CAPITULO XX El 20 de Julio de 1810
LA OCUPACION de
Andalucía por los ejércitos franceses obligó a la Junta Central de Sevilla a
desbandarse y parte de sus miembros, reunidos en la Isla de León Bajo el amparo
de la flota británica, constituyeron un Consejo de Regencia, compuesto de
cinco vocales, y a continuación convocaron las Cortes del Reyno para que ellas
afrontaran la histórica crisis que vivía la Península. El 24 de febrero de 1810
fue decretado el ensanche de la representación de América, ampliando las
circunscripciones electorales, y la Regencia dirigió una proclama a los
Dominios, cuyos términos indicaban su intención de apaciguar el visible
descontento de los criollos. « Desde este momento, españoles americanos
— decía la proclama — os veis elevados a la dignidad de hombres libres; no
sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras
más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados
por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar
o escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso
Nacional, vuestros destinos no dependen ya de los Ministros, ni de los
Virreyes, ni de los Gobernadores: están en vuestras manos... ».
Algunos más
audaces, llegaron, inclusive a proponer la constitución de una Junta de
Gobierno, formada por los grandes señores del estamento criollo y el
Gobernador, sin conseguir otra cosa que ahondar el conflicto con Montes, quien
se denegó categóricamente a permitir la limitación de sus atribuciones
jurisdiccionales. Esta negativa obligó a los criollos a examinar
la posibilidad de abrir las puertas a la colaboración
del pueblo en el conflicto,…
El Comisionado Regio juzgaba, indudablemente, que el malestar del Reyno
desaparecería al otorgarse prebendas bien remuneradas a las personalidades
eminentes de la oligarquía criolla…
Si la llegada
de Villavicencio a Cartagena disminuyó las graves tensiones políticas que
existían en esa plaza, su retardo en ella hizo posible que en Santafé tomara
inesperadas proporciones el conflicto que enfrentaba al Cabildo capitalino y a
las autoridades virreinales. Al señor Amar y Borbón y a los
Oidores no les causaron gracia ninguna las condescendencias de Villavicencio
con los americanos y decidieron anticipar las medidas de represión policiva que
habían ideado para reducir a la impotencia al partido criollo. Su plan, como el
plan del Conde Ruiz de Castilla en Quito, fue procesar, por traidoras a la
Corona, a las principales personalidades del estamento criollo, a fin de
colocar a Villavicencio y Montufar ante hechos cumplidos y obligarlos a asumir
la responsabilidad, si insistían en entenderse con los criollos, de tratar con
individuos juzgados por el grave delito de traición.
« Muchas conferencias hemos
tenido los patriotas, y mil pareceres contradictorios se han emitido en
nuestras juntas. El fogoso Carbonell
quería un golpe atrevido; Lozano ha aconsejado proposiciones
al
Virrey; Camilo Torres quiere que se pidan
terminantes y prontas explicaciones al gobierno español; Herrera aconsejaba, una asonada ruidosa que
intimidase a los gobernantes, y que en caso de
correr la sangre de éstos se mirase este hecho como un
castigo ejemplar y una justa venganza: Benítez
quiere que se indague con más atención la opinión pública, y no
falta quien aconsejase un sangriento atentado.
Pronto descubrieron los
participantes en dichas juntas que la casa de Acevedo estaba vigilada y ello
los forzó a buscar un lugar de reunión menos expuesto. Como don Francisco José
de Caldas desempeñaba el cargo de Director del Observatorio Astronómico y de
él nada sospechaban las autoridades, se consiguió que autorizara la reunión de
los jefes del partido criollo en la torre del Observatorio, y ello explica por
qué, en los días 17 y 18 de junio de 1810, se efectuaron en la oficina de
Caldas, en medio de herbarios, libros de cálculo matemático e instrumentos de
observación astronómica, las célebres juntas en las cuales se decidió la
suerte del Nuevo Reyno.
De ellas
fueron cuidadosamente excluidos quienes no compartían la idea de reducir el
movimiento a la simple captura del poder por los notables del Cabildo de
Santafé, y el problema tratado exhaustivamente
en el Observatorio fue el de encontrar
la manera de utilizar al pueblo de la Capital, cuyo concurso se juzgaba
necesario para contrarrestar una posible intervención de las milicias, sin tener
que adelantar campañas de agitación social, que los magnates criollos, recordando la experiencia de los
Comuneros, juzgaban singularmente peligrosas, y sin adquirir
compromisos políticos con la “plebe”, tan menospreciada
por
ellos. Libres del estorbo de Nariño, quien insistió siempre en la
necesidad de deponer a las autoridades con un auténtico levantamiento popular.
CONVOCATORIA de las Cortes. — Los Comisionados Regios. - Antonio Villavicencio. — Pacificación con nombramientos bien remunerados. — Las medidas de persecución de la Audiencia. — Hacia la Junta de notables. — Historia de un florero. - El 20 de julio. — Morales y Llorente. — Anarquía y saqueo. — Un pueblo sin objetivos políticos. — Lucha desesperada de Acevedo Gómez. — Los notables se esconden. — Fracasa el movimiento de la oligarquía. — José María Carbonell, el verdadero prócer del 20 de julio. — El pueblo salva la revolución. — Las campanas al aire. — ¿Cabildo Abierto o Junta de Notables? — El Virrey negocia con la oligarquía. - El vanidoso retórico de la oligarquía. — Los pactos del 20 de julio. — Gobierno conjunto del Virrey y los patricios criollos. — Reconocimiento de Fernando VIl y el Consejo de Regencia. — Se trazan las fronteras visibles entre el pueblo y la oligarquía frondista.
LA OCUPACION de Andalucía por los
ejércitos franceses obligó a la Junta Central de Sevilla a desbandarse y parte
de sus miembros, reunidos en la Isla de León bajo el amparo de la flota
británica, constituyeron un Consejo de Regencia, compuesto de cinco vocales, y
a continuación convocaron las Cortes del Reyno para que ellas afrontaran la
histórica crisis que vivía la Península. El 24 de febrero de 1810 fue decretado
el ensanche de la representación de América, ampliando las circunscripciones
electorales, y la Regencia dirigió una proclama a los Dominios, cuyos términos
indicaban su intención de apaciguar el visible descontento de los criollos. « Desde
este momento, españoles
americanos — decía la proclama — os veis elevados a la dignidad de hombres
libres; no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más
duro, mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con
indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened
presente que al pronunciar o escribir el nombre del que ha de venir a representaros
en el Congreso Nacional, vuestros destinos no dependen ya de los Ministros, ni
de los Virreyes, ni de los Gobernadores: están en vuestras manos... ».
A esta
declaración se siguió el envío inmediato de Comisionados Regios al nuevo Mundo,
los cuales fueron seleccionados entre los criollos residentes en España, a fin de facilitar su aproximación a los grupos disidentes de
las Colonias. Para el Virreinato Granadino y la Audiencia de Quito designó el
Consejo a don Antonio Villavicencio y Carlos Montúfar, ambos quiteños y
singularmente autorizados para el desempeño de su misión, porque Villavicencio
se había educado en Santafé y Montúfar era hijo del famoso Marqués de Selva
Alegre, jefe de la rebelión ocurrida en Quito en 1809.
