlo personalmente y comisionó a los Capitanes de Tunja para que las redactaran. De igual manera, insistió en que el Marqués de San Jorge y los Regidores criollos del Cabildo de Santafé participaran en las negociaciones de Zipaquirá, lo cual indicaba que Berbeo, enterado como estaba de las pasadas actividades subversivas del Marqués y de las principales fami­lias de la Capital, no se resignaba a permitir que los magnates criollos se colocaran en la cómoda posición de beneficiarse con las ventajas que pudieran conseguirse en las negociaciones y hacer gala, simultáneamente, de una pérfida lealtad a las autoridades coloniales. No fue pequeño el predicamento en que se vio colocado don Jorge Lozano y Peralta, cuando, como resultado de las exigencias de Berbeo, hubo de trasladarse a Zipaquirá y dar motivo, con su presencia, a que las multitu­des comuneras le ovacionaran, después de que él había tratado de borrar, en Santafé, las huellas de sus actividades contra­rias al orden con rumbosos donativos, destinados a pagar las tropas que debían combatir la Revolución. El Arzobispo Caba­llero y Góngora observó en silencio los homenajes que rindie­ron los sublevados al Marqués y tomó atenta nota de ellos para cuando llegara la oportunidad de exigirle cuentas por su con­ducta equívoca.

 Las anteriores precauciones, adoptadas por Berbeo para forzar a otros a compartir sus responsabilidades políticas, no le parecieron suficientes y al recibir el proyecto de las Capitula­ciones, redactado por los Capitanes tunjanos, se apresuró a dejar la siguiente constancia escrita, en la parte final del pro­yecto : « Este borrador de estas Capitulaciones lo formaron el doctor Juan Bautista de Vargas y don Agustín Justo de Me­dina, y concurrieron a ellas don Fernando Pabas, don Joaquín del Castillo y don Juan Salvador de Lagos. Lo cual son sabe­dores don Pedro Nieto, don Pedro García y don José Ignacio de Ardila; y por lo que el tiempo ofrece, pongo esta razón en Zipaquirá, el 4 de junio de 1781. Juan Francisco Berbeo ».

 Los principales obstáculos que habría de vencer Berbeo para llegar, en Zipaquirá, a un acuerdo que pusiera término oportuno a la revolución, no provendrían del Arzobispo, resuelto a hacer las concesiones indispensables, sino de las propias masas comuneras, cada día más exigente y menos confiado en la conducta de sus Capitanes. Ello explica suficientemente por qué el proyecto de Capitulaciones, redactado por los Capitanes de Tunja y presentado al Arzobispo, abarcaba tópicos relacio­nados no sólo con las viejas pretensiones de la oligarquía crio­lla, sino también con los conocidos anhelos de los indígenas y de los desheredados del Reino. Sólo así podían esperar los Capitanes que las multitudes sublevadas aceptaran el Tratado y convinieran en dispersarse. De igual manera lo entendió el Arzobispo, visiblemente preocupado por las crecientes dificul­tades que afrontaba Berbeo, y venciendo sus propios escrú­pulos y los escrúpulos de los comisionados, aceptó el “concor­dato compuesto de treinta y cinco artículos” y se avino a remi­tirlo inmediatamente a la Capital, para que la Audiencia, co­mo se lo exigieron, lo ratificara con las debidas solemnidades. Surgió entonces un tropiezo inesperado. Cuando el Real Acuer­do recibió el proyecto de Capitulaciones, los Oidores no pudie­ron disimular su indignación, dada la extensión de las exigen­cias en él contenidas y, no atreviéndose a rechazarlo por temor de que continuara el avance de los comuneros, optaron por dejar en manos de los Comisionados la total responsabilidad de aceptarlo. En su respuesta alegaron que los emisarios del Real Acuerdo estaban ampliamente autorizados para pactar y se limitaron a solicitar, a los dichos emisarios, que procuraran aclarar algunos artículos ambiguos y modificar otros franca­mente inaceptables.

     Lo que ocurrió en Zipaquirá cuando se conoció la decisión de la Audiencia, lo refiere fielmente el informe del Arzobispo: « Al mismo tiempo que los diputa­dos — dice —, tuvieron los tumultuantes, por medio de sus correspondencias secretas, aviso de esta resolución del Superior Acuerdo, y sospechando de ella que se les maquinaba algún engaño, corrieron precipitadamente a mi habitación con las armas en la mano, al ruido de cohetes y de tambores que hacían señal de guerra. Sería largo referir las expresiones y movimientos con que explicaron su indignación, su rabia y su furor. Llenos del mismo, aunque no lo manifestaban con tanta vivacidad, llegaron los Capitanes a mi presencia y de los comisionados. Recibírnoslos con grande serenidad, y habién­doles asegurado de las sanas intenciones de la Superior Junta, dirigidas a solicitar con ellos, mismos la interpretación de algu­nos artículos ambiguos y el justo temperamento de otros, los aplacamos e inducimos a ejecutar lo que les proponíamos. En efecto, conseguimos la mitigación de algunos, pero con tal repugnancia de algunos de aquellos oficiales que saliendo de la sala conmovieron las tropas, de suerte que enfurecidas hasta el exceso, acometieron a mis ventanas, abocando a ellas las escopetas y amenazándonos de hacer fuego si no se apro­baban inmediatamente sus proposiciones. Sus mismos Capita­nes temieron, y no habiéndome permitido salir personalmente a apaciguarlos, me les presenté por una ventana y les insté que se aquietasen, que no tratábamos sino de aliviarlos en lo que pretendían; pero se empeñaron con tal obstinación, que los Comisionados se vieron en la triste pero forzosa necesidad de disolver la Junta y pasar por el resto de las Capitulaciones en que hay algunas insolentísimas, contentándose solamente con oír el nombre del Rey en repetidos vivas y el reconoci­miento del vasallaje que manifestaron todos los Capitanes y tropas; éstas no se sosegaron hasta que vieron salir, acompa­ñado de uno de sus Capitanes, el propio que conducía a Santafé sus representaciones ».

« Cuando los portadores del proyecto de Capitulaciones llegaron por segunda vez a la Capital y el emisario del Arzo­bispo hizo a los Oidores un minucioso relato de lo que estaba ocurriendo en Zipaquirá, se procedió a convocar una sesión urgente y secreta del Real Acuerdo y en ella, forzados los Oidores por la gravedad de los acontecimientos, adoptaron la resolución que consta en el acta de dicha sesión, cuyo hallazgo se debe a las pacientes investigaciones del meritorio historia­dor don Pablo Cárdenas Acosta ». « En la Junta — dice el acta — celebrada la noche del día siete de junio de 1781, consiguiente a lo acordado sobre la aceptación y confirmación de las proposiciones hechas por don Juan Francisco Berbeo, como Comandante que se titula de los Comunes, de las Ciudades, Villas, Parroquias y Pueblos de la mayor parte de este Reino, dijeron haber procedido a dicha aprobación sin embargo de la notoria repugnancia y monstruosidad que envuelven, estre­chados por una parte de las desmedidas fuerzas de más de quince mil hombres con que se halla dicho Berbeo, incomparablemente mayores que las que se han adquirido y hay en esta ciudad; y por otra de la disposición que se ha advertido en el numeroso vulgo para seguir el mal ejemplo de los rebeles, uniéndose a su llegada y aumentando o engrosando su cuerpo infinitamente. De suerte que si por el medio de acceder a todas sus irregularidades y reprensibles ideas no se hubiera evitado el asalto a esta Capital, sin duda alguna se habrían apoderado de todos los intereses reales, que ha sido el principal objeto con que principalmente han dirigido todos sus desórdenes; habrían saqueado y arruinado todas las casas y conventos, y lo que es peor, habrían no sólo abatido la Real Autoridad, sino que se habrían negado a toda subordinación y reconocimiento del vasallaje al Monarca, cuya conservación, a costa de toda pér­dida ha sido la mira que ha gobernado a esta Junta, en tan críticas circunstancias; y por lo que no se detuvo a franquear su condescendencia a tan descomunales propuestas, mayormen­te, cuando sólo la corta dilación que hubo en que se precediese a la judicial aprobación causó el tumulto y conmoción que consta en la diligencia remitida por los señores Comisiona­dos, y por lo mismo, recelosa esta Junta, de que a la menor repugnancia que hubiera manifestado, habría sufrido el insulto esta ciudad, consiguiéndose por violencia y con absoluta des­trucción de la Real Autoridad lo que se les negaba, procedió a la admisión, aprobación y confirmación de las dichas pro­posiciones, bajo el seguro concepto de su nulidad, pues al no haber intervenido tan poderosos motivos, lejos de convenir en ellas, ni dispensar su aprobación, habría procedido a escar­mentar el execrable delito de la mera proposición, con las penas más severas... ».

