Capitulo XIX El derrumbe de la autoridad política de España

CAPITULO XIX

EL DERRUMBE DE LA AUTORIDAD POLITICA DE ESPAÑA

El pronunciamiento de Quito fue un típico golpe de Estado de la aristocracia criolla quiteña, dirigida por el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Solanda, el Marqués de Villa O rellana y el Marqués de Miraflores, quienes consiguieron el apoyo, para deponer a las autoridades, de las escasas fuerzas militares que existían en la ciudad. El Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, fue aprisionado, lo mismo que los Oidores, v el gobierno pasó a manos de los marqueses quiteños, sin efusión de sangre. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno., encabezada por los cuatro marqueses. Junta que juró "obediencia y fidelidad a Fernando. VII, no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y conservar en su unidad y pureza la Religión Católica”.

Nariño fue detenido el 23 de noviembre de 1_809 y poco después lo fueron Rosillo y Miñano. Como las autoridades consideraban a Nariño el más peligroso caudillo de los americanos se ordenó su inmediato traslado a las fortalezas de Cartagena, donde fue sometido a un severo régimen carcelario. Desde este momento el pueblo granadino fue condenado a carecer de un autorizado vocero de sus intereses en los históricos acontecimientos que se aproximaban. El campo quedó libre para los grandes señores de la oligarquía criolla, quienes pudieron consagrarse, sin estorbos, a la preparación de su proyecto favorito: la toma del poder por los Cabildos, cuya composición plutocrática les garantizaba la debida protección de la riqueza criolla contra una posible insurgencia popular. El más inteligente y prestigioso de los abogados de Santafé, el personaje cuyas vinculaciones familiares y profesionales con el estamento criollo le destinaban a actuar como su más autorizado representante, don Camilo Torres, resumió el punto de vista de los patricios criollos al dar respuesta, el 29 de mayo de 1810. a la carta en que su tío, don Marcelo Tenorio, le recomendaba la solución política provisional que los españoles juzgaban aceptable para el caso de la total ocupación de la Península por los ejércitos franceses. En su respuesta declaraba Torres que el poder debían asumirlo los Cabildos y, en franco contraste con las ideas de Nariño, rechazaba toda posible participación del pueblo en la elección de las autoridades provisionales:

Esta situación se modificó, explicablemente, cuando se conocieron los desastres de las fuerzas españolas, lo cual obligó a los americanos a reconocer que no estaba lejana la fecha en que José Bonaparte reinaría de manera regular en la Metrópoli. Fue esta indeseable eventualidad, y no el odio a España como suele decirse, la razón que obligó a los patricios criollos a considerar la posibilidad de la Independencia, concebida no como un movimiento para libertarse de España sino de Francia, de la Francia de la Revolución, que simbolizaba Bonaparte. « Asegurad vuestros puertos — diría Camilo Torres — y no déis entrada por ahora a los enemigos de Europa. Napoleón no os hará la guerra con soldados franceses. Enemigos españoles serán los que él enviará a sujetaros, no con fusiles y bayonetas sino con seducciones y engaños. La Constitución napoleónica será un contagio funesto, que apestará nuestros pueblos. Perseguidla. Quemadla y quemad vivo al que quiera introducirla, o publicarla entre nuestros hermanos. Los más distinguidos oficiales del ejército enemigo vendrán a sorprendernos, disfrazados de hortelanos, peluqueros y aún cocineros. Nada les parece ruin y vil a estas gentes seductoras, como consigan dividir las opiniones, propagar la Constitución napoleónica y engañar a los incautos ». Fue la amenaza de la Francia revolucionaria la que aceleró la crisis, puso término a las indecisiones y dos consignas célebres resumieron, en América, las tendencias de los distintos intereses en juego. Los funcionarios españoles dijeron: « Los franceses antes que la emancipación » y los criollos respondieron: « La emancipación antes que los franceses ».

Las rencillas y rivalidades de la familia real española, llevaron a Napoleón a formarse una idea errada sobre el carácter del pueblo español y convencido de que las autoridades peninsulares, tal como estaban constituidas, no le ofrecían seguridad bastante de que ellas se opondrían eficazmente a la penetración inglesa en el Continente, decidió deponer o los Borbones y colocar en el trono de España a una persona de su confianza. Contando con la antipatía que se profesaban Carlos IV y su hijo Fernando VII, consiguió convencerlos de que se entrevistaran, bajo su patrocinio, en Bayona y allí se cumplió una de las escenas más vergonzosas de la historia de España. Sólo con trabajo consiguió Bonaparte contener su repugnancia ante los cargos que respectivamente se formularon padre e hijo y ante las sórdidas intimidades familiares que allí se revelaron. El odio mutuo de los dos monarcas permitió a Napoleón obtener que Fernando le devolviera la Corona a su padre, en el entendido de que éste procedería inmediatamente, como lo hizo, a abdicar del trono español en favor del Emperador de Francia. Una vez protocolizadas las abdicaciones, Bonaparte ofreció el trono español a su hermano José, quien lo aceptó en momentos en que los ejércitos franceses completaban la ocupación militar de los principales puntos estratégicos del norte de la Península.

Como Napoleón no ignoraba que la hegemonía francesa sobre España sólo tendría un valor relativo mientras ella no comprendiera el inmenso imperio colonial de América, imperio que Inglaterra miraba con codicia, el 15 de mayo de 1808 ordenó a su Ministro de Negocios Extranjeros, Conde de Champagny, dirigir una comunicación urgente a cada uno de los Virreyes y Capitanes Generales de los dominios americanos, informándoles de los hechos cumplidos en Bayona, ofreciéndoles la seguridad de que continuarían en sus cargos y haciendo hincapié en que la soberanía de España no sufriría mengua por su estrecha alianza dinástica con el Imperio francés. La nota de Champagny, dirigida a las autoridades de América el 17 de mayo, decía: « Señor tengo la honra de enviar a usted el informe de los sucesos que han ocasionado la renuncia de la Corona por S.M. el Rey Carlos IV, el príncipe de Austria y todos los príncipes de la familia real, quienes la han cedido con todos sus derechos a S.M. el Emperador de los franceses. Rey de Italia... La independencia de España, la integridad de su territorio, la unidad de su religión le queda garantizada... Persiguiendo este fin fue que el Emperador llamó al trono de España a su hermano José Napoleón, Rey de Nápoles y Sicilia, quien por instantes debe llegar a Madrid. El Emperador confía en la lealtad de usted para secundar sus intenciones. El nuevo Soberano confirma a usted en el cargo que desempeña, confiando al mismo tiempo al honor y al patriotismo de usted la seguridad y guardia de la Colonia por Ud. gobernada... La dinastía ha cambiado, pero la monarquía subsiste.

Tal era la contingencia que no estaban dispuestos a correr los criollos, a cuyas manos pasó entonces la defensa de las tradiciones. Ellos no rechazaron la influencia francesa, que América venía padeciendo desde el ascenso de la dinastía Borbónica al trono de España, sino la influencia de la Revolución Francesa, personificada, con todas sus limitaciones, en Napoleón. La propaganda de los ideólogos de la Revolución contra la esclavitud era motivo de visible alarma entre los grandes propietarios criollos del Nuevo Reyno y la Capitanía General de Venezuela, y « entre los negros — dice Carlos Pereira — corría la voz de que esta casta omnipotente (la criolla) había secuestrado una Real Cédula que abolía la esclavitud. Por otra parte, de los salones de los blancos bajaban a las chozas de los negros, libres y esclavos, los rumores de una gran Revolución efectuada en Francia y en Haití. La ley de los franceses, decían, emancipaba al esclavo y daba el poder político al negro ». Parecidos temores sentían los criollos ante la posible influencia de las ideas y prácticas antirreligiosas de la Revolución Francesa, y así se comprende la frecuencia con que acusaban a las autoridades coloniales de poner en peligro “nuestra amada religión", permitiendo la influencia disociadora del ateísmo francés.