Los esfuerzos
realizados por la Regencia para llegar a un entendimiento con el partido
americano, no fueron del agrado de las autoridades coloniales, comprometidas
entonces en una política de represión, y ello explica el retardo con que se promulgaron
en América las nuevas disposiciones del Consejo y la resistencia que a ellas y
a los Comisionados Regios opusieron los peninsulares. « Los europeos — decía
Camilo Torres — meditaban los modos de eludir la comisión (de Montúfar y Villavicencio),
de detener a los Comisionados, y aún de barrenar los barcos o champanes en que
debían subir el Río Magdalena,.. Oportunamente vinieron a nuestras manos
algunas cartas que un europeo de esta capital remitía a los de otro lugar del
Reyno, en las que les convocaba a reunirse en Zipaquirá, para que todos juntos
entrasen en esta ciudad. En efecto, estando nosotros atentos a descubrir si se
verificaba esta proclama de nuestros enemigos, vimos que los europeos de los
alrededores, y aún de los lugares distantes, como Chiquinquirá, La Mesa y otros,
se reunían en Santafé; que andaban en patrullas y en corrillos misteriosos, y
que se dejaban ver inquietos, taciturnos y demudados. Teníamos presente el
denuncio que se nos había dado, de que éstos se disponían a sacrificar a los patricios
en una sola noche, y sospechábamos que ya estaba muy cerca la hora fatal de
nuestra inmolación ».
La pugna
entre los criollos y las autoridades coloniales presentaba en Cartagena, a
donde primero debían tocar los Comisionados, modalidades aún más complejas y
explosivas, porque en esta plaza y en su provincia, las clases sociales tenían
una composición muy definida, lo cual acentuaba el carácter radical a sus
conflictos. « La sociedad de Cartagena — dice Jiménez Molinares
— tenía entonces
esta fisonomía: una aristocracia de blancos
arriba y la “gente de color” abajo, y entre estos extremos, la clase media formada por la
plebe blanca venida de España, “blancos de Castilla”, y la procreada en
América, “blancos de la tierra”, infiltrada por elementos de arriba y de abajo:
nobles venidos a menos y libertos venidos a más... En la localización
domiciliaria en Cartagena podía contemplarse geográficamente esa distribución.
La clase alta habitaba en el cogollo de la ciudad propiamente dicha, en
soberbias mansiones; la media junto a ella, en una parte de la barriada de San
Diego, en casas bajas, y la inferior llenaba el arrabal de Getsemaní, separado
apenas de la urbe por un lienzo de muralla y un foso o brazo de mar y ocupando
un género de habitaciones, en la mayor parte, semejante a las madrigueras... La
clase alta vivía, como antes, de la burocracia, del grueso
comercio y de la explotación de las enormes haciendas
que trabajaban los esclavos por el pienso; la
media del comercio
menor, de artes y oficios manuales, como la platería,
zapatería, sastrería y como escribanos comunes; y la
inferior, los esclavos de sus amos. los
no esclavos, del transporte marítimo y terrestre, del laboreo de
las minas y de la fábrica de murallas Y castillos... ».
El estamento
criollo constituía el centro del poder económico en la ciudad y ello explica
sus periódicos conflictos con las autoridades, conflictos que se manifestaban
en las frecuentes discrepancias del Gobernador y el Cabildo, convertido en
feudo político de las familias representativas de la oligarquía criolla:
los García de Toledo, los Díaz Granados,
los Ayos, los Castillo y Rada y los Gutiérrez
de
Piñeres. Tales discrepancias se acentuaron, como era fácil
prever, al conocerse en Cartagena los adversos desarrollos de la crisis española
y los criollos trataron entonces de forzar al Gobernador, don Francisco
Montes, a compartir el poder con ellos, a aceptar la asesoría administrativa y
política de los Regidores del Ayuntamiento. Algunos más audaces, llegaron,
inclusive a proponer la constitución de una Junta de Gobierno, formada por los
grandes señores del estamento criollo y el Gobernador, sin conseguir otra cosa
que ahondar el conflicto con Montes, quien se denegó categóricamente a permitir
la limitación de sus atribuciones jurisdiccionales. Esta negativa
obligó a los criollos a examinar
la posibilidad de abrir las puertas a la colaboración
del pueblo en el conflicto, al tiempo que una fracción.,
dirigida por Germán Gutiérrez de Piñeres, se inclinaba a pedir el concurso, de
la barriada de Getsemaní y de los esclavos negros. En esta discrepancia influyó
la vieja rivalidad que existía entre Cartagena y la Villa de Mompós, Villa a la
cual estaban vinculados los Gutiérrez de Piñeres, pero ello no resta
trascendencia a la aparición de un partido popular en Cartagena, partido que
reflejaba, no obstante la extracción patricia de sus dirigentes, las
aspiraciones de los desposeídos y que habría de desempeñar un papel decisivo en
la declaración de Independencia.
Cuando la
pugna entre el grupo dominante de la oligarquía criolla y la fracción que
comandaban los Gutiérrez de Piñeres estaba en sus principios y había restado no
poca eficacia a la oposición contra el Gobernador, llegaron a Cartagena los
Comisionados Regios, cuyas amplias miras en pro de los americanos les ganaron
general simpatía y les otorgaron autoridad bastante para actuar como jueces en
el conflicto entre el Cabildo y el Gobernador. Villavicencio se sirvió de las
amplias facultades de que estaba investido para promover importantes cambios
en favor de los criollos y obtuvo del Gobernador Montes, no sin grandes
trabajos, que aceptara las exigencias de García Toledo, a fin de debilitar,
por este medio, al partido de Gutiérrez de Piñeres, cuya evidente peligrosidad no
se ocultó al Comisionado Regio. El 22 de mayo de 1810 se acordó, por tanto, que
“el Gobernador continuaría en la administración de la República en unión del
Cabildo” y se designaron dos miembros del Ayuntamiento para asesorar a Montes
en las cuestiones fundamentales de la Administración. Protocolizado este
acuerdo, se prestó en Cartagena el solemne juramento de obediencia al Rey don
Fernando VII y al Consejo de Regencia.
Satisfecho Villavicencio del éxito
de sus gestiones, procuró enterarse, por distintos conductos, del estado
general del Reyno, y cuando dispuso de suficientes elementos de juicio,
elaboró una serie de informes para el Consejo de Regencia, en los cuales
formulaba severos cargos a las autoridades coloniales y se solidarizaba con la
inconformidad manifestada por los criollos en los últimos años. Su informe del
24 de mayo de 1810, por ejemplo, tenía las características de un Memorial de
Agravios y sus principales recomendaciones se concretaban a pedir el nombramiento,
en
los altos cargos de Camilo Torres, Frutos Joaquín, Gutiérrez Ignacio
de Pombo, Joaquín Camacho, Eloy
Valenzuela, José María Castillo y Rada, Francisco José de Caldas y Miguel Díaz Granados. El Comisionado
Regio juzgaba, indudablemente, que el malestar del Reyno desaparecería al
otorgarse prebendas bien remuneradas a las personalidades eminentes de la
oligarquía criolla.
Si la llegada
de Villavicencio a Cartagena disminuyó las graves tensiones políticas que
existían en esa plaza, su retardo en ella hizo posible que en Santafé tomara
inesperadas proporciones el conflicto que enfrentaba al Cabildo capitalino y a
las autoridades virreinales. Al señor Amar y Borbón y a los
Oidores no les causaron gracia ninguna las condescendencias de Villavicencio
con los americanos y decidieron anticipar las medidas de represión policiva que
habían ideado para reducir a la impotencia al partido criollo. Su plan, como el
plan del Conde Ruiz de Castilla en Quito, fue procesar, por traidoras a la
Corona, a las principales personalidades del estamento criollo, a fin de
colocar a Villavicencio y Montufar ante hechos cumplidos y obligarlos a asumir
la responsabilidad, si insistían en entenderse con los criollos, de tratar con
individuos juzgados por el grave delito de traición. Para el efecto, los
Oidores Alba y Frías elaboraron una numerosa “lista” de las personalidades que
debían ser detenidas y con el mayor sigilo se comenzaron a instruir los
procesos, a fin de tenerlos listos en el momento oportuno.