 

El texto del acta demuestra que los Oidores, encabezados por don Juan Francisco Pey y Ruíz, estaban de antemano resueltos a no cumplir las Capitulaciones y que su confirmación, dada esa noche, no tuvo otro objeto que prevenir el asalto de la Capital, mientras llegaban las tropas solicitadas al Virrey. Por eso hicieron constar en el acta que las aceptaban “bajo el seguro concepto de su nulidad”. Tal era, precisamente, lo que sospechaban todos los humildes comuneros en Zipaquirá, aunque otra cosa pensaran sus orondos Capitanes, quienes preferían, como buenos criollos, correr el riesgo de ser engaña­dos, a permitir el desencadenamiento, con la toma de Santafé, de una vasta revolución social en todo el Reino.

 Se ha dicho y se dijo entonces que Berbeo aceptó una dádiva de quince mil pesos del Arzobispo como precio de la entrega de la revolución y de los obvios esfuerzos que realizó para evitar que los comuneros invadieran la Capital. No han faltado tampoco, historiadores que le califiquen de felón y traidor por haber solicitado y recibido los dineros que le dio Caballero y Góngora en Zipaquirá. No creemos que sea justo explicar la conducta de Berbeo per motivos venales. Como ya lo advertimos, el Capitán de los comuneros era un criollo por los cuatro costados, y su lealtad a la sublevación se man­tuvo inalterable mientras esta no sobrepaso los linderos de una revuelta compatible con los intereses de la oligarquía criolla. Su comportamiento cambió, y no por razones de indelicadeza personal, cuando la dinámica revolucionaria que empujaba a las multitudes hacia Santafé, se tradujo en actos contrarios a esos intereses, como la invasión de las tierras, los levanta­mientos indígenas, la proclamación de monarcas aborígenes y la rebelión de los esclavos. Desde entonces el ardoroso caudillo de los comuneros del Socorro, el hombre que había sacrifi­cado su considerable fortuna y su tranquilidad personal para ponerse al frente del descontento que alentaba en el Reino con­tra las providencias de Gutiérrez de Piñeres, perdió el entu­siasmo de los primeros días y sintiéndose extraño al espíritu radical que alentaba en el pueblo, fincó todas sus esperanzas en celebrar, con las autoridades, un convenio que clausurara rápidamente un conflicto sembrado de tan peligrosas incógnitas.

 Debemos, desde luego, convenir en que era extraño que el jefe de una revolución le aceptara especies venales al repre­sentante del poder contra el cual se había desatado la revo­lución y se sirviera de ese dinero para amortiguar el entusiasmo y la fe de quienes le habían confiado la personería de las aspi­raciones del pueblo. « Acabándosele el dinero en Zipaqui­rá — declaró el mismo Berbeo — y no pudiendo contener la gente, lo manifestó al Ilustrísimo señor Arzobispo, quien le dio otros mil pesos, que repartió entre todos ». La extrañeza se aminora, no obstante, si se tiene en cuenta que Berbeo se con­sideraba poco solidario con las esperanzas de los desvalidos y sólo pensaba en salvaguardar los intereses de la clase criolla, gravemente amenazados por la rápida radicalización de las aspi­raciones populares. Ello explica su estrecha colaboración con el Arzobispo y la plena confianza con que, un tiempo des­pués, solicitó de Caballero y Góngora un certificado sobre su buena conducta en Zipaquirá, certificado que debía absolver las siguientes preguntas, formuladas por Berbeo a don Anto­nio Caballero y Góngora:

 « 1 — Si es igualmente cierto que aún después de aque­llos alborotos (los del Socorro) parecí yo en las inmediacio­nes de Zipaquirá en calidad de Comandante de la numerosa tropa de tumultuantes, en número de más de dieciocho mil, bien lejos de que éstos se sujetasen a mis órdenes, venía ce­ñido al arbitrio de todos, sin poder excusarme por las amena­zas con que en cada instante me intimidaban, de practicar todo aquello que tumultuariamente me sugerían? ».

« 2 — Si lo es también que el más principal de todos sus proyectos era entrar a la Capital de Santafé; y si esto lo meditaban con tanto ardor que me pareció imposible disua­dirlos, de suerte que sin duda me hubieran quitado la vida si yo me les hubiera opuesto a cara descubierta? ».

« 3 — Si no obstante lo dicho, propendí con la mayor actividad que me fue posible a desvanecer sus ideas, no per­mitiendo que de suerte alguna se insultase a la Capital, y acce­diendo cuanto estuvo de mi parte a las proposiciones de paz, que así en conferencias privadas, como por medio de diferen­tes comisarios me comunicaba Vuestra Señoría Ilustrísima y los señores Comisionados? ».

« 4 — Si estas conferencias las repugnaban siempre los tumultuantes y se les hicieron mucho más sospechosas des­pués que reconocieron mi abierta y declarada oposición a sus intentos? ».

 

El certificado del Arzobispo está concebido en términos que jamás habría podido esperar, por ejemplo, José Antonio Galán, u otra persona menos acreedora a la gratitud de don Antonio Caballero y Góngora. Los motivos de esa gratitud los puede descubrir el lector en el texto mismo del certifi­cado, uno de cuyos apartes dice: « El contenido Berbeo hallán­dose en el campo de Zipaquirá dio las providencias más jus­tas y oportunas entonces para contener los insultos de algunas tropas que del mismo campamento se dispersaban, obrando en conformidad con José Antonio Galán y otros que a la sazón se hallaban levantando varios pueblos, haciendo en ellos, según los avisos que se tenían, los mayores excesos; y que igual­mente, aunque allí le encontramos (a Berbeo) inclinado siem­pre a nuestros pensamientos, conforme pedían aquellas críti­cas circunstancias, reconocíamos, sin embargo, que no pendía de su solo arbitrio la regular composición (negociación) de que se trataba, para contener las ideas fijas de todo el cuerpo de sus tropas en atacar a la Capital, entrar en ella y apoderarse de sus intereses, así reales como particulares, con lo demás que a esto sería consiguiente, pues le era preciso ceder muchas veces a la insolencia de su mismo ejército, el que no guardaba subor­dinación ni respeto a sus oficiales. Y en el tiempo que ha esta­mos en esta Villa, hemos confirmado en el citado don Juan Francisco Berbeo el buen concepto que se merece su honradez manifiesta en las presentes circunstancias, propenso e incli­nado en ellas al mejor servicio del Rey, subordinación y sosiego de estos habitantes... ».