CAPITULO XIX

EL ÚLTIMO símbolo del Imperio. — La influencia francesa. — Napoleón. — Crisis de la Monarquía española. — Bayona — Los derechos dinásticos de Fernando VII — Junta Central de Sevilla. — La Constitución napoleónica. — Igualdad de derechos entre la Metrópoli y los Dominios. — El “Memorial de Agravios”. — Los criollos rechazan la dominación francesa. — Actitud de las autoridades coloniales. — La Independencia se planea contra Francia. — Conflicto entre los criollos y la Audiencia. — Rebelión de los Marqueses. — Desacuerdo del Virrey y la Audiencia. — La Virreyna y Rosillo, — Se aproxima la crisis. — El ejemplo de los Comuneros. — Marino o la Revolución. — Camilo Torres o la fronda de los Cabildos. - Los descendientes de don Pelayo". — La hora decisiva.

LOS Años finales del Siglo XVIII se encargaron de demostrar que España tenía poco que ofrecer en el campo económico, a los Dominios americanos. Su potencialidad industrial no correspondía ya a las demandas de los mercados de ultramar y su economía había dejado de operar como un mercado atractivo para la producción exportable de América. Llegó el momento, por lo tanto, en que los hechos económicos dejaron de ser vínculos y se convirtieran en factores separatistas en que los precios, los mercados, la capacidad de compra y de venta se atravesaron, como grandes soluciones de continuidad entre la Metrópoli y sus Dominios.

Sobre las fronteras que dibujó la economía sólo pudo perdurar la antigua autoridad política de la Corona, cuyo profundo arraigo en los pueblos hispanoamericanos sirvió para contrarrestar, en aquella hora de crisis, la eficacia aislante de los hechos económicos. Los Borbones fracasaron es verdad, en su empeño de sujetar el desarrollo de los Dominios a las pautas de la decadente economía metropolitana, pero los vínculos intangibles. Personificados en la Corona, continuaron operando como poderosa furia de gravedad que anulaba las múltiples tendencias de dispersión. La realidad histórica del pasado demostraba poseer una consistencia que le permitía disputar el terreno, palmo a palmo, a las exigencias no muy precisas del porvenir.

Los hechos brutales de la política mundial se iban a encargar, sin embargo, de derrumbar este último factor aglutinante porque la Revolución francesa engendró en Europa un nuevo y formidable poder y la dinámica expansiva del mismo, estaba destinada a destruir las últimas soldaduras simbólicas que prolongaban difícilmente la vida del Imperio Español. Desde el momento en que Bonaparte se convirtió, con todas sus limitaciones, en el vocero de los radicales cambios ocurridos en la Revolución, en España se produjo una nueva distribución de las fuerzas políticas y Napoleón fue mirado como el símbolo de un orden nuevo, como la esperanza de quienes ambicionaban libertarse de las férreas ataduras del pasado. No fue por obra del acaso que un pintor revolucionario como Goya, sintió tan franca admiración por Bonaparte.

La influencia de Napoleón en España se vio reducida, no obstante, desde el momento en que su conflicto con la burguesía británica lo forzó a organizar el bloqueo continental. Como España, y muy particularmente Portugal, constituían entonces una de las vías principales de penetración del comercio ingles en el Continente, y sus vastos imperios coloniales representaban un factor decisivo en la lucha por la hegemonía mundial. Napoleón se vio precisado a contemplar la necesidad de incorporar estas áreas geopolíticas a la zona de influencia del Imperio francés y las gestionen diplomáticas realizadas en este sentido determinaron profundos cambios en la opinión peninsular. Las generosas ideas de la Revolución Francesa, que anteriormente despertaron grandes simpatías en el pueblo español y en sus intelectuales artistas, perdieron muchos de sus atractivos desde el momento en que se las identificó con la hegemonía política de Francia. La firma del Tratado de Fontainebleau, que autorizó el paso, por territorio español, del ejército francés destinado a ocupar a Portugal, causó grande indignación en le Península y quienes lo negociaron — el Rey Carlos IV y su Ministro Manuel Godoy —, fueron objeto de severas críticas.

Debe reconocerse, no obstante, que la importancia de la oposición organizada contra la política de la Corona, tuvo mucho que ver con las características individuales de los personajes que actuaron como voceros de esa política. Carlos IV era la personificación exacta de los Déspotas Ilustrados de la Casa de Borbón, tan pródiga en reyes degenerados, Vanidosos e ineptos. Como le fastidiaban los negocios del Estado, entregó insensiblemente el gobierno a don Manuel Godoy hombre de agudo talento pero de oscuros escrúpulos, quien se aproximó a los gradas del trono sin otro título que el de ser el amante de la Reina María Luisa, esposa de Carlos IV. Godoy se esforzó por salvar a España de la crisis que presentía cercana, pero su insaciable apetito de honores y su poca delicadeza personal se encargaron de desprestigiar sistemáticamente las soluciones que su talento ideó en los momentos decisivos. Rodeado de la hostilidad y el menosprecio de la nobleza española, detestado por el príncipe Femando, heredero del trono, Godoy se vio precisado a rodearse de un partido de válidos y parásitos, quienes le apoyaban en la medida que el favorito les permitía enriquecerse a costa del Tesoro Público. Obligado a defender una posición que todo el mundo le discutía, no tuvo manera de atender con regularidad los negocios del Estado, y la eficaz, oposición de Fernando, alimentada por el odio que dicho príncipe profesaba a su padre Carlos IV. Logró paralizar los esfuerzos realizados por el Ministro para convenir un "modus vivendi” con el Imperio napoleónico, lo mismo que las medidas que éste imaginó, como último recurso, cuando juzgó inevitable la invasión francesa. Godoy pensó en trasladar la Corte española a México y este proyecto sirvió de pretexto a Fernando para estimular una serie de graves perturbaciones del orden público, que obligaron a Carlos IV a destituir a su Ministro y finalmente a abdicar la Corona en favor del Príncipe heredero, quien ascendió al trono con el título de Fernando VII.

Usted debe considerar a honor y deber defender la parte de este depósito a usted confiada, e impedir que una monarquía tan bella pierda una sola de sus preciosas posesiones... La noticia que comunico a Ud. señor, debe ser conducida por buques españoles, enviados de Cádiz por el actual gobierno de España; pero el Emperador ha considerado conveniente comunicarla al mismo tiempo a Ud. por otras vías, a fin de que usted no se encuentre, por un solo momento, en la incertidumbre de la conducta que debe seguir ».

Mientras Napoleón se ocupaba del destino de las posesiones americanas, el pueblo español daba su respuesta inequívoca a los escandalosos hechos ocurridos en Bayona. Desde el día 23 de mayo de 1808 se produjeron levantamientos populares en muchas provincias y el gritó de; Viva Fernando VII y abajo los franceses! se convirtió en la bandera que enarbolaron las multitudes para defender la Independencia nacional. Espontáneamente se constituyeron, en las provincias, Juntas “conservadoras de los derechos de Fernando VII”, y en los campos y aldeas surgieron ejércitos improvisados, guerrillas de la gleba, armadas de viejos fusiles e instrumentos de labranza. La rebelión se extendió rápidamente por toda la Península, sin que bastaran los regimientos franceses para reducir, a límites manejables, aquel formidable despertar de las energías de un pueblo abandonado por sus Reyes y menospreciado por sus ineptas clases dirigentes.