Como los
criollos ignoraban la conjura que estaba fraguándose contra ellos en las
esferas del Gobierno, esos días daban muestras de su gran alborozo por la
próxima llegada de Villavicencio, cuyas cartas les permitían esperar
confiadamente en que el Comisionado Regio los apoyaría en sus reclamos contra
el Virrey y la Audiencia. Ello explica por qué en el mes de junio de 1810 se
creó en Santafé una situación bien paradojal: al tiempo que las autoridades
coloniales discutían sobre la validez de las credenciales del representante de
la Metrópoli y ni siquiera pensaban en organizar los festejos acostumbrados
para estos casos, los grandes señores criollos, sindicados de rebeldes, no disimulaban
su regocijo por la venida del Comisionado y hacían alardes del
gran banquete que se preparaban a ofrecer a Villavicencio en casa de don
Pantaleón Santamaría, la más lujosa residencia particular de Santafé. Hasta el
mismo alojamiento del emisario de la Regencia se convirtió en materia de
disputa, porque los criollos se resistieron a permitir que fuera huésped de un
español, de don Lorenzo Marroquín, y ello explica la siguiente carta, dirigida
por Acevedo Gómez a Villavicencio: « Este pueblo — le decía — está muy
incomodado de que Vuestra Merced haya resuelto venir a apearse a casa de un
particular. Creo que el Cabildo se verá precisado a suplicar a V.M.
oficialmente que evite semejante comprometimiento y venga a vivir solo en la
que le dispuso Ugarte, o en la que habito yo actualmente que es bastante
regular, pues me la pidió el Alcalde ».
En los primeros
días del mes de julio se enteraron los criollos, por la
indiscreción de un funcionario del Real Acuerdo, de la existencia de la famosa
“lista” de las personas que debían detenerse preventivamente
y de los procesos cuya instrucción
se
confió a los Oidores Alba y Frías. Aunque sólo conocieron
los primeros nombres de la lista, ello fue bastante para alarmar a quienes se
habían expresado contra las autoridades y tantos se sintieron amenazados y
esperaron escuchar en las puertas de sus casas los broncos golpes de las
alabardas de los alguaciles, que súbitamente se acabó en la capital el optimismo
que despertó la anunciada llegada de Villavicencio. Los más destacados
dirigentes del partido criollo trataron de establecer la fecha de su arribo a
la Capital y para su desesperación sólo pudieron obtener noticias confusas, de
las cuales parecía deducirse que Villavicencio se encontraba todavía en Cartagena.
Si el pánico y el derrotismo no se apoderaron totalmente de los criollos, ello
se debió al oportuno conocimiento que se tuvo en Santafé de las insurrecciones
ocurridas en Caracas y Pamplona, insurrecciones que terminaron en el derrocamiento
de las autoridades locales y en su reemplazo por Juntas “conservadoras de los
derechos de Fernando VII”. La solución de una Junta de Gobierno en Santafé se
convirtió, para los notables, por tanto, en la única alternativa que podía
salvarlos de las medidas decretadas por la Audiencia, y esta común aspiración
dio, paulatinamente, un carácter más definido a sus actividades políticas.
En carta
dirigida por Acevedo Gómez a Villavicencio, el 29 de junio de 1810, le decía: «
Cada instante que corre hace más necesario el establecimiento de la Junta
Superior de Gobierno, a imitación de la de Cádiz y compuesta de diputados
elegidos por las provincias, y provisionalmente por el Cuerpo
Municipal de la Capital ».
En casa de Acevedo Gómez se
celebraron frecuentes reuniones de los principales personeros del estamento
criollo y la consideración del problema que a todos incumbía, puso entonces de
manifiesto las diferentes opiniones y los distintos temples de carácter. La
hija de Acevedo presenció muchas de las escenas cumplidas en su hogar y más
tarde, valiéndose de sus recuerdos, hizo un relato de ellas, relato en el cual
puso, en labios de su padre, las siguientes frases: « Muchas conferencias
hemos tenido los patriotas, y mil pareceres contradictorios se han emitido en
nuestras juntas. El fogoso Carbonell quería
un golpe atrevido; Lozano ha aconsejado
proposiciones al
Virrey; Camilo Torres quiere que se pidan
terminantes y prontas explicaciones al gobierno español; Herrera aconsejaba, una asonada ruidosa que
intimidase a los gobernantes, y que en caso de
correr la sangre de éstos se mirase este hecho como un
castigo ejemplar y una justa venganza: Benítez
quiere que se indague con más atención la opinión pública, y no
falta quien aconsejase un sangriento atentado.
Pronto descubrieron los
participantes en dichas juntas que la casa de Acevedo estaba vigilada y ello
los forzó a buscar un lugar de reunión menos expuesto. Como don Francisco José
de Caldas desempeñaba el cargo de Director del Observatorio Astronómico y de
él nada sospechaban las autoridades, se consiguió que autorizara la reunión de
los jefes del partido criollo en la torre del Observatorio, y ello explica por
qué, en los días 17 y 18 de junio de 1810, se efectuaron en la oficina de
Caldas, en medio de herbarios, libros de cálculo matemático e instrumentos de
observación astronómica, las célebres juntas en las cuales se decidió la
suerte del Nuevo Reyno.
De ellas fueron cuidadosamente
excluidos quienes no compartían la idea de reducir el movimiento a la simple
captura del poder por los notables del Cabildo de Santafé, y el problema
tratado exhaustivamente en el Observatorio fue el de encontrar
la manera de utilizar al pueblo de la Capital, cuyo concurso se juzgaba
necesario para contrarrestar una posible intervención de las milicias, sin tener
que adelantar campañas de agitación social, que los magnates criollos, recordando la experiencia de los
Comuneros, juzgaban singularmente peligrosas, y sin adquirir
compromisos políticos con la “plebe”, tan menospreciada
por
ellos. Libres del estorbo de Nariño, quien insistió siempre en la
necesidad de deponer a las autoridades con un auténtico levantamiento popular,
los principales personeros de la oligarquía criolla –José Miguel Pey, Camilo
Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales,
etc. — pudieron consagrarse a idear la táctica política de que
se servían para provocar una limitada
y transitoria perturbación
del
orden público, que habría de permitir al Cabildo capturar el
poder por sorpresa y tomar a continuación las providencias indispensables para
el pronto restablecimiento del orden, de manera que el pueblo no pudiera
desviar el movimiento de los rumbos que la oligarquía, pensando sólo en sus
intereses, trataba de darle anticipadamente. La ocasión era propicia para este
género de proyectos, porque los abusos de poder cometidos por las autoridades
habían deteriorado considerablemente su prestigio y los patricios criollos, en
su calidad de víctimas, se ganaron una simpatía transitoria, con que no
contaron en épocas anteriores y que les sería de gran utilidad en las jornadas
decisivas que se aproximaban.
Fue don
Antonio Morales quien se encargó de sugerir la manera de utilizar, en favor de
la causa, la visible impopularidad del Gobierno, y a propuesta suya se decidió
promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación
conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santafé
contra los Oidores de la Audiencia. Morales manifestó a sus compañeros que ese
incidente podía provocarse con el comerciante
peninsular don José González Llorente
y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado, porque profesaba, por
cuestiones de negocios, una franca animadversión al español. Como los notables
criollos no disponían de muchas alternativas, la sugerencia de Morales fue
aceptada y se decidió ejecutar el proyecto el próximo viernes, 20 de julio,
fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gentes de todas las clases
sociales, por ser el día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de
provocación deliberada se convino en que don Luis Rubio fuera el veinte de
julio a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o adorno para decorar
la mesa del anunciado banquete a Villavicencio y que, en el caso de una
negativa desobligante, los hermanos Morales procedieran a agredir al español.
A fin de garantizar el éxito del plan si Llorente convenía en facilitar el
florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de
Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara,
lo cual daría oportunidad a Morales para reconvenirle por dirigir la palabra a
un “chapetón” enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente.