 

Nadie puede suponer válidamente que el Arzobispo Caba­llero y Góngora, después de terminada la rebelión, le iba a expedir este elogioso certificado a Berbeo, de no haberle cons­tado, como le constaba, la eficacia de los servicios prestados por él en Zipaquirá para salvar la Capital. Las diferencias que esta­blece el Arzobispo entre la conducta contemporizadora de Ber­beo y el comportamiento revolucionario y radical de Galán, explican por qué se frustró el movimiento. La revolución fra­casó no porque las autoridades desconocieran posteriormente las Capitulaciones, sino porque su ímpetu y energías fueron tron­chados en Zipaquirá, cuando la oligarquía criolla y sus repre­sentantes se negaron a seguir vinculados al curso que había tomado la sublevación comunera. En tierras santandereanas se ha acuñado recientemente el término “berbeísmo” para desig­nar la conducta política de quienes entregan las grandes revo­luciones cuando en su curso emergen a la superficie los dolo­res del pueblo y el espectáculo sombrío de la miseria de los humildes irrumpe, dramáticamente, en el banquete de los pri­vilegiados. Debemos advertir, sin embargo, que este fenómeno no se presenta exclusivamente en la revolución de los Comu­neros. Con Berbeo se inicia entre nosotros una tradición política que habrá de tener una rigurosa continuidad en nuestra historia. Él pueblo dará los grandes coletazos sociales, empujará, con el acuerdo de sus anhelos insatisfechos, el ritmo de la vida nacional, pero en la hora decisiva aparecerá siempre el ‘berbeísmo” de nuestras oligarquías, que se encargarán de amortiguar el impulso popular y de frustrar las grandes revo­luciones reduciéndolas a un sórdido regateo sobre sus exclu­sivos intereses, que abusivamente presuponen identificados con las conveniencias públicas. Ya veremos cómo el sistema, que hace su amorfa aparición con Berbeo, se perfecciona el 20 de julio de 1810 y desde entonces se prende, como una planta parásita, al tronco de nuestra historia republicana. La oligar­quía gobernante y sus ideólogos se encargarán de elaborar la literatura y de ponerle la música al “berbeísmo”, destinado a convertir al pueblo colombiano en la víctima de una conti­nuada serie de trágicas frustraciones.

 

Debemos considerar ahora, siquiera sea someramente, los principales artículos de las Capitulaciones acordadas en Zipa­quirá, cuyas ventajas para los sublevados fueron el resultado, no de la eficaz acción de los Capitanes comuneros, sino de la necesidad en que se vieron, ellos y el Arzobispo, de mos­trarse largos y no parcos, a fin de evitar que las multitudes enfurecidas continuaran su marcha hacia Santafé. Las dichas concesiones, incorporadas al Tratado de Zipaquirá, se pueden enumerar de la siguiente manera, de acuerdo con las mate­rias de que tratan:

 

En cuanto al impuesto de Armada de Barlovento: se dice en las Capitulaciones « que jamás se vuelva a oír semejante nombre ».

(Art. 1). Con respecto al estanco del tabaco se declara en ellas que ha « de extinguirse la renta frescamente impuesta del estanco ».

(Art. 5°). En cuanto al monopolio del aguardiente se convino en que « sólo haya de tener el precio de seis pesos por botija de los frascos bocones y dos reales por botella, precio perpetuo, sobre cuyo pie se saque a pregón ».

(Art. 8?). Para la Alcabala se acordó que « desde ahora y para siempre jamás, no haya de seguir su recaudación de todos los frutos comestibles, y sí solo se deberá pagar el dos por ciento de los géneros de Castilla, lienzos, mantas, cacao, azúcares, conservas, tabacos, cabalgaduras, ventas de tierras, casas, ganados y demás de comercio ».

(Art. 9?). Con respecto a la contribución directa para blancos y demás castas, se declara en las Capitulaciones que « nos denegamos a ellas ».

(Art. 15). Sobre el Visitador Gutiérrez de Piñeres, cuyas medidas contribuyeron tan decisivamente al desencadenamiento de la suble­vación, se dice: « Que habiendo sido causa motiva de los circu­lares disgustos de este Nuevo Reino y el de Lima, la impru­dente conducta de los Visitadores, pues quisieron sacar jugo de la sequedad... que sea don Juan Francisco Gutiérrez de todo este Reino para los dominios de España, en los cuales nuestro Católico Monarca, con reflexión en los resultados de sus inmoderadas operaciones, dispondrá lo que corresponda a su persona, y que nunca para siempre jamás se nos mande tal empleo, ni personas que nos manden y traten con seme­jante rigor e imprudencia, pues siempre que otro tal así nos trate, juntaremos todo el Reino, ligado y confederado, para ata­jar cualquier opresión que de nuevo por ningún título ni causa se nos pretenda hacer ».

(Art. 16). Esta disposición está ligada con el artículo 18, en el cual se acordó que debían mantenerse los mandos militares de los comuneros y se les au­torizó para ejercitar, en el uso de las armas, a los vecinos de las villas y ciudades los días domingo por la tarde, « por si se pretendiere quebrantar los concordatos que de presente nos hallamos afrontados a hacer de buena fe, cuanto por la nece­sidad en que contemplamos se halla Su Majestad, necesitada de socorro para batir a sus enemigos ». En cuanto a las Sali­nas, de las cuales habían sido despojados los indios de la región de Zipaquirá, el texto de las Capitulaciones declara que « su fábrica y beneficio debe quedar en sus antiguos dueños, los indios ».

(Art. 14). El problema de la antigua rivalidad entre el Socorro y Tunja se contempló igualmente y Berbeo aprove­chó las Capitulaciones para conseguir que se le diera un alto empleo, cuyo sueldo él mismo se fijó en el texto del Tratado:

« Que el común del Socorro — dice el artículo 17 — pide que en aquellas villas haya un Corregidor Justicia Mayor, al cual se le pague el sueldo de mil pesos.. Y que en éste no haya de haber jurisdicción de la capital de Tunja ». Fue en virtud de este artículo que las autoridades nombraron a Berbeo Corre­gidor del Socorro, no bien, ordenó la desmovilización de las montoneras sublevadas.

 

No podía faltar en las Capitulaciones la principal reivin­dicación exigida por la oligarquía criolla y ella se consignó en el artículo 22, cuyo texto dice: « Que en los empleos de primera, segunda y tercera plana hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra las gen­tes de acá conservan.. Pues están creyendo, ignorada mente, que ellos son los amos y los americanos, todos sin excepción, sus criados; y para que no se perpetúe este ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, y adherencia a los americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que todos los que estamos sujetos a un mismo Rey y señor debemos vivir hermanablemente ». La más importante de las concesiones otor­gadas a la revolución por los emisarios de la Audiencia está contenida en el numeral referente a la “demolición” de los Resguardos. Los cinco o seis mil indios armados que acompa­ñaban a los comuneros exigieron poner término a dicha “demo­lición” y otorgarles en plena propiedad las tierras de los Res­guardos. « Que los indios — reza la cláusula séptima — que se hayan ausentado (los hayan trasladado) del pueblo que obte­nían, cuyo Resguardo no se haya vendido ni permutado, sean devueltos a sus tierras de inmemorial posesión, y que todos los Resguardos que de presente posean les queden, no sólo en el uso, sino en cabal propiedad para poder usar de ellos como tales dueños ».

 

Aunque las Capitulaciones fueron revocadas posteriormen­te por las autoridades coloniales, el principio contenido en la cláusula séptima fue uno de los pocos que en forma parcial quedó vigente, porque si la Audiencia no otorgó a los indios la plena propiedad de sus tierras de Resguardo, sí suspendió la “demolición” de los Resguardos. En el informe enviado * desde Santafé al General Miranda se hace el siguiente relato, que evidencia las contradicciones existentes entre los intere­ses de la oligarquía criolla y las aspiraciones de los campesi­nos indígenas: «Ya aquí se han experimentado — dice el in­forme — algunos dimanados (resultados) de sus mismas Capi­tulaciones, que se les van convirtiendo en veneno a los mismos que las propusieron. Con motivo de ellas han ocurrido todos los indios de los pueblos extinguidos a pedir sus tierras y Sali­nas, y se han librado despachos para que se les restituyan las que no estuviesen vendidas al contado, y de ello ha resultado que los indios con grande ardor están tratando de desalojar a los blancos y mestizos que las ocupan, que es bien que lo padezcan porque ellos mismos se han impuesto la pena. Teme­rosos de sufrir ésta, se han presentado todos los rematadores y compradores (de las tierras de los Resguardos “demolidos”) pidiendo se declare que las enajenaciones deben subsistir, y el señor Fiscal en vista que se le dio, ha respondido acomo­dado a la idea de ellos; a mí me han pasado los expedien­tes para que en la primera Junta, como Protector, exponga mi dictamen, y el que daré será todo en contra de los mestizos y blancos según ya lo tengo premeditado ».