Napoleón no concedió la importancia debida a la espontánea resistencia que se le ofrecía en España y, el 6 de junio de 1808, reunió, en Bayona, a un numeroso grupo de nobles y de burgueses españoles y ante ellos promulgó el Decreto Imperial en el cual otorgaba oficialmente la Corona a su hermano José y ofrecía a España una Constitución de rasgos liberales, en cuyo Título X se declaraba que “los Reyes y provincias españolas de América y Asia, tendrán los mismos derechos que las provincias españolas”. El texto de dicho Título estaba cuidadosamente calculado para conseguir la simpatía de América y los efectos del mismo no se hicieron esperar. El día 8 de julio de 1808, eminentes personalidades de los dominios firmaron, en la Capital española, el Acta famosa en la que ofrecían su adhesión y acatamiento al Rey José y en las ceremonias celebradas ese día participaron activamente varios granadinos. Por granadinos por el Conde de Casa Valencia y don Francisco Antonio Zea. Para dirigir la palabra al nuevo Monarca fue comisionado el señor Zea y los términos de su discurso revelan el impacto causado, en el ánimo de los americanos residentes en España, por las promesas liberales de Napoleón. « Los representantes de vuestros vastos dominios de América — dijo Zea al Rey José — no contentos con haber tributado a V.M., en unión con la Metrópoli, el homenaje debido a su soberanía, se apresuran a ofrecerle el de su reconocimiento por el aprecio que V.M. ha manifestado hacer de aquellos buenos vasallos en cuya suerte se interesa tan vivamente, de cuyas necesidades se ha informado y cuyas largas desgracias han conmovido su corazón paternal. Olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la Monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración y, por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar los dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, ¿podrían los americanos dejar de proclamar con entusiasmo una Monarquía que los saca del abatimiento y de la desgracia, los adopta por hijos y les promete la felicidad. No, señor. No se puede dudar de los sentimientos de nuestros compatriotas — los americanos — por más que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos: nosotros nos haríamos reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos declararían indignos del nombre americano, si no protestáramos solemnemente a V.M. su fidelidad, su amor y su eterno reconocimiento ».

Aunque importantes sectores de la nobleza y de la burguesía españolas no ingresaron en las filas del partido francés, esos sectores se mostraron visiblemente temerosos de que la heroica resistencia del pueblo pudiera desembocar, a la postre, en una revolución social y por ello se apresuraron a constituir autoridades provisionales a fin de impedir que el pueblo, después de pagar su cuota de sangre, pudiera reclamar los beneficios de la nacionalidad, por cuya supervivencia había combatido. Así nació, el 25 de agosto de 1808, la famosa Junta Central, cuya sede hubo de trasladarse a Sevilla para ponerla fuera del alcance de los ejércitos franceses. En esta junta se inició una sorda lucha entre el pueblo español y las caducas oligarquías peninsulares y « desde el principio — dice el historiador Vásquez Fraile — se manifestaron en ella dos tendencias: una dirigida por el Conde de Floridablanca, enemiga de reformas y partidaria del antiguo régimen, y otra, inspirada por Jovellanos, que pedía la convocatoria de Cortes. Prevaleció el primer criterio y la Junta se dedicó a publicar proclamas y manifiestos y a dar disposiciones extrañas a la guerra ».

Enfrentada la Junta de Sevilla al revolucionario Título X de la Constitución dada por Bonaparte a España, título que reconocía a las Colonias los mismos derechos que a la Metrópoli, no tuvo más remedio que otorgar concesiones semejantes y afirmar en un célebre Manifiesto que los Dominios no son “propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española”. Con el mismo espíritu defensivo, la Junta dio por canceladas las diferencias entre España e Inglaterra y celebró un Tratado de alianza con la Gran Bretaña, a fin de adelantar conjuntamente la guerra contra Napoleón. Mediante este Tratado se abrieron los puertos de América a la flota de guerra inglesa y se asignó a dicha flota la misión de defender las costas americanas contra cualquier amenaza naval francesa. Desde entonces comenzó Inglaterra a valerse de las dificultades de España para arrancarle concesiones y minar profundamente la influencia de su aliado en tierras americanas. El sentido de la política británica lo definieron las instrucciones enviadas algún tiempo después, por el jefe del Foreign Office, Marqués de Wellesley, al Embajador inglés en España: « Los servicios que Su Majestad — le decía — ha podido prestar a España hasta ahora no tienen otros límites que los recursos del Reyno. Pero es evidente que cesará todo apoyo si no se nos proporcionan recursos adicionales. Estos recursos consistirán, sobre todo, en abrir a los súbditos de Su Majestad los grandes ramos del comercio con las colonias de España. Hacedlo entender así en los términos más claros ».

Sería un error suponer que la Junta de Sevilla obró sinceramente al promulgar a última hora, la doctrina de la igualdad de derechos entre los Dominios y la Metrópoli. Esta doctrina tuvo todas las características de un simple acto de propaganda y así se encargó de demostrarlo la misma Junta en el momento en que se vio compelida a precisar la participación que estaba dispuesta a reconocer a los Dominios en el gobierno de la Metrópoli. Cuando los americanos confiaban en que se les permitiría enviar a la Junta Central un número de representantes equiparable al de las provincias de España, dado que la población de los Dominios era igual o superior a la de la Metrópoli, sólo les reconoció una representación subalterna, que se determinó en el Reglamento promulgado para establecer las circunscripciones electorales de América. De acuerdo con dicho Reglamento, la representación total de los Dominios se redujo a nueve diputados, en momento en que las provincias de España estaban representadas por treinta y seis diputados. « La Junta Central — dice el historiador Restrepo — disponía que cada uno de los Virreinatos y Capitanías Generales independientes nombraran un diputado para la Junta. La injusticia no podía ser más clara; provincias pequeñas de España habían elegido dos diputados, y los vastos Reynos de América, el de México por ejemplo, que tenía la mitad de la población de la Península, solamente enviaría uno ».

A los Cabildos correspondió asumir la personería del descontento que se suscitó en América por el injusto tratamiento otorgado a los Dominios y en Santafé se resolvió, por los Regidores de su Cabildo, conferir instrucciones especiales al Diputado electo del Reyno granadino, don Antonio de Narváez, para que solicitara, al llegar a España, la convocatoria de Cortes y diera a conocer a la Junta de Sevilla los términos que, en concepto del Cabildo, debían servir de pauta a las futuras relaciones entre la Metrópoli y sus Dominios. Las instrucciones fueron firmadas por don Gregorio Gutiérrez Moreno, Síndico Procurador del Ayuntamiento, y sus apartes principales decían : « Que siendo el origen funesto de las calamidades que sufre la Monarquía el abuso con que se ha depositado en los Ministros toda la autoridad soberana, que han ejercido tirana y despóticamente en agravio de nuestras antiguas leyes constitucionales que lo prohíben, el Excelentísimo señor Diputado pedirá el cumplimiento de estas mismas leyes, con la protesta de que se reconoce y jura al Soberano (Fernando VII), bajo la precisa condición de que él también jura su obediencia y se sujeta a las variaciones y adiciones que el tiempo y las circunstancias hagan conocer como ¡necesarias a juicio de las Cortes. Que éstas deben quedar permanentemente establecidas con el objeto ya indicado, constituyendo un cuerpo que tenga una verdadera representación nacional y en que se le dé igual parte a la América que a la España. Que debiendo ser una, igual y uniforme representación de ambas, no reconocerá el Señor Diputado de este Reyno superioridad alguna respecto de las de la Península; antes, por el contrario sostendrá su representación americana con igual decoro al de la española, reclamando al efecto la pluralidad de los votos de ésta respecto de los de aquélla ».