Tal era, sin
embargo, la parte secundaria del plan, como se, encargaron de advertirlo don
José Acevedo Gómez y Camilo Torres. Para ellos, como para la mayoría de los
asistentes a las juntas del Observatorio, lo importante era conseguir que el
Virrey, presionado por una intensa perturbación del orden, constituyera ese
mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el mismo señor Amar e
integrada por los Regidores del Cabildo de Santafé. Todos
los esfuerzos de los conjurados debían dirigirse,
por tanto, a evitar que dicha perturbación se prolongara
más de lo indispensable, para no correr el riesgo de que el pueblo adquiriera
conciencia de su fuerza, como la adquirió durante la revolución de los
Comuneros, y pretendiera imponer un orden político difícil de controlar por los
procuradores de la oligarquía criolla.
Como se
contaba, por anticipado, con el endeble carácter del Virrey, la principal preocupación
de los conjurados fue la posible resistencia de las milicias de la Capital y
por ello se ordenó al Capitán Antonio Baraya,
pariente de los principales conjurados, estorbar cualquier
intervención de dichas milicias durante la asonada y se le advirtió que debía
estar listo para contribuir al restablecimiento del orden, no bien accediera
el Virrey a autorizar la constitución de la Junta de Gobierno. El propio don
Camilo Torres se encargó de definir el sentido de la decisión tomada por los
patricios criollos en aquella hora crítica: «En tal conflicto — escribió
Torres — recurrimos a Dios, a este Dios que no deja perecer la inocencia, a
este nuestro Dios que defiende la causa de los humildes; nos entregamos en sus
manos; adoramos sus inescrutables decretos; le protestamos
que nada habíamos deseado sino defender su santa Fe, oponernos a los errores
de los libertinos de Francia, conservarnos fieles a Fernando, Y procurar
el bien y libertad de la patria ». (Motivos... septiembre 25 de
1810).
El 19 de
julio transcurrió en aparente calma y los conjurados se limitaron a esperar,
con intensa ansiedad, la hora decisiva. Don José Acevedo Gómez se encerró en su
casa y ese mismo día escribió una carta a Villavicencio, en la cual le decía: «
Dios quiera que llegue Vuestra Merced a tiempo de poder conjurar la tempestad,
que lo dudo, así como desconfío de tener el gusto de abrazarle, pues mi vida
está acechada por todas partes, como las de otros ciudadanos... Dígnese V.M.
echar una mirada de interés y compasión sobre mi desgraciada familia, que ha
sido víctima del bárbaro y despótico sistema colonial en que nos han tenido.
Ciento veinte mil pesos, fruto de veinte años de trabajo, fatigas y peligros,
me hizo perder el Gobierno a principio de la guerra con Inglaterra, porque no
hubo arbitrio de que este Virrey nos permitiese ni aún el comercio de cabotaje,
y en tres años las quinas se perdieron y se cayó su estimación en Europa; los
cacaos se pudrieron, y los algodones, que el monopolio peninsular me obligaba a
mandar a Cádiz, fueron presa de un enemigo poderoso en el mar ». (19 de julio
de 1810).
La Capital
del Nuevo Reyno de Granada debía transformarse en pocas horas, en el escenario
de magnos acontecimientos políticos y conviene conocer, por tanto, las características urbanas y la vida
íntima de la vieja Santafé, de la Santafé de 1810, en la cual iba a decidirse,
en un histórico conflicto, el destino futuro de nuestro pueblo. « Pequeña —
dice Raymundo Rivas — es aún el área que ocupa Santafé de Bogotá, que apenas si
mide una milla de norte a sur. Por el oriente, al pie de los montes que la
defienden de las brisas heladas de los páramos, y donde nacen los ríos San
Agustín y San Francisco y las quebradas el Chuncal, el Manzanares, San Bruno y
Monserrate, que la surten de aguas cristalinas, principian las calles en las
que se extiende al costado de la iglesia de la Candelaria, cortada realmente en
sus extremos por los dos citados riachuelos. Una docena de manzanas se prolonga
hacia el poniente, cuyo límite, pasando por la carnicería y la Huerta de
Jaimes, en cuyo extremo principal las ubérrimas praderas de la Estanzuela,
termina en la plaza de San Victorino, en la cual se ofrece la iglesia
consagrada al mártir, y se tiende el puente, punto inicial de donde arranca la
amplia calzada que iniciara un oidor de amores desgraciados, y se prolonga a
través de la sabana melancólica que brinda dos cosechas anuales. Siguen las
escasas mansiones por la vía de la Alameda hasta dar con el templo de Nuestra
Señora de Las Nieves — por cuanto la plazuela queda excluida del perímetro
oficial — templo cuya espadaña, por sobre las campiñas y otro angosto puente,
mira a lo lejos, ya en el camino que lleva a Tunja, la Recoleta de San Diego
con su capilla de la Virgen del Campo... La corriente del San Agustín cierra en
verdad la capital por el sur, si bien algunas mansiones quieren formar barrio
en torno de la iglesia de Santa Bárbara, cuyas campanas saludan a las del
monasterio de San Miguel del sabio obispo de Hipona, y a las más humildes de
las ermitas de Egipto, Belén y Las Cruces... Cuatro plazas cortan la monotonía
de las calles tiradas a cordel. La de San Francisco aparece recortada por la
capilla del Humilladero. En la Mayor, el chorro parlanchín del Mono de la Pila
interrumpe el silencio casi habitual; levanta la casona de la Real Audiencia
su pesada arquitectura, con los tres ventanales de Ja sala mayor sobre el ancho
portón coronado de inscripción latina sentenciosa y balcones sobrepuestos;
busca amparo a su lado la cárcel grande, desde una de cuyas ventanillas piden
limosna al transeúnte los presos que aguardan el fallo de los jueces y, profanando
la seriedad de sus vecinos, plebeya chichería se acurruca a su lado, y se
interpone entre la mansión donde los señores Oidores llenan sus obligaciones y
el cuartel de milicias ampara a los escogidos para servir al Rey. En los otros
costados de la plaza, la Catedral que empieza a surgir de sus escombros, el
Sagrario, la casa de correos, los pilares del incendiado palacio de los
virreyes y unas cuantas casas particulares cierran el espacio en donde alternan
los ruidos del mercado semanal, el aparato de las ejecuciones y castigos que se
cumplen con teatral solemnidad, los gritos de regocijo de quienes participan
en las diversiones, aristocráticas unas como las cuadrillas de caballos,
populares otras como las tradicionales fiestas de toros.
« Con sus
ocho barrios: Catedral, El Príncipe, Palacio, San Jorge, Oriental, Occidental,
San Victorino y Santa Bárbara, separados en algunos de sus límites por cinco
puentes de sencilla fábrica, la Capital del Nuevo Reino de Granada presenta
modesta apariencia, y su prestigio se sustenta sólo en el lustre que le imprime
la escogida sociedad. En sus veinte mil almas escasas, cuya mitad no alcanza a
blancos a quienes buena estatura y aspecto, pero flemáticos y pausados, quinientos
religiosos de ambos sexos ponen con sus hábitos una nota de austeridad en el
ambiente, y ochocientos esclavos, sobre cuyo abatido caminar se cierne el peso
de la miseria, proclaman la rígida separación, constante e infranqueable, de las
clases sociales ».