 Aceptado por el Arzobispo el texto de las Capitulaciones, las masas comuneras exigieron a los emisarios de la Audien­cia que juraran cumplirlas “en misa solemne que oficiaría Su Señoría”. No bien se convino en ello, don Eustaquio Galaviz, emisario principal del Real Acuerdo y Junta de Tribu­nales de Santafé, se presentó reservadamente ante el escribano público de Zipaquirá, don José Camacho, e hizo extender un Acta secreta, en la cual dejaba la siguiente constancia: «'Que se halla arrastrado a condescender en la admisión de dichas Capitulaciones... porque de su negativa no resultaría otra cosa que encender más el ánimo de los rebeldes y exponer al Reino a su total pérdida, mayormente cuando públicamente vocife­ran que así lograrán remediar su pobreza con los caudales del Rey y de los particulares. Por lo que, y para que en nin­gún tiempo le obste cualquier acto que acerca de este particu­lar practique, desde ahora para entonces lo reclama, protes­tando su nulidad, como que sólo lo ejecutará (la firma de las Capitulaciones) precisado por la fuerza y por ceder a la nece­sidad, sin que sea su ánimo el que en tiempo alguno tenga efecto; pues antes, por el contrario, desde luego lo declara de ningún valor, como si nada se hubiera ejecutado... ».

El 8 de junio de 1781 se ofició, por el Arzobispo, una misa solemne en la Iglesia de Zipaquirá, a la que concurrie­ron los Capitanes comuneros, gran parte de las montoneras sublevadas y los comisionados de la Real Audiencia. En esta misa, « expuesto el Santísimo Sacramento — dice el acta de la ceremonia — Su Señoría Ilustrísima, teniendo delante una mesa y en ella un misal abierto, pasaron los citados señores comisionados y puestos de rodillas (Galaviz entre ellos), puestas sus manos en el misal, dijo Su Señoría Ilustrísima, estando presente yo el infrascrito Escribano Real, estas palabras: “Usías, como comisionados del Real Acuerdo de Justicia de la Real Audiencia y Cancillería del Nuevo Reino de Granada y Junta Superior de Tribunales de Santafé, juran por Dios Nuestro Señor, por su Cruz y por los santos Cuatro Evangelios, en nom­bre del Rey nuestro Señor, guardar las Capitulaciones pro­puestas y confirmadas por Dicha Real Audiencia y Junta y Usías, a don Juan Francisco Berbeo, sus Capitanes, oficiales v demás tropa, y de no ir en tiempo alguno contra ellos?”. A que respondieron: “Así juramos y ofrecemos cumplir en nom­bre del Rey nuestro señor, de dicho Real Acuerdo, Junta Supe­rior y nuestro”. Su Señoría (el Arzobispo) prosiguió diciendo: “Si así lo hicieran Usías y cumplieren, Dios Nuestro Señor los ayude, y de lo contrario se los demande”. A que respondieron: “Amén”. Con lo que se concluyó este acto, y en acción de gra­cias se cantó él Te Deum con repique general de campanas y bendición de Su Ilustrísima Señoría, y dichos señores lo firmaron, de lo que doy fe. Antonio, Arzobispo de Santafé. Joaquín Vasco y Vargas. Eustaquio Galaviz. Ante mí, Manuel de Aranzasogoitia, Escribano Real ».

 

Coronadas, con esta solemne ceremonia, las negociacio­nes de Zipaquirá, Berbeo ordenó la desmovilización inmediata de las montoneras sublevadas y aunque hubo algunos focos de resistencia y no faltaron quienes, presintiendo lo que sucede­ría, insistieron en marchar sobre la Capital, la escasez de vitua­llas que dramáticamente se hacía sentir, ayudó de manera efi­caz a Berbeo a conseguir la rápida dispersión de las masas co­muneras, que formadas en partidas, de acuerdo con las dis­tintas villas o regiones de origen, tomaron el camino de regreso a sus hogares. Silenciosos y aquejados por tristes presentimien­tos, regresaban los altivos comuneros que estuvieron a punto de apoderarse de la Capital.

 

Berbeo partió para Santafé, en compañía del Arzobispo, y allí se le nombró Corregidor del Socorro, con todos los hono­res, sueldos y prebendas que él había previsto tan oportuna­mente en las Capitulaciones. Días después, por insinuación de Caballero y Góngora, ambos se dirigieron a las provincias más comprometidas en la sublevación y en ellas contribuyó Berbeo decisivamente a convencer a los pueblos de que debían some­terse a las autoridades coloniales. Aunque el Arzobispo se hizo acompañar de un cuerpo de predicadores, encabezado por el famoso padre capuchino Finestrad, resultaron mucho más eficaces, para la empresa de la pacificación, las admoniciones de Berbeo que los sermones de dichos sacerdotes.

 

Comenzó entonces a conocerse la utilidad de las actas y cartas reservadas enviadas por los Capitanes comuneros a las autoridades, en el curso de la sublevación. El mismo Berbeo, don Salvador Plata y muchos otros, no escatimaron esfuerzo cara demostrar que habían sido “obligados por la fuerza” a aceptar las Capitanías y los humildes, los millares de comune­ros que llegaron hasta las puertas de la Sabana, contemplaron con sorpresa cómo todos sus jefes los abandonaban y se ade­lantaban a ofrecer impúdicas explicaciones para demostrar que nunca habían sido solidarios con las aspiraciones del pueblo y que su participación en la revuelta no había tenido otro objeto que el de “proteger” al gobierno colonial contra la furia de “las plebes insubordinadas”.

 

En medio de este espectáculo de vergonzosa claudicación v de general ignominia, se yergue la figura solitaria de José Antonio Galán, quien con gesto magnífico se apresura a ocu­par el puesto del que desertaron los Capitanes comuneros. Cuando recibió el texto de las Capitulaciones y la orden de Berbeo de licenciar sus hombres y poner término a sus acti­vidades revolucionarias, no pudo contener su sorpresa y su indignación ante este melancólico final, ante esta solución de opereta. Sus recios instintos de caudillo le indicaban que la formidable conmoción comunera tenía derecho a esperar cam­bios más profundos en la estructura social y económica del Reino y no entendía que se pusiera término a la insurgencia dejando intacto y fortalecido el poder de las autoridades, cuya conducta provocó la sublevación. Las discrepancias entre Galán y Berbeo no eran atribuibles a una supuesta aspiración de conseguir la independencia — que algunos historiadores asig­nan a Galán — sino a la magnitud de los cambios sociales que los dos trataban de introducir en la vida colonial. Berbeo, como el Marqués de San Jorge, defendía los intereses de la oligarquía dueña de la riqueza y su aspiración se reducía a conseguir para los grandes señores criollos los privilegios que les permitirían igualarse con los españoles y ocupar los em­pleos y distinciones honoríficos propios del régimen virreinal. Galán, por el contrario, representaba las aspiraciones de los desheredados y su tarea en la sublevación se halla indisoluble­mente ligada al levantamiento de los esclavos, las reivindica­ciones indígenas, la invasión de los latifundios y la liberación de los cosecheros, largamente oprimidos por los grandes pro­pietarios criollos. Galán actuaba como el caudillo de los humil­des y en esta calidad no entendía que se prescindiera de tomar la Capital del Reino y sólo aceptaba una negociación con el Monarca español o sus representantes cuando todo el Virrei­nato estuviera levantado en armas y en los campos, las minas, las ciudades v las plantaciones, el pueblo pudiera disponer de la oportunidad para modificar las estructuras sociales, que eran el producto de la antigua hegemonía de la raza conquis­tadora y de sus descendientes criollos sobre las razas vencidas o esclavizadas.