El Cabildo creyó conveniente, también dirigir una “Representación” a la junta de Sevilla y para redactarla se comisionó a uno de los capitulares, a don Camilo Torres, quien elaboró el famoso documento conocido en nuestra historia con el nombre de “Memorial de Agravios”. Por razones que se ignoran, el Cabildo no acogió dicho escrito, cuando, se le presentó, y al decir de José María Cárdenas, descendiente del señor Torres, « el Cabildo se intimidó cuando le fue presentado el proyecto de la Representación y resolvió archivarla. Luego que se efectuó la transformación política (de 1810), se pensó más de una vez en imprimirla y dificultades del momento lo impidieron siempre; de lo cual resultó que se conservara inédita en todos los seis años de la primera época ».

Aunque el “Memorial de Agravios” no tuvo efectos políticos de importancia en su época y sólo lo conocieron contadas personas, su texto sirve, mejor que cualquier otro documento, para precisar la profundidad de los cambios que estaban operándose en el clima político de América y la altiva resolución que tenían los criollos de intervenir en el gobierno de los Dominios, alegando sus títulos de descendientes de los conquistadores y de herederos legítimos de la hegemonía que ellos establecieron sobre las poblaciones aborígenes de América, a las que miraban con mayor menosprecio que sus mismos antepasados. « El Ayuntamiento de la Capital del Nuevo Reyno de Granada — dice Torres en el “Memorial” — no ha podido ver sin un profundo dolor que, cuando de las provincias de España, aún las de menos consideración, se han enviado dos vocales a la Junta Suprema Central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se pida un diputado de cada uno de sus Reynos y Capitanías Generales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de nueve a treinta y seis... América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la Monarquía Española y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos... Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios de la Corona de España, que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener. Los naturales (los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones... Así, no hay que engañarnos en esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la Península. Con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo. Seguramente que no dejarían ellos por herencia a sus hijos una odiosa distinción entre españoles y americanos, sino que, antes bien, creerían que con su sangre habían adquirido un derecho eterno al reconocimiento, o por lo menos, a la perpetua igualdad con sus compatriotas... ¿Diez o doce millones de almas que hoy existen en estas Américas recibirán la ley de otros diez o doce millones que hay en España, sin contar para nada con su voluntad? ; Les impondrán un yugo que tal vez no querrán reconocer? ¿Les exigirán contribuciones que no querrán pagar?... ¿Teméis el influjo de la América en el Gobierno?... ¿Y, por qué lo teméis?... Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que diez o doce millones de almas con iguales derechos, pesan otro tanto en el plato que vosotros formáis. Más pesaban sin duda siete millones que constituían la Gran Bretaña europea que tres que apenas formaba La Inglaterra americana: y con todo la justicia cargada de su parte inclinó la balanza ».

La importancia de este tipo de exigencias y reclamos pasó a un segundo plano de interés, no bien comenzaron a conocerse en América los desastres de las fuerzas españolas enfrentadas a los ejércitos de Napoleón. La ocupación de Madrid, la caída de Zaragoza y la pérdida, por las armas españolas, de las decisivas batallas de Ocaña. Alba de Torrens y Tamanes no pudieron ocultarse a los americanos por mucho tiempo, no obstante que las autoridades coloniales se sirvieron de todos los medios, incluyendo la violación de la correspondencia, la censura y el registro de buques, para evitar que tales desastres se divulgaran. A principio de 1809 se conocía ya en las principales capitales de América — incluyendo Santafé — la desesperada situación de las fuerzas españolas y pocos dudaban que la Península sería, sojuzgada por los franceses y el Rey José se afianzaría sólidamente en el trono de España. Así se planteó en América el problema que tan decisivas repercusiones tendría en el futuro político del Nuevo Mundo. ¿Se someterían los Dominios, en caso de triunfar Napoleón, a la dinastía imperial francesa, representada por el Rey José? ¿Se resignaría América, una vez sojuzgada la nación española, a continuar formando parte de una Metrópoli sometida al Imperio francés? Tales preguntas, que fatalmente debieron formularse tanto los Virreyes y Capitanes Generales como las personalidades más destacadas de la casta criolla, determinaron reacciones opuestas en los dos estamentos. La burocracia española entendió, desde el primer momento, que la vigencia de sus cargos y de su autoridad sobre las Colonias dependía de la sujeción de ellas a la Metrópoli, cualquiera que fuera la dinastía reinante. En esta decisión los acompañaron los peninsulares residentes en América, cuyos privilegios dependían de la intangibilidad de los vínculos de dependencia colonial. Se comprende, por tanto, que el Virrey del Nuevo Reyno de Granada, don Antonio Amar y Borbón, no vacilara en declarar, en sus conversaciones íntimas, que « América seguirá la suerte de la Metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera que reinase en España ».

Nada tiene, pues, de extraño, que los núcleos dirigentes de la oligarquía granadina, particularmente en Santafé, se hubieran convertido en los defensores apasionados de los derechos dinásticos de Fernando VII y que, dando pruebas de mayor lealtad a la nación española que las propias autoridades coloniales, redujeran sus esfuerzos a exigir de la Monarquía una completa igualdad de derechos con los españoles y la formación en América, de acuerdo con las tradiciones forales de España, de un tipo de gobierno en el que tuvieran plena representación los “patricios” de las sociedades americanas. Tal fue la doctrina que tenazmente sostuvieron don Camilo Torres y los más destacados abogados de Santafé, y ella inspiró la política del estamento criollo durante todo el lapso en que las noticias de Europa permitieron abrigar alguna esperanza de que el pueblo español defendería su independencia.

El Capitán Beaver, enviado por aquellos días a Tierra Firme por el Almirante de la flota británica, con base en las Barbadas, remitió a su superior un informe concebido en los siguientes términos: « Creo poder aventurarme a decir que ellos — los criollos — son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la Casa de Borbón; y que mientras haya alguna probabilidad de volver Fernando VII a Madrid, permanecerán leales a la madre patria. Pero si tal cosa no sucediera pronto creo afirmar, con igual certidumbre, que se declararán independientes. Esta gente aspira, para uno u otro caso, pero particularmente en el último, a una alianza con Inglaterra... Los franceses son detestados... ».

En mayo y junio de 1809 llegaron a Santafé, con el acostumbrado retardo, algunas gacetas inglesas y el correo de la Península, y así se supo en la ciudad que los ejércitos españoles estaban empeñados en una desesperada resistencia en las proximidades de Cádiz, último baluarte, al parecer, de la Junta Central. « El 3 de junio aparecieron fijados — dice Monsalve — varios pasquines en las puertas del Palacio Virreynal, en la casa del Oidor de Alba, en los puentes de la ciudad y en otros lugares públicos, en que se pedía la organización de las milicias y medidas de precaución contra un posible tumulto de los franceses residentes en la ciudad ». Los Oidores de la Audiencia comprendieron que estaba próxima la hora en que debían tomar decisiones trascendentales y procedieron a disponer la ejecución de las medidas de seguridad indispensables para conservar el control político y militar del Virreynato, a fin de no correr el riesgo de ser sorprendidos por una rebelión cuando se cumpliera el total sojuzgamiento de la Península por los ejércitos franceses. « Hechuras de Godoy — dice Camilo Torres — tramaban asegurar todas las provincias a su partido. Desconfiados de que. los americanos entrasen en sus ideas, arrancaron de los gobiernos y corregimientos a todos los patricios para sustituirlos por europeos de su partido... ».

Como la visible intención de las autoridades coloniales era obligar a los Dominios a correr la suerte de la Metrópoli, cualquiera que ella fuera, uno de los primeros movimientos subversivos en que se comprometieron los criollos, el cumplido en Quito el 10 de agosto de 1809, se adelantó con la consigna de ‘"no dejarse sorprender por el enemigo (los franceses), que se aproximaba ya a los puertos marítimos de España y que de repente podía dar un salto a América ". El pronunciamiento de Quito fue un típico golpe de Estado de la aristocracia criolla quiteña, dirigida por el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Solanda, el Marqués de Villa O rellana y el Marqués de Miraflores, quienes consiguieron el apoyo, para deponer a las autoridades, de las escasas fuerzas militares que existían en la ciudad. El Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, fue aprisionado, lo mismo que los Oidores, v el gobierno pasó a manos de los marqueses quiteños, sin efusión de sangre. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno., encabezada por los cuatro marqueses. Junta que juró "obediencia y fidelidad a Fernando. VII, no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y conservar en su unidad y pureza la Religión Católica”.