El 20 de
julio de 1810, hacia las once de la mañana, la plaza mayor estaba colmada por
una heterogénea concurrencia, compuesta »de tratantes y vivanderos, indios de
los Resguardos de la Sabana y gentes de todas las clases sociales de la
Capital. Aunque los conjurados tenían la resolución de correr todos los
riesgos, hacia las diez de la mañana convocaron el Cabildo, y, a propuesta de
algunos Regidores, que insistían en recomendar una conducta prudente y en que
se agotaran las medidas conciliatorias antes de acudir a hechos
revolucionarios, se decidió comisionar a don Joaquín Camacho para que, a nombre
del Ayuntamiento, se trasladara al Palacio Virreynal y solicitara a don
Antonio de Amar la formación de una Junta de Gobierno, presidida por él e integrada
por el Cabildo y los patricios designados por el mismo Cuerpo Capitular. El
desarrollo y resultados de esta gestión los describe el mismo señor Camacho en
el “Diario Político”: « Cansado el ilustre Ayuntamiento — dice — de pasarle
oficios respetuosos (al Virrey) en que hacía ver la desconfianza de los pueblos
para con los funcionarios del gobierno, de recordarle las medidas que habían
tomado las provincias de Cartagena, Pamplona, y últimamente la del Socorro con
sus gobernadores y corregidores, y de pedir una Junta compuesta de los diputados
de los Cabildos del Reyno, le mandó el día 20 de julio, entre 10 y 11 de la
mañana, una diputación para convenir verbalmente sobre las medidas que debían
tomarse en circunstancias tan urgentes y tan críticas. El asesor del Cabildo,
don José Joaquín Camacho fue el encargado de sostener esta conferencia. Así
que se impuso Amar del objeto de esta misión se denegó abiertamente; instado
por segunda vez con razones victoriosas, se indignó y con un aire feroz respondió:
Ya he dicho ».
El rechazo de
una gestión “que habría salvado a este Virrey”, según agrega Camacho, privó de
sus últimos escrúpulos a los vacilantes y los Regidores se dispersaron
discretamente, a fin de cumplir las consignas que se les habían asignado en
las juntas del Observatorio. Poco antes de las doce del
día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en
el almacén de Llórente y después de hablarle del anunciado
banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa.
Todo parece indicar que Llórente se negó a facilitar el objeto pedido, pero no
existe prueba de que su negativa hubiera sido dada en términos despectivos o
groseros. El comerciante español era un hombre de avanzada edad y de muy mala
salud, y ello hace más verosímil la versión de quienes afirman que se limitó a
explicar su negativa, diciendo que “por haber prestado la pieza otras veces se
iba maltratando y perdía su valor”. Sólo la intervención de Caldas, quien pasó
por frente del almacén y saludó a Llórente, permitió a don Antonio Morales
tomar la iniciativa y formular duras críticas a Caldas por dirigir la palabra a
“este sastrezuelo que ha dicho mil cosas contra los criollos”. Morales y sus
compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho
a Rubio: « Me c... en Villavicencio y en los americanos », afirmación que
Llórente negó categóricamente, al tiempo que se dirigía al interior del almacén
para evitar un altercado. Morales “le siguió hasta dentro del mostrador y hartó
de palos a Llórente, que por pura casualidad escapó vivo de entre las manos de
éste”, según afirma un relato de la época.
Mientras el
comerciante peninsular era golpeado por Morales, los principales conjurados se
dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insidiando a los americanos!
¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los
bonapartistas! Como era de preverse, los primeros tumultos se formaron en los
alrededores del almacén de Llórente y sólo la oportuna intervención del Coronel
José María Moledo, Comandante de uno de los Regimientos de la Capital,
consiguió salvar la vida al español. Con gran trabajo logró Moledo llevarlo a
la casa de don Lorenzo Marroquín, mientras la conmoción se intensificaba en la
plaza.
El sentido
que espontáneamente tomó la ira de la multitud, compuesta de indios y blancos,
patricios y plebeyos, ricos y pobres, indica los extremos de impopularidad en
que habían caído las autoridades y particularmente los Oidores de 1# Audiencia.
Las turbas se precipitaron sobre las casas de los Oidores Alba y Frías y del
Regidor Infiesta y “rompieron a pedradas las vidrieras, forzaron las puertas y
todo lo registraron”, dice el “Diario Político”. Sus dueños sólo pudieron salvarse
refugiándose en los zarzos o saltando por las tapias a las residencias vecinas.
El Virrey,
las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y
violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar, y
la maquinaria del Estado se inmovilizó desde el momento en que la magnitud de
la emergencia hizo imprescindible que fuera el Virrey quien tomara las
decisiones para afrontarla. Mientras la marejada popular adquiría las
dimensiones de una tormenta revolucionaria, el señor Amar y Borbón escuchaba
en Palacio, sin poder resolverse, las opiniones de la Virreyna, quien le solicitaba
ordenar la salida inmediata de las tropas a la plaza y los juicios del Oidor
Jurado, recientemente llegado a Santafé, quien le aconsejaba buscar un
compromiso con la oligarquía criolla y romper francamente con los Oidores Alba
y Frías. Como todos los hombres débiles, el Virrey sólo trató entonces de evitar
que sus subalternos tomaran decisiones que pudieran echar sobre sus espaldas la
sombra de alguna responsabilidad. Cuando el Coronel Sámano le pidió permiso
para sacar las tropas y los cañones a la plaza, agregando que se comprometía a
dominar en pocos minutos el tumulto, el Virrey le respondió con la prohibición
expresa de tomar ninguna medida de carácter militar, negativa que desmoralizó
a la oficialidad española y le comunicó el complejo de temor que dominaba al
mandatario. De esta manera se facilitó la tarea del Capitán Baraya, quien en el
Batallón Auxiliar y en el Parque de Artillería, pudo fácilmente ganarse a
muchos de los oficiales, arguyendo, como lo hacían los patricios criollos en la
plaza, que no era ésta una insurrección contra España, sino un acto de legítima
defensa de la patria española contra unas autoridades corrompidas, que tenían
el proyecto de entregar el Reyno a Napoleón y a los “libertinos de Francia”.
Como a la
heterogénea multitud, cuya ira se desató el 20 de julio, no se le señalaron
objetivos políticos ni un programa de acción revolucionaria, sino que
repentinamente se estimularon sus resentimientos contra las autoridades, fue
inevitable el rápido desborde de la violencia vindicativa contra las personas
y propiedades de los Oidores, y esa violencia adquirió caracteres dramáticos
en la medida en que las turbas se daban cuenta de que no se les ofrecía
resistencia por parte de las tropas. Después de saquear las casas de los
principales funcionarios de la Audiencia, los amotinados se dirigieron contra
las tiendas y almacenes de los comerciantes españoles, y al cabo de una hora de
desenfreno eran pocas las puertas, ventanas y vidrieras del comercio peninsular
que no mostraban las huellas de la piedra y el garrote. Hacia las tres
de la tarde la situación tomó visos más alarmantes
(para los poderosos que deseaban aumentar sus fortunas con estos hechos),
porque las multitudes comenzaron a olvidarse de las autoridades y la dinámica
de la miseria y de la injusticia las indujo a prescindir
de toda distinción, de manera que los magnates
criollos de la Capital temieron, con sobrada razón, que pronto
les llegaría el turno de sufrir el impacto de la inconformidad
popular.
Hacia
las cuatro de la tarde los patricios criollos habían
renunciado a permanecer en las calles y se habían ocultado en
sus casas., pensando los unos en salvar sus vidas y los más en proteger
sus bienes.
La violencia
de las turbas no tuvo entonces las proyecciones revolucionarias que era de
esperarse, porque gran parte de la gleba que intervino en esta primera fase del
conflicto estaba formada por indios y vivanderos de las poblaciones de la
Sabana, que debían regresar a sus pueblos al atardecer. Ello explica por qué,
hacia las cinco de la tarde la presión multitudinaria
había cedido y tanto en la plaza como en las calles era menor,
la concurrencia. Después de asaltar las residencias y
almacenes, los indios y vivanderos comenzaron a dejar la ciudad y en las vías
de salida se advertía la aglomeración que anteriormente tuvo su epicentro en la
Plaza Mayor y calles adyacentes. « Todo — dice Acevedo Gómez en su relato de
los sucesos del 20 de julio — era confusión a las cinco y media: los
hombres más ilustres y patriotas, asustados por un espectáculo tan nuevo, se
habían retirado a los retretes más recónditos de sus casas. Yo preví que
aquella tempestad se iba a calmar, después de que el pueblo
saciase su venganza derramando la sangre de los objetos de su odio y que a
manera del que acalorado por la bebida cae luego en languidez y abatimiento, iba
a proceder un profundo y melancólico silencio, precursor de la
sanguinaria venganza de un gobierno que por menores ocurrencias mandó cortar
las cabezas del cadete Rosillo y de Cadena ».