 

Resulta, por tanto, explicable que José Antonio, Galán se negara, sin una vacilación, a aceptar la validez del Tratado de Zipaquirá, Tratado que consideró un simple expe­diente para engañar al pueblo comunero. A toda prisa aban­donó las regiones occidentales, teatro de sus hazañas, y se enca­minó a la provincia del Socorro, para realizar su último es­fuerzo en favor de la revolución. Cuando consiguió llegar a Mo­gotes, después del más azaroso de los viajes, porque la Real Audiencia había remitido la orden de capturarlo a todos los alcaldes y autoridades de las localidades, escribió al Consejo de Capitanes de Guerra del Socorro una carta, fechada el 23 de septiembre de 1781, cuyos principales apartes decían: a Hacemos saber a Vmds. que esta parroquia y su Común nos hallamos en una confusa Babilonia con el sonido general de tantas amenazas con las que vivimos, con el desconsuelo de no haber tenido hasta ahora una Instrucción de esa Villa y sus Comunes, que nos sirva de consuelo para aplicar el más conveniente remedio a la ruina con que nos amenaza la Corte de Santafé y todo el Reino, por el malogrado avance de la vez pasada, con que nos han dejado vendidos avariciosos, picaros, traidores, a lo que no hallamos otro remedio que volver a acometer con más maduras reflexiones, como ya experimen­tados... Esto supuesto, señores, ¿qué es lo que hacemos? ¡ A qué esperamos? ¿A qué Santafé se abaste de todos los surtimien­tos y que lleguen las tropas de abajo (de Cartagena), que están al salir, y vengan y nos aniquilen sin reserva, ni aun de los inocentes, como lo tienen prometido? Alentémonos pues, y vea­mos si a costa de nuestras vidas atajamos este pernicioso cán­cer, que amenaza nuestra ruina... y cuando no las vidas, el infame borrón y sucesivo reato de una sonrojada esclavitud »

 

Si las autoridades coloniales consiguieron su primera vic­toria con la firma de las Capitulaciones de Zipaquirá, el des­conocimiento de dichas Capitulaciones, que constituía la se­gunda etapa de la política de la Audiencia — dirigida entonces por el Oidor Decano don Juan Francisco Rey y Ruiz — sólo podía llevarse a efecto cuando se dispusiera de fuerzas mili­tares suficientes en Santafé. Ello explica la ansiedad con que se esperaban los refuerzos militares solicitados urgentemente al Virrey, cuyo envío se retardó por los numerosos obstáculos con que tropezó en Cartagena el señor Flórez, obstáculos que describe, de la siguiente manera, el Arzobispo Caballero y Gón­gora en su Relación de Mando: « Después de largas discusio­nes y dificultades, finalmente hubo de determinarse (por el Virrey Flórez) que no habiendo en Cartagena otro cuerpo veterano de qué echar mano que el Regimiento “Fijo” y no siendo éste apto para la empresa por estar compuesto de reclu­tas de los mismos pueblos sublevados, se destinasen quinientos hombres de las Milicias que estaban a sueldo y se encargase de la expedición al Coronel don José Bernet. Así quedó sentado, pero faltaba dinero y la Plaza quedaba expuesta con tan nota­ble baja de su guarnición. Inmediatamente se despachó una fragata a la Habana, reiterando sus instancias al Comandante General de operaciones, representándole (el Virrey) los terri­bles aprietos en que se veía y pidiéndole expresamente dos Regi­mientos veteranos y quinientos mil pesos. Para suplir lo largo del curso pidió al Comercio (de Cartagena) la misma canti­dad; y fuera de toda esperanza este cuerpo, a cuyas manos tarde o temprano viene a parar toda la sustancia del Estado, se denegó a socorrerlo en su mayor aprieto, con varios pretextos y soluciones, con que agotada la paciencia del señor Flórez hubo de usar de su autoridad y negándose a oír más representacio­nes, mandó se hiciese un repartimiento a prorrata de los principales que prudencialmente se creyera manejaban los comer­ciantes, e hizo exigir de cada individuo la cantidad que le cupo ».

 

Los efectivos militares comandados por Bernet sólo llega­ron a Santafé después de la firma de las Capitulaciones, de manera que su función se redujo a poner término a una serie de brotes subversivos que ocurrieron en la Capital y a propor­cionar a la Audiencia el respaldo coactivo que necesitaba para desconocer impunemente los compromisos adquiridos por sus emisarios en Zipaquirá. Aunque se pensó en movilizar dichas tropas a la provincia del Socorro cuando llegó a Santafé la noticia de que Galán trataba de provocar un nuevo alzamiento popular, la medida resultó, a la postre, innecesaria, porque don Salvador Plata se encargó de contrarrestar las actividades del caudillo comunero, tomando contra él medidas más efica­ces que las previstas apresuradamente por el Real Acuerdo.

 

Así como el Marqués de San Jorge procuró congraciarse con el gobierno dando cuantiosos donativos y participando activa­mente en la formación de Milicias destinadas a combatir a los comuneros, el señor Plata supuso, no sin fundamento, que la captura de Galán destruiría todas las sospechas que pudieran tener las autoridades sobre su conducta y en compañía de Juan Bernardo Plata y Juan Rudolfo Azuero se preparó a emprender, con la ayuda de nutrida tropa, reclutada a su propia costa, la inicua cacería del gran caudillo del pueblo granadino.

 

La conducta del señor Plata ha sido generalmente conde­nada y sólo el distinguido historiador don Horacio Rodríguez Plata ha mostrado menos acerbía con el personaje, afirmando que la fidelidad sin eclipses, que profesaba el magnate del Socorro a las autoridades coloniales, le excusa de la tacha de desleal. « Nació don Salvador Plata González — dice — en el Socorro en 1725 y falleció en la misma ciudad el 28 de agosto de 1802... Fue hombre inmensamente rico, como que, según documentos de la época y por lo que reza su testa­mento otorgado en la Notaría del Socorro, eran suyas “todas las tierras que moran de la plaza de la Villa por el Occidente hasta encontrar el río Suárez”... El 16 de marzo de 1781, sus paisa­nos, prevalidos de las riquezas y de la prestancia de don Sal­vador en toda la antigua comarca del Socorro, tuvieron una deplorable equivocación al aclamarlo Capitán de la Revolu­ción... Fiel vasallo del Rey e individuo que por sus vincula­ciones mal podía tener un espíritu revolucionario, se prestó a la prisión de Galán e intervino con su ascendiente para que el movimiento revolucionario se sosegase ».

 

Aun suponiendo que la lealtad profesada por don Salva­dor Plata a las autoridades no padeciera eclipses ni solucio­nes de continuidad, la historia no podrá perdonarle a este orondo Capitán de los Comuneros del Socorro, la sevicia que desplegó para perseguir y capturar a José Antonio Galán, en momentos en que no desempeñaba cargo oficial que le obli­gara a cumplir esta triste tarea de polizonte, la cual ejecutó de oficio y sin otro motivo que borrar las sospechas que pudie­ran tener las autoridades con respecto a su comportamiento en el curso de la revolución comunera. Al enterarse de que Galán había regresado a la provincia del Socorro, Plata y sus familiares, incluyendo los Azuero, se convirtieron en los personeros del odio de los criollos acaudalados contra el caudillo de los humildes v a costa de sus fortunas reclutaron y equiparon lo tropa necesaria Para capturarle, en momentos en que Galán se preparaba a librar la última y desesperada batalla por la revolución.