Fue tan evidente el espíritu de casta que inspiró el movimiento y tan notorio el menosprecio que profesaban al pueblo los aristócratas quiteños, que no tardaron los autores de la conjura en enfrentarse a la hostilidad de las clases populares y hasta les fue imposible reclutar unos cuantos soldados, para defender su causa contra las fuerzas militares despachadas desde Lima, Pasto y Popayán. « Su indiferencia e incomprensión — dice el historiador ecuatoriano Oscar Efrén Reyes — venían a ser factores peligrosos de aislamiento político e ineficiencia militar, como se comprobó, en seguida, al organizarse los batallones que fueron despachados para el norte, a fin de batir las fuerzas represoras que venían de la Nueva Granada. Estos batallones, sin mucha convicción cívica, iban reduciéndose a medio camino a causa de las frecuentes deserciones ».

Si la rebelión de Quito estaba condenada a fracasar en corto plazo, ella tuvo, no obstante, extraordinarias repercusiones políticas en el Virreynato Granadino. No bien se conocieron en Santafé los despachos remitidos por el Marqués de Selva Alegre para dar cuenta al Cabildo de la Capital de los sucesos del Sur, los Oidores Hernández de Alba e Infiesta se dieron cuenta de la explosiva eficacia del ejemplo ofrecido por los rebeldes de Quito y temerosos de que algo semejante ocurriera en Santafé, trataron de convencer al Virrey Amar de que se anticipara a tomar las medidas indispensables para prevenir posibles perturbaciones del orden público, empezando por la detención de todos los criollos sobre cuya lealtad existían fundadas sospechas. Aunque el Virrey estaba muy lejos de simpatizar con los actos subversivos cumplidos en Quito, no quiso convenir en las drásticas medidas recomendadas por los Oidores y prefirió adoptar una conducta contemporizadora, que lo libraba de un definitivo rompimiento con los criollos y le permitía mantener la independencia de su gobierno, frente a las pretensiones de los Oidores, con quienes no estaba en buenos términos. Procedió, por tanto, a convocar Una Junta extraordinaria del Reyno, integrada por el Cabildo de Santafé, la Audiencia, los oficiales reales, las autoridades eclesiásticas y “los hacendados y vecinos nobles de la Capital'’, Junta a la cual sometió, según afirma Acevedo y Gómez, « dos puntos: el uno deliberativo y el otro consultivo. El deliberativo sobre los términos en que debía contestar el Cabildo a la “Junta Revolucionaria de Quito”; el consultivo “sobre los medios que debían adoptarse para sujetar aquella provincia rebelde”... ».

La Junta tuvo dos sesiones tormentosas, de cinco horas cada una, y en su curso los Oidores y funcionarios, por una parte, y los Regidores criollos del Cabildo por la otra, se dijeron amargas verdades, ventilaron en términos desapacibles sus antiguas querellas y trataron, sin mayores disimulos, el crítico problema que los dividía. El Regidor Acevedo y González soltó una verdadera bomba en aquel recinto, cargado de pasiones, cuando le dijo al Fiscal de la Audiencia, don Diego de F; « Señor Fiscal, para mí no es un caso metafísico la subyugación de España por Francia; y no me será lícito preguntar: ¿cuál será entonces la suerte de mi patria? ». El Fiscal comprendió la gravedad de la pregunta formulada por el autorizado vocero de los criollos y le respondió sin vacilaciones: « Entonces juntaremos y dispondremos lo que convenga ». Con aquello de “juntaremos” quería decir Frías que las autoridades coloniales, o sea la Audiencia y el Virrey, se constituirían en Junta de Gobierno en el caso de una victoria de Napoleón, y dispondrían entonces “lo que convenga”. Así lo entendió Acevedo y Gómez y enfrentándose al Fiscal le dijo con altivez: « ¡Se equivoca Vuestra Señoría, señor Fiscal; en ese caso los pueblos serán los que dispongan de su suerte, porque aquí somos pueblos libres como los españoles! ».

Esta opinión fue apoyada por el Oidor Cortázar y por Camilo Torres, lo que obligó a don José Leiva, Secretario del Virrey, a declarar que se discutía una cuestión completamente ociosa, porque en España estaba ocurriendo algo semejante a lo que sucedió durante la Guerra de Sucesión, y que los dominios debían, como en aquella oportunidad, permanecer tranquilos, para seguir las banderas del vencedor, al decidirse la lucha entre la dinastía borbónica y la napoleónica. En el extenso escrito que dedicó Acevedo y Gómez a comentar estos sucesos, resumió así su respuesta a las declaraciones del señor Leiva: « Esta opinión, la más escandalosa y contraria a la fidelidad (al Rey Fernando VII), es la de todos los europeos que hay en esta Capital, que después han querido manchar la reputación de Los criollos americanos con la negra nota de traidores, que sólo ellos han merecido, y hoy la repiten a sus amigos en confianza, diciendo que este Reyno es un niño en mantillas que necesita le sirva de tutor una nación poderosa y que ninguna mejor que la España, aunque la domine Bonaparte. No estamos en el mismo caso que cuando la Guerra de Sucesión; entonces se disputaban el trono dos soberanos descendientes de la dinastía reinante, ahora lo disputa la nación misma a un tirano usurpador, que no ha sido ni será llamado por nuestras leyes constitucionales a reinar en la monarquía ».

La Junta se disolvió finalmente sin llegar a un acuerdo sobre los puntos sometidos a su consideración, porque los funcionarios de la Audiencia insistieron en que se despacharan tropas para castigar a los rebeldes de Quito y los criollos se pronunciaron en favor de un entendimiento con ellos. El señor Amar y Borbón decidió, a la postre, adoptar una solución que dejara parcialmente satisfechos a los dos partidos: de una parte comisionó a don José María Lozano, segundo Marques de San Jorge, para que se trasladara a Quito a buscar un acuerdo con los miembros de la Junta, y de la otra, despachó un regimiento bien armado y municionado, al mando del Coronel José Dupré, con instrucciones de atacar a los rebeldes si ellos no se sometían, después de oír al señor Lozano, quien tenía el encargo de prometerles que no se tomarían represalias contra sus vidas y haciendas. En este entendimiento partió el Marqués de San Jorge para Quito y pocos días después le siguieron las tropas de Dupré, las cuales no tendrían la oportunidad de intervenir en el conflicto porqué los refuerzos militares despachados por el Virrey del Perú llegaron a Quito primero y la Junta de los marqueses rebeldes, desprovista de todo respaldo popular, se vio precisada a rendirse. El gobierno de la Audiencia fue restablecido y el Conde Ruiz de Castilla, como su Presidente, reasumió el mando.

Los notorios desacuerdos que se produjeron entre el Virrey y los Oidores de la Audiencia en el curso de los acontecimientos que acabamos de relatar, hicieron concebir a los criollos la esperanza de un posible entendimiento con el señor Amar y Borbón, y después de prolongadas deliberaciones en las residencias de Acevedo y Gómez y Joaquín Ricaurte optaron por comisionar a don Frutos Joaquín Gutiérrez, quien tenía estrecha amistad personal con el Virrey, para que le indujera a apoyarse en el partido americano, leal a Fernando VII, y a romper sus relaciones con la Audiencia, en la cual existía en concepto de los criollos, el propósito de plegarse a la dinastía napoleónica, si ella se afianzaba en la Península. Así lo hizo el señor Gutiérrez y no tardó en conseguir algunos progresos en su misión, porque el Virrey no era persona difícil de atraer, dadas las peculiaridades de su carácter. « Tenía — dice Sergio Elías Ortiz — algo más de sesenta años, que le pesaban, pues estaba en los linderos de la decrepitud. Sufría, además, de sordera, con los efectos sicológicos que una deficiencia de esta clase debía producir en sus actos. De suyo, según se pudo ver de su conducta en las horas graves del gobierno, era irresoluto y abúlico. Como todo hombre poltrón gustaba de la buena mesa, del boato y la tranquilidad del hogar, lo demás lo tuvo sin cuidado hasta 1808, en que empezó para él la tragedia, excepto la cacería menor a que era muy aficionado y que practicaba por los lados de Suba ».