La convicción
de que el movimiento estaba a punto "de fracasar, de quedar reducido a
“un profundo y melancólico silencio”, indujo a
Acevedo Gómez, quien era el más firme y valeroso de los
jefes de la oligarquía criolla, a salir de su casa « dejando —
dice — a mi desolada familia sumergida en el llanto y en el dolor ».
Inmediatamente se encaminó al edificio del Ayuntamiento, con la intención de
invitar a los Regidores a reunirse en Cabildo y resuelto a arengar al pueblo
para evitar su total dispersión. Ya en el edificio del Cabildo, sólo consiguió
reunir a don Miguel de Pombo, a don Manuel de Pombo, don Luis de Rubio, el
secretario Meruelo y el Coronel José María Moledo y, en un esfuerzo desesperado
por salvar el movimiento, salió al balcón del Cabildo, llamado “La Cazueleta”,
y pronunció una elocuente arenga pidiendo al pueblo no olvidar que “la suerte
de todo el Reyno dependía del resultado que tuviese este movimiento de la
Capital”. De esta manera trataba de ganar tiempo y de mantener reunidos a algunos
grupos de gentes en la plaza, pues no se le ocultaba que el Virrey y las
autoridades sólo esperaban el momento en que acabara de desbandarse la gente
para reasumir el control del orden público. La difícil situación a que se
hallaba enfrentado Acevedo. hacia las seis y media de la tarde
la describe el español don Manuel María Fardo, testigo ocular, en su famosa
relación de los Sucesos del 20 de julio: « En medio de la oscuridad de la hora
— dice — me pareció ver al Regidor don José Acevedo, tan acérrimo
revolucionario como V.S. sabe, dando fuertes palmadas sobre la baranda para
llamar la atención de algunos pocos de la plebe que habían quedado por allí y
se iban retirando ya; les gritaba que no se fueran, pues importaba más que
antes su reunión y permanencia para lo que aún faltaba. Seguidamente, con el breve intermedio de completar
el alumbrado del balcón y de hacer agolpar debajo a los referidos plebeyos,
entre quienes se veían andar algunos individuos de poca mayor esfera, como
tenderos y revendedores, amagando y conteniendo a los que intentaban dejar el
puesto, o pasando rehusaban tomarlo en el montón, principió Acevedo desde
arriba a perorarles... ».
El tribuno
comprendió que debía aprovechar el resto de entusiasmo que aún se advertía
entre el limitado grupo de gentes situadas en las proximidades del Cabildo y
procedió a poner en ejecución la parte vital del proyecto acordado en las
juntas del Observatorio. Se declaró investido del carácter de “tribuno del
pueblo”, carácter que le habían otorgado pequeños grupos de amigos suyos
cuando salió de su casa y desde el balcón de “La Cazueleta” comenzó a designar
las personas que debían formar parte de la nueva Junta del Gobierno del Reyno. «
Principió
Acevedo desde arriba — relata Fardo — a perorarles
y proclamar una caterva de sujetos
de viso para miembros
o vocales de la Junta que dijo debía
e iba a establecerse y a encargarse del Supremo Gobierno, nombrando uno por
uno y esperando que los del pelotón, precedidos y guiados de las voces
sobresalientes de algunos que después me dijeron había entre ellos
confabulados con el proclamador y sus comitentes, prestasen, levantando como
levantaban una confusa, indistinta y destemplada gritería, su aprobación y condescendencia
sobre cada proclamado ».
Tal fue el procedimiento que se empleó el 20 de julio para constituir la famosa Junta de
Gobierno, Junta integrada por Acevedo, en su mayoría, con personas que no se
habían aproximado siquiera al lugar de los acontecimientos. Por exclusiva
voluntad suya y de acuerdo con lo decidido en las Juntas del Observatorio,
fueron nombrados para vocales de dicha Junta, don José Miguel Pey, entonces
Alcalde ordinario de primer voto, don José Sanz de Santamaría, Tesorero de la
Real Casa de Moneda; don Manuel de Pombo, Contador de la misma; don Camilo
Torres, Luis Caycedo y Flórez, Miguel de Pombo, Juan Bautista Pey, Arcediano de
la Catedral; don Frutos Joaquín Gutiérrez, Joaquín Camacho, Francisco Morales,
Juan Gómez, Luis Azuela, Manuel Álvarez, Ignacio de Herrera, Emigdio Benítez,
Capitán Antonio Baraya, Fray Diego Badilla, Coronel José María Moledo, Pedro
Groot, Sinforoso Mutis, José Martín París, Antonio Morales, Juan Francisco
Serrano Gómez y Nicolás Mauricio de Omaña
Como la
oligarquía criolla necesitaba justificar la legitimidad de la
Junta así nombrada, en los días siguientes se trató de disimular su origen
arbitrario y su composición de casta, y los historiadores, guiados por los
documentos parciales de la misma Junta, se encargaron de prolongar el equívoco.
Existen, no obstante, valiosos documentos de la época, los cuales permiten
establecer que las aclamaciones no fueron unánimes y que, en la selección
de los vocales, no hubo
verdadera consulta al pueblo si no la mas, franca deliberada
imposición. En “La Constitución Feliz”, primer periódico cuya publicación
ordenó la Junta, dice su director, al relatar los sucesos del 20 de julio: «
Omito referir las alteraciones acaloradas que hubo entre varios individuos
de la nobleza y del pueblo relativas a la elección de vocales,
porque sería necesario escribir un tomo en folio, y yo me he propuesto ser muy
lacónico en esta relación ».
Aunque don
Manuel del Socorro Rodríguez, director de esta publicación, no quiso escribir
el “tomo en folio” que juzgaba necesario para referir las “acaloradas
alteraciones” que hubo entre patricios criollos y el pueblo “relativas a la
elección de los vocales”, el hilo de los acontecimientos puede seguirse en el
Manifiesto publicado, en enero de 1811, por don Ignacio de Herrera, uno de los
personajes a quien Acevedo nombró vocal de la Junta. « Reunido el pueblo en la
Plaza Mayor — dice Herrera — insiste en la instalación de la Junta; era preciso
que nombrara vocales que la compusieran; pero el desorden, los diversos objetos
a que debía atender, no le permitieron detenerse en la elección; aprueba
el pueblo lo que propone un individuo; y esta buena fe ha sido el principio de
sus desgracias. El favor y la intriga colocaron a muchos que no tenían un
verdadero mérito. Este vicio era preciso que ocasionara tristes consecuencias;
hombres que no tenían más conocimientos que los que presta el miserable manejo
de un ramo de la Real Hacienda; otros educados en el comercio, y algunos
abogados sin más estudio que el necesario al foro, compusieron el mayor número
de los vocales... De ahí el choque de opiniones, las dilatadas
disputas, el desorden y otros mil vicios que apartaban las miras del Gobierno de
la utilidad común ».
Aunque la oligarquía había nombrado,
hacia las seis y media de la tarde, su propia Junta
de Notables, el hecho tenía todas las características
de una victoria fugaz. Los grupos de gente que
rodeaban el Cabildo eran cada vez
más escasos y al mismo Acevedo Gómez le había sido
imposible conseguir que los Regidores y la mayoría de los vocales
nombrados
se trasladaran al lugar de los
acontecimientos. En el Palacio Virreynal las caras se habían alegrado de nuevo
y el señor Amar, demostrando unos bríos que no se le conocieron durante toda la
tarde, lanzaba puyas a la Virreyna y a quienes le habían sugerido medidas
drásticas. Con esa peculiaridad propia de los temperamentos débiles y
bonachones, el señor Amar pasaba fácilmente de un estado de completo
abatimiento a otro de euforia y ahora se ufanaba, ante sus consejeros y la
Virreyna, de la intuición que le permitió anticiparse a prever que el
“bochinche” no tendría mayores consecuencias y se extinguiría, al cabo de unas
horas de retozo popular, con la misma facilidad con que comenzó.