 

La hora era propicia para los proyectos de don Salvador porque Galán, en su marcha de regreso a la provincia del Socorro, tropezó con numerosos obstáculos en todos los inten­tos que realizó para reunir de nuevo a las multitudes comu­neras. Ya era demasiado tarde. La dispersión de los sublevados estaba muy avanzada y el entusiasmo revolucionario que condujo a los comuneros a las puertas de la Sabana, había sido sustituido por una inmensa apatía. Las luchas que necesitó librar el pueblo en Zipaquirá — porque los Capitanes sólo actuaban como sus personeros cuando la multitud se amotinaba en las calles y en la plaza —, aumentaron el pesi­mismo de los humildes y fue la conciencia de un completo desamparo, la sensación de soledad que experimenta un pueblo sin jefes, la única prenda que llevaron los rebeldes del Común cuando se les ordenó dispersarse. En las caras de los Comu­neros que regresaban a sus hogares era difícil descubrir la alegría de la victoria en ellas sólo se percibía la triste resignación de uncirse nuevamente a los yugos tradicionales, porque los grandes poderes contra los cuales se habían sublevado resul­taron invulnerables a los coletazos caóticos de un pueblo abandonado por sus Capitanes.

 

Cuando Galán comenzaba a constatar el rápido desmoro­namiento de la revolución, supo también que don Salvador Plata, acompañado de numerosa y bien armada tropa, le seguía los pasos y trató de dirigirse, con sus hermanos y algunos amigos fieles, a tierras de los indios guanes o a los llanos, donde tenía la esperanza de burlar la persecución. Desafor­tunadamente fue alcanzado por Plata en las proximidades de Onzaga, y después de una corta escaramuza, en la que Galán resultó herido, se le capturó y cargado de cadenas fue remi­tido por Plata a Santafé. En el capítulo dedicado a la Revo­lución de los Comuneros del Nuevo Reino, por el más pene­trante de los biógrafos de Túpac Amaru — Boeslao Lewin —, se encuentran los siguientes conceptos, referentes a la captura de José Antonio Galán : « Cabe señalar que fue Galán quien levantaba los esclavos donde llegaba con su gente. Con este antecedente importante — porque aún después de la indepen­dencia los negros seguían siendo esclavos — no resultará tan extraño el hecho de que dos Capitanes Generales de los comu­neros fueran los que tomaran la tarea de entregarlo, cuando se puso al frente de los que reaccionaron contra la traición de la Real Audiencia. Es cierto que uno de estos Capitanes Generales era el miserable don Salvador Plata; pero no menos cierto es que le ayudaron en la vil tarea de entregar al heroico caudillo popular, Capitanes de los comuneros de tan des­tacada actuación, como Pedro Alejandro de la Prada y Juan Bernardo Plata. A todos ellos no sólo les movía el deseo de demostrar palmariamente su fidelidad al gobierno español, para librarse del castigo por sus pecados anteriores, sino también el rencor profundo del vecino criollo hacia la plebe y su Capitán, libertador de esclavos. Creemos oportuno volver a recalcar esto, porque después de decenas de años de vida independiente, lograda al calor de las ideas igualitarias, en la parte septen­trional y austral del Continente, en las antiguas colonias ingle­sas y españolas, los negros seguían siendo esclavos... Para com­pletar esta característica, ciertamente muy escueta, de Galán, nos permitimos citar las palabras con las que acompañó Sal­vador Plata la entrega del Caudillo: “...presento a los pies de V.A. el Túpac Amaru de nuestro reino'” ».

 

 Vino entonces el proceso en que acusaron a Galán de trai­dor, rebelde, culpable de amores incestuosos con su hermana, a todo lo cual agregó el Arzobispo que « era hombre de oscurí­simo nacimiento, exaltado por desgracia suya y por una espe­cie de fanatismo hasta el ridículo concepto de jefe invulnera­ble ». El juicio culminó con una sentencia condenatoria, cuya horrible severidad no dio motivo para una sola protesta por parte de los antiguos jefes Comuneros. « Condenamos — decía el fallo — a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; que bajando se le corle la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas, para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo, su cabeza será conducida a Guaduas, tea­tro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogo­tes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre... ». Esta sentencia fue firmada por Juan Francisco Pey y Ruíz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas, Pedro Catani y Francisco Javier Serna.

 Por falta de verdugo idóneo, el fallo no pudo ejecutarse ' como estaba previsto y a Galán, según los relatos de la época, no se le ahorcó sino que fue fusilado antes de descuartizarlo. Luego se remitieron sus miembros a los sitios ordenados, de manera que el dos de febrero de 1782. el Alcalde de Facatativá pudo expedir la siguiente certificación: « Como a la una de la tarde, poco más o menos, recibí un cajón clavado que me entregó el cabo Juan Pérez y dos soldados el que habiéndolo abierto, como se me previene, hallé la cabeza de José Antonio Galán, y volviéndolo a clavar inmediatamente le remití a la justicia de Villeta, según y cómo Ud. me lo previene, cuya razón se servirá darla a ese Real Acuerdo ».

 Los magnates de la oligarquía criolla granadina, a diferencia de lo que suele afirmarse, sólo motivos de satisfacción derivaron de la trágica muerte de Galán. El libertador de los esclavos, el amigo de los indios y defensor de los campesi­nos sin tierra, no era para ellos sino un “ladrón”, un “infame y rencoroso plebeyo” que se había atrevido a manchar, con horrendos crímenes, un movimiento nobilísimo en el que no han debido discutirse, según pensaban, sino las “libertades” de los grandes señores del Reino, amenazadas por las dema­sías del Visitador Gutiérrez de Piñeres. En el desconocimiento de las Capitulaciones participó activamente la oligarquía crio­lla y las autoridades no necesitaron realizar mayores esfuerzos para que fueran sus “patricios”, y el propio Consejo de Capi­tanes de Guerra del Socorro, los que solicitaran la revocato­ria del Tratado de Zipaquirá.

El conflicto entre los intereses del pueblo y los de la oligarquía criolla, puede seguirse en las actas levantadas en distintas parroquias para pedir oficiosa­mente la anulación de las Capitulaciones, medio de que se sir­vió la Audiencia para disimular su flagrante violación de com­promisos solemnemente adquiridos. Una de tales actas, la de Chiquinquirá, reza: « Quieren y dicen los principales vecinos que sin embargo de haber ejecutado la plebe, en tiempo de la sedición tumultuada, los estragos y decadencias que son noto­rios en todos los pueblos, y de hallarnos sin fuerza para resis­tir sus impetuosos arranques y no tener medios para poderla contener, sintiendo siempre como leales sus apasionados despe­chos, ahora... quieren los buenos vecinos y honrados patricios obligarse voluntaria y gustosamente a cubrir las pérdidas y perjuicios causados en esta parroquia en tiempo de la cala­midad ». Era obvio que la oferta de pagar los perjuicios cau­sados por la plebe no la hacían los españoles sino los patri­cios criollos de las distintas parroquias, quienes así pretendían excusar sus complicidades con la revuelta comunera. Para que no quedara duda sobre su lealtad a las autoridades coloniales, pedían “voluntaria y gustosamente” que se derogaran los prin­cipales artículos de las Capitulaciones, especialmente los que afectaban a la Real Hacienda y se comprometían a “no resis­tir a las disposiciones del Monarca y de sus ministros, que su real nombre gobiernan, y a ofrecer todos sus individuos, sus fuerzas, personas e intereses en defensa y servicio de su Rey, y estar prontos a tomar las armas, a contener la disolución de los pueblos que audaces intentaren desobedecer a S.M., cuya obligación es debida no sólo por el temor de la pena sino de la conciencia”.