Muchos historiadores se han sentido tentados a comparar al señor Amar y Borbón con Luis XVI y no puede negarse que su carácter y comportamiento presentan algunas semejanzas. El Virrey y su esposa, doña María Francisca de la Paz Borbón, eran vástagos rezagados de la famosa dinastía francesa y la gran personalidad de la Virreyna, quien '‘dominaba a su marido”, agregaba otra semejanza al paralelo que ha dado motivos de reflexión a nuestros historiadores. La Virreyna carecía, es verdad, de los encantos y la femineidad de María Antonieta, pero su conducta, en las horas críticas, presenta no pocos parecidos e igual puede decirse de la dignidad y altivez con que supo soportar el infortunio. Según Carrión y Moreno, la Virreyna no ocultaba su antipatía por los Oidores de la Real Audiencia y decía públicamente que “los golillas hostigaban a su marido”; no era menor su hostilidad contra los criollos y constantemente alertaba al Virrey contra ellos y le estimulaba a tomar las precauciones de orden público necesarias para prevenir “graves amenazas contra la tranquilidad del Reyno”. Fue la Virreyna quien logró frustrar las hábiles gestiones de don Frutos Joaquín Gutiérrez, quien nada consiguió, a la postre, del señor Amar. La idea de constituir en Santafé una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el Virrey, proyecto favorito de los criollos, sacaba de sus casillas a doña María Francisca y a dicho proyecto se opuso en todos los momentos en que notó que los argumentos del señor Gutiérrez hacían mella en el vacilante ánimo del Virrey.

Ello explica, posiblemente, la extraña gestión realizada por el Canónigo Andrés Rosillo y Meruelo, quien resolvió tentar a la Virreyna con una oferta que creyó bastante para decidirla a inclinarse, e inclinar al señor Amar, en favor de los criollos. Este famoso Canónigo figuraba, en 1809, en la primera plana de la oligarquía criolla y de él ha dicho el distinguido historiador Rodríguez Plata: Rosillo fue el tipo perfecto de un abate renacentista con todas sus cualidades y defectos... Fue un auténtico Fouché americano, identificado con el Duque de Otranto no solamente por sus condiciones biosíquicas, por su “admirable y persistente falta de carácter ’, sino también porque ambos nacieron y vivieron en los mismos años. Fouché en el Nuevo Reyno de Granada hubiera sido un Rosillo, y Rosillo en Francia hubiera sido un Fouché... A ambos les importaba estar siempre con el vencedor y nunca con el vencido... Y. por último, bástenos saber que por esta época, ya poseía don Andrés Rosillo y Meruelo varias casas en la Capital del Virreynato y otras en la Villa del Socorro que le producían magníficos cánones de arrendamiento y no pocos pleitos y contrariedades. Igualmente era por entonces el más acaudalado prestamista de la Capital, al módico interés del veinte por ciento, naturalmente imposible de pagar para los infortunados deudores que tenían que sufrir las consecuencias, mediante los juicios que el mismo Canónigo les seguía ante las autoridades judiciales cuando quiera que no cumplían las estipulaciones de los respectivos préstamos ».

Tal era el personaje que un día del mes de septiembre de 1809 se presentó, con gran sigilo, en el Palacio Virreynal y después de obtener una audiencia privada con doña María Francisca, « mirando — dice el expediente — con extraordinario cuidado a las puertas de la alcoba y gabinete por si alguno estaba o escuchaba, muy zozobroso y azorado se expresó (ante la Virreyna) en estos y equivalentes términos: El señor Fernando VII ya habrá muerto por el acero, por el veneno o por la cuerda, y es preciso tomar aquí partido; Vuestra Excelencia y el señor Virrey están amados y queridos extremadamente, el pueblo o el Reyno los adora y no tendrían inconvenientes en proclamar al señor Virrey soberano de este Reyno. Que para esto contaban con cuarenta mil hombres, armas y artillería... ».

A doña María Francisca no le molestó, posiblemente, la oferta de la Corona, pero la alarmó, en cambio, la declaración de que los conspiradores “contaban con cuarenta mil hombres, armas y artillería'’. A fin de no despertar las sospechas de Rosillo, le contestó con evidente humor, que “no deseaba más Reyno que el de los cielos” y se despidió de él en términos cordiales, dándole a entender que tendría en cuenta su sugerencia. Cuando el abate salió del Palacio, estaba lejos de sospechar que la Virreyna poco pensaba en su oferta y la preocupaban en cambio, los preparativos conspiradores y la posibilidad de que la Audiencia descubriera la gestión de Rosillo y se sirviera de ella para iniciar un proceso por “traición’’ al señor Amar, a fin de deponerlo del mando. Para no correr los riesgos de estas peligrosas eventualidades, doña María Francisca llamó al Provisor Vicario del Arzobispado, don Domingo Duquesne, y le relató los términos de su conversación con Rosillo, a fin de que “hecho cargo de la gravedad del asunto no lo despreciase y diese forma de comunicarlo a quien corresponda ».

Los temores de la Virreyna eran sobradamente justificados, porque en estos días, precisamente, los Oidores de la Real Audiencia, molestos por la dubitativa conducta del Virrey durante la rebelión de Quito y temerosos de que el señor Amar se entendiera con los criollos, decidieron seguirle un proceso judicial y destituirle del mando, a fin de que la Audiencia asumiera el gobierno del Virreynato. El Oidor Hernández de Alba fue encargado de instruir secretamente un sumario en que se culpaba al Virrey de varios delitos y se le sindicaba del mismo crimen que los criollos, con mejores fundamentos, enrostraban a los Oidores: de fraguar la entrega del Reyno a Napoleón.

Para llevar a efecto este proceso, que suponía un verdadero golpe de Estado de la Audiencia contra el Virrey, los Oidores se cuidaron de tomar las medidas que les permitirían dominar militarmente a los criollos, si ellos intentaban, como era verosímil, defender al Virrey. « Para esta empresa — relata Acevedo Gómez — contaban los Oidores con más de cuatrocientos hombres españoles y americanos, y habían prevenido ya al pueblo de antemano por medio de veintidós pasquines que aparecieron en diversos parajes públicos de esta ciudad, con la circunstancia de estar todos puestos con una goma que los identificaba a la pared, a excepción de los que se colocaron en las puertas de las casas de los Oidores, que sólo tenían una oblea. El contenido de los pasquines era sindicar al Virrey de “partidario de los franceses como que era hechura de Godoy, de injusto, venal, y dirigido por sus criados, que eran todos ladrones y los más franceses de origen"... ».