Debe
reconocerse que los razonamientos del Virrey no andaban del todo descaminados,
porque a las seis y media de la tarde el movimiento proyectado por los magnates
criollos estaba tocando los linderos del más completo fracaso. Cada minuto que
transcurría era menor la concurrencia en los alrededores del Cabildo y mayor
la resistencia que demostraban los Regidores y vocales a comprometerse en una
aventura que tenía escasas perspectivas de éxito. Acevedo Gómez, dando muestras
de un coraje extraordinario, trataba de evitar que las gentes se dispersaran y
luchaba, prácticamente solo, por salvar su causa del desastre inevitable.
Entre él y el Virrey se libraba un duelo silencioso y dramático, de cuyo
desenlace dependería la suerte futura del Nuevo Reyno. El señor Amar, siguiendo
las tendencias de su carácter abúlico, se limitaba a esperar sonriente, seguro
de que el tiempo era su aliado y obraba en su favor mientras Acevedo,
aprisionado en las redes de estrategia política de la oligarquía criolla —
fundada en la desconfianza por el pueblo y en el deseo de limitar, al mínimo
posible, su participación en el movimiento — se veía precisado a realizar
desesperados esfuerzos para conseguir, con ruegos y discursos, que los grupos
de gentes, cada vez más escasos, que permanecían en la plaza, no se
desbandara. « Si perdéis este momento de efervescencia y calor — clamaba
Acevedo desde el balcón del Cabildo —; si dejáis escapar esta ocasión única y
feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes; ved (señalando
las cárceles) los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan ».
Estas
vibrantes sentencias, citadas por los historiadores como prueba de la
elocuencia de Acevedo, constituyen, más bien, la demostración palpable de la
dramática encrucijada a que se hallaba enfrentado en esos momentos. La derrota
del movimiento hubiera sido inevitable de no haber intervenido, entonces,
esos imponderables que tan frecuentemente varían el curso de la historia. El
desequilibrio que estaba deteriorando, minuto a minuto, la posición de Acevedo
en el Cabildo, fue contrapesado, inesperadamente, por la participación de
nuevas fuerzas en el conflicto, gracias a la actividad política de un hombre
extraordinario, del verdadero procera del 20 de julio, de José María Carbonell,
a quien nuestra historia oficial ha tratado de arrinconar en los modestos
desvanes que se reservan para los personajes de secundaria importancia. Nada
tiene ello de sorprendente, porque esa historia sólo ha otorgado
el apelativo de “prócer” a los servidores
sumisos de la oligarquía, y para los defensores del pueblo y los
voceros de sus intereses, ha reservado invariablemente
los calificativos de ”Demagogos”, “agitadores” y “tiranos”.
Si nuestra historia republicana se inicia con la persecución del hombre que
salvó el movimiento del 20 de julio, ello se comprende al conocer los
procedimientos de que se sirvió Carbonell para rescatar la causa americana del
fracaso a que la habían conducido esa tarde los patricios criollos. Carbonell
no desconfió de nuestro pueblo, ni quiso limitar, al mínimo indispensable, su intervención
en aquellos sucesos decisivos, sino que lo invitó, sin reticencias ni reservas
mentales, a llenar con sus aspiraciones y esperanzas el magno escenario a
donde iba a cumplirse el nacimiento de la nacionalidad.
José María
Carbonell nació en Santafé en 1765, contaba entonces veinticinco años y
desempeñaba un modesto empleo en la Expedición Botánica, empleo que hubo de
aceptar cuando sus escasos recursos no le permitieron continuar los estudios
comenzados en el Colegio de San Bartolomé. Carbonell, tenía, no obstante su
juventud, una recia personalidad de caudillo, sólo parangonable a la de Nariño
— a cuyo partido perteneció más tarde — y su magnífica elocuencia se
alimentaba no de esa cultura superficial, bizantina y extranjerizante que hacía
las delicias de los principales personajes de la oligarquía criolla, sino de
una gran pasión igualitaria y de la emoción profunda que sentía ante los
dolores de los humildes y la miseria de los oprimidos.
En aquella
histórica tarde del 20 de julio, cuando la revuelta de los oligarcas estaba
fracasada, cuando Acevedo luchaba desesperadamente en el Cabildo y el Virrey y
sus consejeros se limitaban a aguardar el momento de registrar la realidad de
este fracaso, José María Carbonell realizó uno de los actos más trascendentales
de nuestra historia: acompañado de un grupo de estudiantes y de amigos se
encaminó a los arrabales de Santafé, a las míseras barriadas de extramuros,
donde habitaban en guaridas millares de artesanos, de mendigos, de indios y
mulatos, de gentes desesperadas y míseras, y las invitó, con su extraordinaria
elocuencia, a trasladarse al centro de la ciudad para solicitar no una Junta
de Notables, sino Cabildo Abierto. «
Don José María Carbonell — dice el “Diario Político” — joven ardiente y de una
energía poco común sirvió a la patria en la tarde y en la noche del 20 de un
modo poco común; corría de taller en taller, de casa en casa; sacaba gentes y
aumentaba la masa popular... Carbonell ponía fuego por su lado al edificio de
la tiranía, y nacido con una constitución sensible y enérgica tocaba en el
entusiasmo y se embriagaba con la libertad que renacía entre sus manos. ¡Dichoso
si no hubiera padecido vértigos políticos y cometido imprudencias!
».
Hacia las siete de la. .noche* .en la pacífica y casi
tranquila Santafé, comenzó a oirse. un. rumor sordo, el rumor
de las multitudes en marcha, de las multitudes que desde las
afue* ras de San Victorino y los arrabales de Egipt.Q,„J5jd6H
y las Cruces avanzaban hacia el centro de la
ciudad. Montoneras de hombres y mujeres, la “hez del
pueblo”, como decían los oligarcas* entraban así_ en el camino
de la historia, se prepa» raban a cumplir la cita que les había
dado Carbonell y a deci- dir — ellos los. míseros, ellos los
oprimidos, los plebeyos, la gleba irredenta —, el conflicto en el que habían
fracasado los magnates criollos, los “descendientes de don Pelayo”, los patxi* cios
acaudalados del Reyno. « Los ánimos — dice el “Diario Político” —
parecían que tomaban nuevo valor con las tinie* blas. Olas
de pueblo armado refluían de todas partes a la Plaza principal; todos se
agolpaban al Palacio y no se oye otra voz que ¡Cabildo Abierto! ¡Junta!
».
Desde este
momento los acontecimientos adquirieron un cariz distinto, porque habían
cambiado también las fuerzas sociales que les imprimían su dirección peculiar.
La multitud que colmaba la Plaza Mayor hacia las ocho de la noche no era la
misma multitud heterogénea que reaccionó abruptamente cuando a las doce del día
se produjo el altercado entre Morales y Llórente. Ya no eran gentes de paso,
ni los vecinos y vivanderos de la Sabana, sino el pueblo de los arrabales de
Santafé, millares de hombres y mujeres que habían dejado sus míseras cobachas,
donde vivían como fieras olvidadas de Dios, para volcarse sobre la ciudad. La
pálida luz de las antorchas (pie portaban, de los escasos faroles del alumbrado
público y de la iluminación que se había preparado en el edificio del Cabildo,
dejaba entrever las caras de los oprimidos, marcadas por la horrible huella de
la miseria, de la desnutrición, de la falta de esperanza, y bajo las ruanas se
asomaban las puntas de los puñales y los instrumentos cortantes de los
artesanos. Sobre todo en las caras de las mujeres se reflejaba la rebeldía
subconsciente que ellas han sentido siempre, como guardianes tutelares de los
valores de la especie, ante el horrible drama de tener que procrear hijos para
que los devore el infierno de la miseria y de la injusticia.