Como el Virrey Flórez, una vez revocadas las Capitulacio­nes, insistió en presentar su dimisión ante la Corona, y la per­sona nombrada para sucederle falleció inesperadamente, fue designado como Virrey el Arzobispo Caballero y Góngora y el Presidente del Consejo de Indias, don José Galvez, le ordenó proceder sin contemplaciones contra los comprometidos en la sublevación. Previendo los escrúpulos morales que podían asal­tar al Arzobispo, por su participación en la Jura de las Capi­tulaciones — participación que se redujo a tomar el juramento a los emisarios de la Audiencia —, don José Galvez informó al Prelado que la Corona solicitaría de la Santa Sede las dis­pensas del caso, a fin de que pudiera actuar con la conciencia tranquila. « Deponga V.E. — escribía Galvez al Arzobispo — todo escrúpulo y proceda con libertad, poniendo en ejecución las reales órdenes que se le han comunicado para el condigno castigo de los delincuentes en las pasadas alteraciones de ese Reino, en el seguro supuesto de que con esta fecha se pide a Su Santidad la dispensa y habilitaciones necesarias para que V.E. pueda conocer con toda amplitud, directa o indirecta­mente, en los autos criminales y sus incidencias, sin recelo de que esto deje de conseguirse ».

 

Las represalias no se hicieron esperar y de ellas fueron víctimas algunos de los flamantes Capitanes comuneros, que tan notorios esfuerzos habían realizado para congraciarse con las autoridades. Berbeo fue destituido de su cargo de Corregi­dor del Socorro, para regocijo de don Salvador Plata, quien pudo así adueñarse de los remates de las rentas y de los mejo­res negocios de la provincia. En marzo de 1783 recibió Plata del Arzobispo-Virrey, que bien lo conocía, la recompensa por sus hazañas contra los comuneros. « Teniendo a la vista — le escri­bía el prelado — los documentos con que ha hecho constar su fidelidad al Rey en aquellos calamitosos tiempos, he venido a elegirle y nombrarle por Juez Subdelegado de las Reales Ren­tas de Tabaco, Alcabalas, Aguardientes y demás ramos, que las componen, en las jurisdicciones del Socorro, San Gil y Tequia ».

 

Las poblaciones y villas que más activamente participa­ron en la revolución padecieron entonces el régimen de una verdadera ocupación militar y por instrucciones del padre Finestrad se realizaron, en ellas, verdaderos destierros en masa a las insalubres regiones del Darién, con el pretexto de fomentar la colonización de dicha costa. Cuando pasó don Antonio Nariño en el año de 1796, por las regiones que fueron el epicentro del movimiento comunero, pudo advertir los efectos de las medidas de seguridad tomadas contra los sublevados y constatar en qué escasa medida se había prestado atención a las solicitudes de los pueblos, consignadas en el articulado de las Capitulaciones. De ello hizo Nariño una relación a las autoridades, cuyos apar­tes principales son los siguientes: « En la provincia de Girón, que es una de las factorías principales que abastece de tabaco, se me aseguró que las violencias que cometen los dependientes de las rentas en la recepción de este ramo, es la causa de que la Dirección se haya visto este año en estado de proveer, a las administraciones, del tabaco de Ambalema, porque los cose­cheros han preferido abandonar las siembras. Se me refirió que llegaba un cosechero con dos cargas de tabaco de igual naturaleza, que le admitían la una, y le desechaban la otra, que las de desecho no se las devolvían ni las quemaban, sino que las encerraban en una pieza o almacén que llaman el cuarto del olvido, y que después la cargaban en cuenta como tabaco útil. Que además de quitarles el tabaco los trataban muy mal si querían alegar alguna cosa en su favor.

 

« La providencia que tomó el Excelentísimo señor Caballero y Góngora, después de los alborotos del año de 1782, de purgar algunos pueblos, enviando una colonia a la provincia del Darién, no dudo que sería muy acertada; pero el modo como se verificó tiene los ánimos muy irritados, por el abuso que hizo de su comisión y ministerio el referido capuchino encargado por el gobierno. Aseguro que el nombre del padre Finestrad es bastante para poner en movimiento una casa entera en los pueblos donde estuvo.

« El concepto que se tiene de Plata (don Salvador) no deja de influir en la materia. Me acuerdo haber oído en una de las casas inmediatas al Socorro, que si hubiera ahora una novedad, el primero que la pagaría sería Plata, y que muchos entrarían sólo por vengarse de él ».

 Si el pueblo fue la verdadera víctima de las represalias oficiales y de las severas medidas de seguridad tomadas para prevenir nuevos levantamientos, no puede decirse lo mismo de la oligarquía criolla, que logró salvarse por su oportuna defec­ción del movimiento comunero. El Indulto General decretado por el Arzobispo-Virrey tuvo como objeto libertar a los mag­nates criollos del castigo a que eran acreedores, de acuerdo con el texto de las leyes, y los problemas que intentó resolver Caba­llero y Góngora con el otorgamiento de este indulto, seguido de la necesaria habilitación para que los criollos arrepentidos pudieran desempeñar cargos públicos, los describe el propio Arzobispo Virrey en su comunicación enviada a la Corte, el 15 de octubre de 1783: « Además de que esta habilitación me pareció consecuencia forzosa del Indulto — dice — tuve para ello el poderoso motivo de la constante pacificación de los pue­blos. Como en estos países, ni en los que tengo vistos de Amé­rica, hay amor al prójimo, están continuamente calumniándose por los más ligeros motivos. Con el de la sublevación y con ocasión de la elección de Alcaldes en el presente año, han sido tantos los recursos que se hicieron a la Real Audiencia para excluir a los electos, que se vio precisada a mandar por punto general siguieran los Alcaldes del año anterior. Estas consideraciones y la de evitar en adelante innumerables ofen­sas a Dios y a los prójimos, que veía como precisas y que tal vez podrían llegar a perturbar la tranquilidad de los pueblos, como que habiendo escogido por Capitanes a los sujetos que son los principales hacendados y sujetos distinguidos de ellos (los pueblos y ciudades) y quedando éstos incapaces de obte­ner los primeros empleos de la república, recaerían precisamente en gente rústica e incapaz de administrar recta justicia, me incliné a concederles esta habilitación como medio único de lograr el servicio de ambas Majestades ».

De esta manera se estableció un tácito tratado de paz, sustitutivo de las Capitulaciones de Zipaquirá, entre la oligar­quía criolla y las autoridades coloniales. Ello explica la decisiva contribución prestada por las grandes familias criollas de Santafé — los Lozanos, Barayas, Caycedos y Ricaurtes —, a la formación de las Milicias encargadas de proteger la Capi­tal contra un nuevo levantamiento comunero, como lo anota atinadamente Raimundo Rivas. El acuerdo, establecido sobre el común temor de un “nuevo alzamiento de las plebes”, per­duraría hasta tanto que ese peligro se desvaneciera y después se reanudaría la vieja controversia, entre criollos, y españoles, ejatre el poder económico y el poder político, la cual tendría su histórica culminación el 20 de julio de 1810. En esta fecha, sin embargo, se reabrirá también el conflicto entre la oligarquía criolla y el montón anónimo de los humildes y los desheredados, cuyos personeros serán Antonio Nariño y Simón Bolívar. Aleccionados los magnates criollos por la experiencia del movimiento comunero, tendrán buen cuidado de no obrar con la ligereza que lo hicieron sus padres y dirigirán sus esfuerzos a impedir que sus desacuerdos con las autoridades españolas se transformen en una revolución social como ocu­rrió en 1781.