Parece que la indiscreción de un funcionario subalterno de la Audiencia puso en conocimiento de don Joaquín Ricaurte la naturaleza del sumario que secretamente se estaba instruyendo contra el señor Amar y ello le indujo a convocar, en su casa, una junta de las principales personalidades de la oligarquía criolla, a fin de comunicarles lo que ocurría y acordar conjuntamente la manera de oponerse al proyecto de los Oidores. En esta junta se decidió, después de prolongadas deliberaciones, que el Alcalde Ordinario de Santafé, don Luis de Caycedo, acusara a los Oidores, ante el Virrey y las autoridades judiciales, de “conspirar" contra el gobierno legítimo y pidiera « que se pase inmediatamente a la casa del Oidor de Alba y allí se encontrará en un escritorio o armario de madera, un secreto, que se descubre de tal modo, y en él una sumaria seguida por el mismo Oidor, de orden de la Audiencia, contra el Virrey... ». Con esta gestión trataban los criollos de salvar al señor Amar, a fin de evitar que el mando cayera en poder de la Audiencia, la cual sólo esperaba esta oportunidad para iniciar la persecución contra el partido criollo.

Cuando el Virrey se enteró, por la gestión del señor Caicedo, del proyecto de los Oidores, renunció a su habitual apatía, ordenó rondar el Palacio de tropas y por consejo de doña María Francisca, dispuso que se preparara la orden de arresto del Oidor Hernández de Alba. Los criollos miraron con extraordinario regocijo los preliminares de un conflicto que afectaba, profundamente, la unidad de las autoridades del Reyno y enviaron a don Frutos Joaquín Gutiérrez a ofrecerle al Virrey el apoyo incondicional de los patricios de Santafé y a solicitarle armas, de los parques oficiales, para defender la autoridad virreynal en el caso que la Audiencia intentara un golpe de fuerza.

A Hernández de Alba e Infiesta no se les escaparon las graves implicaciones de este conflicto, de cuyos desarrollos sólo ventajas podían obtener los criollos, y decidieron entrevistarse inmediatamente con el Virrey y buscar un entendimiento que pusiera a salvo los intereses del partido peninsular. La Audiencia se reunió con el señor Amar poco después del denuncio de Caycedo y « aquella noche la pasó el Virrey — dice Acevedo Gómez — hasta las tres de la mañana en Acuerdo con los Oidores ». Las intimidades de esta Junta se desconocen, pero sus resultados permiten colegir lo que ocurrió en ella. Al día siguiente se ordenó amunicionar la tropa, proteger debidamente las casas de los Oidores Alba e Infiesta y el señor Amar se dirigió al Cabildo para manifestarle que los cargos formulados contra el Oidor Hernández de Alba eran infundados y declararse satisfecho con respecto a la lealtad de la Audiencia. También sugirió al Cabildo que se trasladara, en corporación o por medio de representantes, a la casa de Hernández de Alba, a fin de verificar si existía o no la sumaria que había dado motivo a la denuncia del señor Cay cedo. Nada se halló, como era de preverse, porque el expediente se había destruido u ocultado después de que los Oidores llegaron a un acuerdo con el Virrey, acuerdo por virtud del cual el señor Amar continuaba desempeñando tranquilamente su cargo, pero se obligaba a adelantar, en forma conjunta con la Audiencia, una política de severa represión contra los criollos, política que Hernández de Alba e Infiesta consideraban indispensable para garantizar el predominio de los españoles en el Virreinato.

Comenzaron entonces a ejecutarse, con el asentimiento del Virrey, las medidas de represión recomendadas por los Oidores. « Se declararon — dice Camilo Torres — sospechosos todos los patricios, y se les miraba con ojo amenazador. Se sumariaron los hombres de bien, las sospechas se graduaron de realidades, las denuncias de pruebas, las apariencias de principios, la posibilidad de testimonio. El terrorismo se dejó ver en su propia figura; la tropa se mantuvo siempre sobre las armas; se difundieron por las calles patrullas diarias y nocturnas; se llenó todo el Reyno de espías vigilantes y aguardaban los hombres sensatos una próxima ruina ».

La situación llega a su estado de mayor tensión cuando se conoció en Santafé, por la llegada de algunas gacetas inglesas, que las fuerzas francesas se preparaban a ocupar las últimas zonas de España donde aún se les ofrecía una débil resistencia y se rumoró, también, que el Emperador había despachado emisarios y espías al Nuevo Mundo, con la misión de ofrecer a los americanos la completa independencia, a cambio de que interrumpieran toda clase de relaciones, fueran ellas comerciales o políticas, con la Gran Bretaña. Estos rumores no estaban desprovistos de fundamento, y así se encargó de demostrarlo el mismo Bonaparte, quien anunció oficialmente esta trascendental decisión, sin contar para nada con su hermano José, Rey de España. « Napoleón — dice Carlos Villa- nueva — descontento de la actitud asumida por el Rey José, cuando éste quiso mantener independiente su Reyno del dominio del Imperio, y preocupándose más de su gigantesca lucha con Inglaterra, de cuyo desenlace dependía la suerte de la Corona Imperial y él definitivo afianzamiento de la de su hermano, sintió que eran las colonias americanas las que alimentaban con sus donativos la desesperada resistencia de la Península y de los dos ejércitos ingleses. Entonces fue que, a fin de destruir tan importante concurso material, decidió adoptar una política propia americana, sin cuidarse de manera alguna de José. Esta la expuso claramente el día 12 de diciembre, de 1809, ante el Cuerpo Legislativo, cuando declaró que él no se opondría nunca a la emancipación de las colonias españolas de América, porque esta independencia estaba en el orden necesario de los sucesos, en la justicia y en el bien entendido interés de todas las potencias, y que ayudaría a proclamarla con tal de que las dichas colonias cerraran sus mercados a los ingleses ». A principios de 1810 los peninsulares, ya en retirada, hicieron circular en Santafé y Popayán un plan de gobierno provisional, destinado a permitir la supervivencia, en aquella hora de crisis, de los vínculos entre España y sus Dominios, plan que el realista don Marcelo Tenorio comunicó a su sobrino, Camilo Torres, con la esperanza de que éste lo apoyara. Los principios básicos del proyecto eran los siguientes:

1 — Que se establezca un Gobierno Supremo, elegido por el voto de los Reynos y provincias de toda América, para que gobierne a nombre del señor don Fernando VII y que este Gobierno sea una Regencia compuesta de tres o cinco personas.

2 — Que mientras se forma la Regencia, se establezcan provisionalmente en los Reynos y provincias de América, Juntas Supremas compuestas de los Diputados de las provincias y partidos de sus territorios y que ellas tengan a su cabeza al Virrey o Capitán General de cada Reyno o provincia.

3 — Que mientras se elige dicha Junta Suprema se forme una representación legítima de los pueblos que teniendo la confianza de éstos, pueda tomar su voz y continuar a nombre de Fernando VII todas las autoridades ».

Afortunadamente para los granadinos no todos los conductores del gran movimiento de liberación que estaba incubándose en el subsuelo político del Reyno, se demostrarían desconfiados del pueblo y cautelosos ante su posible intervención en aquel movimiento decisivo. Hubo quienes comprendieron — y por ello serían calumniados y perseguidos —, que la empresa de formar una nación no podía limitarse a una conjura de notables o al reemplazo de la hegemonía española por, la hegemonía de una casta soberbia, que se preparaba a cerrarle al pueblo todas las vías de acceso a los beneficios de la nacionalidad, A Simón Bolívar y a Antonio Nariño les correspondería representar a la democracia frente a la oligarquía y ser los voceros de los desvalidos y de los humildes en la alborada magnífica de la emancipación.