 

Por algo la oligarquía criolla estará representada, en 1810, por los descendientes directos de los personajes que entregaron la Revolución de los Comuneros y sacrificaron fríamente a Galán. En sus primeras plantas figurarán quienes formaron, en sus juventudes, los mandos de las Milicias destinadas a combatir el peligro de una nueva revolución comunera; al frente del Poder Ejecutivo, como cabeza de la Primera Junta Suprema establecida en Santafé el 20 de julio, colocará la oli­garquía criolla a don José Miguel Pey, hijo del Oidor Juan Francisco Pey y Ruiz, personaje central de la Audiencia que burló las Capitulaciones y quien fuera autor principal de la sentencia de muerte contra Galán. Y el cuadro habrá de completarse con la despiadada persecución de que serán objeto los grandes voceros de nuestro pueble, Nariño y Bolívar, por parte de don Vicente Azuero Plata y don Diego Fernando Gómez Plata, familiares de ese Salvador Plata que entregó a Galán a las autoridades españolas. De esta manera hará su aparición la llamada Patria Boba, merecedora del título por las mediocres aspiraciones históricas de muchos de sus perso­najes representativos, pero cruel y despiadada con las reivindicaciones y anhelos de nuestro pueblo y con los desesperados esfuerzos que realizaron sus grandes voceros a fin de darle a la República, desde los primeros días, un contenido social generoso y más acorde con las necesidades de la nacionalidad en formación.

  Lectura complementaria

 

• Los Comuneros de Guarne: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno!

Levantamiento de los Comuneros de Guarne. Pedro Nel Gómez. Mural desmontable. Foto: Flickr Universidad Eafit. En Antioquia 200 años - Panorámicas y documentos.

Los Comuneros de Guarne: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno!

On Ago 8, 2019

Por: Felipe Osorio Vergara

A propósito del 20 de julio y la conmemoración del grito de independencia de Colombia, es importante resaltar uno de los antecedentes que más marcó la historia colonial de Antioquia.

Antes que los cañones y las guillotinas anunciaran la Revolución francesa, en el entonces partido de Guarne se gestó un movimiento comunero que fue capaz de hacerle frente a la administración colonial española y exigirle un régimen tributario justo.

***

Después de escuchar la misa en la capilla de Guarne, el mulato Bruno Vidal se dispuso a marchar con sus 200 compañeros a la pulpería de Jerónimo Mejía. La procesión de mulatos, mestizos, pardos y uno que otro criollo pobre era acompañada por un redoble de tambores y consignas de ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Cuando estaban frente a la pulpería uno de los comuneros exhortó a Mejía a cerrar su establecimiento y a perder su licencia, pues en caso de negarse lo pagaría con la muerte. Era el domingo 17 de junio de 1781.

Guarne había surgido alrededor de 1640 como un real de minas, es decir, como un campamento minero en el que se explotaba el oro con mano de obra esclava. A lo largo del siglo XVIII, la minería, complementada con cultivos de subsistencia y ganadería, era la base de la economía guarneña. Para 1757 Guarne fue erigido como partido (subdivisión o corregimiento) de Rionegro.

En 1780 el monarca español, Carlos III de Borbón, implantó lo que ha sido conocido como las Reformas Borbónicas, es decir, una serie de medidas que buscaban modernizar la administración colonial y controlar la burocracia chapetona pero, sobre todo, incrementar los ingresos económicos desde las colonias y extraer sus riquezas.

Comuneros de Guarne. José Luis Zapata Sánchez. Óleo.
Foto: Juan David (@juanda8a). 12 de abril de 2016. “Homenaje al levantamiento comunero, Guarne. Autor: José Luis Zapata Sánchez, artista guarneño”. [Tweet].Una de las disposiciones que más rechazo generó en el Virreinato de la Nueva Granada fue el aumento de los impuestos: se modificaron las alcabalas (impuesto a los bienes) y se gravaron productos que antes estaban exentos, se aumentó el tributo Armada de Barlovento, se creó el impuesto al mazamorreo (barequeo), se subió el estanco (tributo al aguardiente y al tabaco) y se limitó el libre comercio (imponiendo pulperías).

Aunque el alza tributaria afectaba al Virreinato en su conjunto, cada región sentía más los efectos de uno u otro impuesto. Por ejemplo, en las regiones tabacaleras de El Socorro y Sopetrán el alza en el tributo al tabaco motivó las revueltas, mientras que en Guarne fue el impuesto al mazamorreo y la limitación de explotación dada a los dueños de minas las gotas que rebosaron la copa.

Los criollos dueños de las minas en Guarne se sintieron atacados por la administración colonial cuando se les prohibió ocupar más de las cuadras que les permitían las leyes y ordenanzas del momento para explotar el oro. También cuando se les dio la orden de permitir que los mazamorreros barequearan en sus predios. Así, los hermanos criollos y propietarios de minas en La Mosca, Manuel y Alonso Jaramillo, fueron quienes encendieron la chispa del descontento comunero en Guarne. Si bien los libres de todos los colores (mulatos, mestizos, pardos) rechazaron el impuesto al barequeo, fue el empuje de los hermanos Jaramillo lo que los motivó a sublevarse contra los españoles.

Alonso Jaramillo visitó el domingo 24 de junio de 1781 la plaza central de Guarne en donde anunció a más de cuatrocientos comuneros la contribución voluntaria o donativo de un peso para financiar la guerra de España contra Inglaterra. Allí recomendó a los mazamorreros acudir a Rionegro y pagar el donativo cuanto antes; además, les sugirió que fueran armados. Jaramillo escuchó las peticiones de los mazamorreros e incluso estos le entregaron una carta en donde aclaraban todos los motivos por los que se habían levantado. Estos eran: primero, que se abolieran las nuevas rentas impuestas por la Corona al consumo de tabaco y aguardiente; segundo, que se dejaran de cobrar los derechos al mazamorreo de los aluviones; tercero, que se dejara de cobrar el tributo Armada de Barlovento o que volviera a su tasa de 1780; cuarto, que la justicia no fuera administrada por forasteros (peninsulares) y que se hiciera a un lado el despotismo de los funcionarios y, por último, que se les permitiera estar armados para defenderse cuando fuera necesario.

Lunes 16 de julio de 1781. Más de doscientos libres de todos los colores procedentes de Guarne hacen su entrada en un Rionegro que por aquel entonces se encontraba en la celebración de la Fiesta de la Virgen del Carmen. Los hombres estaban armados con sables, escopetas, garrotes, machetes y hasta piedras; todo lo que tuvieron a su alcance y que podría servir como arma. Los españoles y la mayoría de los criollos se hallaban resguardados en sus casonas de la plaza, con todo y tranca, esperando lo peor.

Los guarneños se sentaron en la plaza mientras los líderes del grupo entraban a conversar con los hermanos Jaramillo acerca del donativo que se debía pagar. Solo se recogieron 35 pesos, lo que se traduce en que pocos fueron los guarneños en colaborar para la guerra contra Inglaterra. Al final no hubo ningún disturbio en Rionegro y los comuneros regresaron al partido de Guarne en paz. Así se cerró el capítulo de la insurrección comunera de Guarne.

Pese a que el levantamiento comunero de Guarne no fue ni tan masivo, ni tan sangriento ni marcó tanto la historiografía nacional como el protagonizado por los comuneros de El Socorro, sí fue suficiente para lograr que varios puntos de las peticiones de los sublevados fueron tenidos en cuenta por la Corona. Por ejemplo, los impuestos volvieron a cobrarse tal y como se había hecho antes de 1780 y las autoridades españolas indultaron a la mayoría de los comuneros como se lee en el “Edicto de Indulto General concedido por el monarca Carlos III a todos los involucrados en las revoluciones de 1781”. En este sentido, puede decirse que la Revolución Comunera fue exitosa, toda vez que consiguió casi todos los objetivos que se había trazado desde un principio.

Aunque la sublevación de Guarne es considerada por muchos como una mera estrategia de los criollos ricos, dueños de las minas, para defender sus intereses de las leyes coloniales que les perjudicaban, es cierto que el descontento popular estaba fundamentado en reclamaciones justas. No puede decirse que el levantamiento comunero buscaba independencia, pues su consigna principal (¡Viva el rey y muera el mal gobierno!) es una clara muestra de apoyo a la monarquía. No obstante, fue la antesala para los movimientos revolucionarios que buscarían la independencia definitiva del Imperio español tres décadas después.