Desde que Nariño comenzó a conspirar contra las autoridades coloniales, concibió un tipo de estrategia política, en la que poca importancia se atribuía a los Cabildos, y cuyo objetivo era provocar un vasto levantamiento popular en aquellas zonas del Reyno donde la sociedad estaba menos estratificada y era posible esperar, por consiguiente, una más activa participación de las clases desvalidas, si se sabía despertar su entusiasmo con un auténtico programa revolucionario. Significativamente optó Nariño por comenzar su empresa libertadora en las provincias que constituyeron, en 1781, el epicentro de la Revolución de los Comuneros, y el sentido y naturaleza de la tarea que se proponía realizar las describió él mismo en la indagatoria rendida ante las autoridades, cuando se le capturó en 1797. « Mi idea — dijo — era la que tengo indicada en mi relación: no contar sino con el pueblo, y no aventurarme sino a un solo paso que decidiese de mi vida o de mi suerte. Así pensaba retirarme hacia los pueblos inmediatos al Socorro y en un sitio que llaman Palogordo, entre Barichara y Simacota, juntar un corto número de hombres y, escoltado con ellos, presentarme en un día de fiesta en uno de los pueblos que están al otro lado del río, que divide a San Gil del Socorro, y hablar al pueblo en medio de la plaza. De este paso, a mi ver, dependía el éxito de la empresa... El conocimiento y las noticias que había adquirido en mi viaje, me daban una probabilidad de que el pueblo me seguiría, y en este caso apoderándome de las cabuyas del río quedaba atrincherado de la parte de allá, para poder con más seguridad juntar y ordenar las gentes de los pueblos inmediatos, que a distancia de medio día hay más de setenta mil habitantes... ».

Este plan revolucionario le valió a Nariño seis años de cárcel y sólo a fines de 1803 fue libertado por las autoridades. Cuando se agudizó, en 1809, el conflicto entre criollos y españoles, de nuevo insistió Nariño, en franca discrepancia con los patricios de la casta criolla, en que se depusiera a las autoridades españolas no por un golpe palaciego o una conspiración de notables en los Cabildos, sino por un auténtico levantamiento popular. « No contar sino con el pueblo » era su consigna, y en 1809 se propuso repetir, en el Nuevo Reyno, la hazaña de los Comuneros. Con la ayuda del abate Rosillo, del Oidor de Quito Mirano y de don Luis Caycedo, dio Nariño los pasos preliminares para desatar una revolución popular en el Socorro y en Zipaquirá y un alzamiento de los esclavos en la región del Saldaña y la provincia de la Mesa. En estas zonas, de acuerdo con su proyecto, debían formarse los núcleos de las montoneras populares que avanzarían sobre la Capital, ensanchándose en la marcha, como ocurrió en tiempos de los Comuneros. Cuando el proyecto estaba en sus fases iniciales y apenas comenzaba a dar sus primeros frutos, la indiscreción del joven Jorge Salgar, a quien Rosillo puso en antecedentes del plan, permitió a las autoridades descubrirlo.

Nariño fue detenido el 23 de noviembre de 1.809 y poco después lo fueron Rosillo y Miñano. Como las autoridades consideraban a Nariño el más peligroso caudillo de los americanos se ordenó su inmediato traslado a las fortalezas de Cartagena, donde fue sometido a un severo régimen carcelario. Desde este momento el pueblo granadino fue condenado a carecer de un autorizado vocero de sus intereses en los históricos acontecimientos que se aproximaban. El campo quedó libre para los grandes señores de la oligarquía criolla, quienes pudieron consagrarse, sin estorbos, a la preparación de su proyecto favorito: la toma del poder por los Cabildos, cuya composición plutocrática les garantizaba la debida protección de la riqueza criolla contra una posible insurgencia popular. El más inteligente y prestigioso de los abogados de Santafé, el personaje cuyas vinculaciones familiares y profesionales con el estamento criollo le destinaban a actuar como su más autorizado representante, don Camilo Torres, resumió el punto de vista de los patricios criollos al dar respuesta, el 29 de mayo de 1810. a la carta en que su tío, don Marcelo Tenorio, le recomendaba la solución política provisional que los españoles juzgaban aceptable para el caso de la total ocupación de la Península por los ejércitos franceses. En su respuesta declaraba Torres que el poder debían asumirlo los Cabildos y, en franco contraste con las ideas de Nariño, rechazaba toda posible participación del pueblo en la elección de las autoridades provisionales: « Como sus deliberaciones (las del pueblo) serían hechas — decía — en medio del tumulto y el desorden, y como, por otra parte, la voluntad de una ciudad o de una provincia sola no puede explicar la voluntad general de todo el Reyno, es preciso, para evitar aquellos inconvenientes, y mientras se organiza una verdadera representación nacional, que los Cabil dos, por lo menos los que lo son de las cabezas de provincias, levanten la voz y convoquen a los padres de familia y a los hombres de luces de sus respectivos distritos. Estas Juntas así formadas serán otros tantos cuerpos representativos de cada provincia o distrito, que deben subsistir hasta que se haga la instalación de un Congreso general en la Capital del Reyno... Convengo con usted en que los individuos que hoy componen nuestros Cabildos, por lo menos los que lo son de las cabezas de provincias, levanten la voz y convoquen a los padres de familia y a los hombres de luces de sus respectivos distritos. Estas Juntas así formadas serán otros tantos cuerpos representativos de cada provincia o distrito, que deben subsistir hasta que se haga la instalación de un Congreso general en la Capital del Reyno... Convengo con usted en que los individuos que hoy componen nuestros Cabildos no son unos verdaderos representantes de los pueblos, porque éstos no los han nombrado y deben sus oficios a la compra que han hecho de ellos, o a la elección de los demás capitulares. Sin embargo, aquí es preciso olvidar el origen de la cosa y atender solamente a sus efectos... ».

El derrumbe de la Monarquía española comenzaba a producir en América sus naturales resultados. La autoridad había quedado prácticamente vacante y este hecho revolucionario constituía una excepcional coyuntura histórica para que los americanos conquistaran su autonomía política y decidieran, en el magno escenario de un mundo convulsionado, si la nacionalidad sería un hogar amable cuyos beneficios estarían abiertos a todos sus hijo, o apenas el coto de caza de una oligarquía vanidosa y simuladora de cultura, que desconfiaba del pueblo y despreciaba sus: valores espirituales. ¡ América se aproximaba, pues, a la hora de las grandes decisiones!

CAPITULO XX

EL 20 DE JULIO DE 1810

Volumen II Quinta edición, Ediciones TERCER MUNDO, Bogotá. D. E – Colombia

PRIMERA EDICIÓN: marzo de 1964

SEGUNDA EDICIÓN: agosto de 1966

TERCERA EDICIÓN: junio de 1968

CUARTA EDICIÓN: marzo de 1972

QUINTA EDICIÓN septiembre de 1973

Tercer mundo es una editorial abierta a todas las corrientes del pensamiento. En consecuencia, el lector no ha de buscar uniformidad ideológica en nuestras publicaciones, sino, al contrario, la más amplia diversidad de actitudes y conceptos políticos, económicos, sociológicos, filosóficos

Impreso y hecho en Colombia Printed and made in Colombia

INDICE DEL VOLUMEN II

Capítulo XVII Cómo se desbanda una revolución 465

Capitulo XVIII Las contradicciones revolucionarias del régimen colonial 503

Capitulo XIX El derrumbe de la autoridad política de España 527

Capitulo XX El 20 de julio de 1810 555

Capitulo XXI La batalla por la Independencia 589

Capitulo XXII En la Patria Boba 617

Capitulo XXIII La Colonia interior 639

Capitulo XXIV Nariño en el poder 671

Capitulo XXV Hacia la Independencia 691

Capitulo XXVI Nariño frente a la Fronda 715

Capitulo XXVII la dictadura de Nariño 739

Capitulo XXVIII La libertadura 763

Capítulo XXIX El epílogo de Pasto 799

Capitulo XXX La Guerra Social 839

Capitulo XXXI La hora decisiva 861

Capitulo XXXII (la. parte) La pacificación española. 887

Capitulo XXXII (2a. parte) La pacificación española

Capitulo XXXIII La estrategia política de la revolución 945

Grandes Conflictos Economicos y Sociales de nuestra historia, Indalecio Lievano Aguirre.

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Capitulo XIX El derrumbe de la autoridad política de España

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