En la famosa
“Relación Anónima” de la jornada del 20 de julio, se refiere que “entusiasmado
el pueblo con los discursos de don José María Carbonell se juntaron los
Capitulares en la sala” y el Cabildo “se llenó de gente, de modo que no sé
como ha podido aguantar tanta aquel edificio”. Ocurrió la historia de siempre.
No bien el pueblo puso la cara la oligarquía corrió a reclamar sus privilegios.
Acevedo Gómez había luchado solitario en el Ayuntamiento, había sentido
transcurrir los minutos como si fueran siglos, sin que sus amigos y compañeros
de conjura dejaran el refugio “de los retretes más recónditos de sus casas”.
Sólo ahora, cuando la despreciada plebe, cuando los “de ruana” oponían el
sólido poder de su masa a las autoridades coloniales,
corrían a hacerle presentes en el recinto del Cabildo, no para
convertirse en los voceros de ese pueblo que había salvado
la revolución, sino para discutir, en junta de notables,
las prebendas y privilegios que esperaban derivar de una
victoria que no les pertenecía.
Comenzó
entonces la primera etapa de la batalla entre la oligarquía y el pueblo,
batalla que habría de adquirir características dramáticas en el curso de los
días siguientes. Como Acevedo Gómez había designado, para integrar la Junta, a
la plana mayor del estamento criollo, Carbonell trató de modificar esta
situación e insistió en que todas las decisiones se tomaran esa noche en
Cabildo Abierto, lo cual significaba que el pueblo, en uso de su capacidad
deliberante y soberana, habría de nombrar directamente las nuevas autoridades
del Reyno. Tal fue la consigna dada a los estudiantes y a las multitudes, de
manera que a las ocho de la noche sólo se escuchaba, en la Plaza Mayor, un
grito unánime, salido de miles de gargantas : ¡ Cabildo Abierto! Esta
consigna, a diferencia de lo que suponen muchos historiadores, constituía una
advertencia amenazadora, no sólo para las autoridades virreynales, sino muy
particularmente para la oligarquía criolla, empeñada en que todas las
decisiones las tomara privativamente el Cabildo de Santafé, sin permitir al
pueblo desempeñar otra función que la de mudo espectador de la comedia de los
notables.
El
inquietante vocerío de la multitud obligó al Ayuntamiento a convenir, como
transacción, en que se solicitara permiso al Virrey para instalar el Cabildo
Abierto y al recibirse la rotunda negativa del señor Amar, Carboneil resolvió
actuar por su cuenta y sin contar con el Ayuntamiento, de manera que él y sus
amigos se dispersaron por la ciudad y acudieron a un expediente que puso en
conmoción a la Capital: entraron a las iglesias y con el consentimiento de los
párrocos o sin ese consentimiento, echaron las campanas al vuelo. « Hizo el
pueblo — dice el “Diario Político” — tocar fuego en la Catedral y en todas las
iglesias, para llamar de todos los puestos de la ciudad el que faltaba. Estos
clamores, en todo tiempo horrorosos, llevaron la consternación y el espanto a
todos los funcionarios del Gobierno. Tembló el Virrey en su Palacio... ».
Según los relatos de la época, hacia las ocho de la noche. había
más de nueve mil personas en la plaza, lo cual significaba que
cerca de la mitad de la población de Santafé estaba participando en aquella
histórica jornada. Respaldado por esa multitud. Carboneil resolvió que el
pueblo y no el Ayuntamiento de Santafé pidiera el Cabildo Abierto a las
autoridades coloniales. « A cada mensaje — dice el “Diario Político” — y a
cada negativa (del Virrey), tomaba más vigor este pueblo activo y generoso. En
fin, comisionó al doctor don Benedicto Salgar, a don José María Carboneil, don
Antonio Malo, don Salvador Cancino y otros, para qu^. concediese (el Virrey) el
Cabildo Abierto que solicitaba ». En la entrevista se produjo un violento
altercado entre Carboneil y el Virrey y sólo la prudente intervención del Oidor
Jurado logró atenuar el carácter desagradable de dicha entrevista y conseguir,
de Carboneil y sus compañeros, que se retiraran a esperar, en la plaza, la
respuesta del Virrey. Ya solos el señor Amar y el Oidor Jurado, éste le dijo al
malhumorado mandatario: « Conceda V.E. cuanto pida el pueblo si quiere salvar
su vida y sus intereses ».
Aunque el
vocerío en la plaza era amenazador, el señor Amar se negó rotundamente a
autorizar el Cabildo Abierto, que prácticamente transfería el poder al pueblo,
y ya en retirada y dándose cuenta de la gravedad de la situación, decidió
acu- dir al ma[ menor, q. sea
a negociar con la oligarquía criolla y no
con Carhonell. Para el efecto ordenó
a Jurado trasladarse al Ayuntamiento JLÍnfounar_a.lQS Regidores
que autorizaba un Cabildo Extraordinario,
pero no Cabildo Abierto.
Lo cual que- ría decir que el Virreyconvenía
en que el Cabildo de San- tafé, dominadopor la oligarquía criolla,, se
reuniera en sesión
extraordinaria, a fin de tomar las medidas adecuadas para afrontar
aquella gravísima emergencia. « En los últimos apuros — dice el “Diario
Político” — se concedió un Cabildo Extraordinario, pero no Abierto ». No era,
pues, el pueblo, el que tendría la decisión, como en el caso de Cabildo
Abierto, sino los actuales Regidores del Ayuntamiento santafereño, quienes en
los últimos meses habían solicitado la constitución de una Junta de Gobierno
presidida por el Virrey e integrada por los Capitulares de dicho Cabildo. Puede
así comprenderse por qué el Ayuntamiento de Santafé no se solidarizó con las
solicitudes del pueblo reunido en la plaza y recibió con singular beneplácito
la comisión del Oidor Jurado. Al aceptar Cabildo Extraordinario
convenía el Virrey, implícitamente, en compartir el poder con los notables
criollos y les ofrecía la oportunidad de legalizar la Junta de Gobierno
nombrada esa tarde por Acevedo. Ello explica por qué no existe, en los relatos
que se conocen sobre estos acontecimientos, indicio ninguno de que los
Regidores criollos opusieran la menor resistencia a la decisión del Virrey.
Comenzaron
entonces en la Sala del Ayuntamiento, y, a espaldas del pueblo, las
deliberaciones entre el delegado del Virrey y los principales dirigentes del
estamento criollo. Como la multitud, agolpada en la plaza, daba muestras de
evidente desconfianza contra el Regimiento de Artillería, en cuyo cuartel esperaba
el Coronel Sámano, y considerables grupos de hombres y mujeres exaltados,
dirigidos por Carbonell, se habían aproximado a los cuarteles y pedían a la
oficialidad, con gritos desafiantes, que rindieran las armas, tanto Acevedo
Gómez como algunos de los Regidores,. temerosos de que se produjera
un choque sangriento, decidieron pedir al Oidor Turado y al
Virrey
que pusieran las guarniciones de la Capital a órdenes del
Cabildo, para protección de los Regidores y del mismo Virrey. «
Mientras iban y venían diputaciones — dice el “Diario Político” — el pueblo
hacía movimientos de arrojo y de valor contra el Parque. Decían: Aunque no lo
tomemos, a lo menos impediremos sacar los cañones contra los que se organizan
en la plaza. Una mujer, cuyo nombre ignoramos y que sentimos no inmortalizar en
este “Diario”, reunió a muchas de su sexo, y a su presencia tomó de la mano a
su hijo, le dio la bendición y dijo: ¡ Ve a morir con los hombres! Nosotras las
mujeres (volviéndose a las que la rodeaban) marchemos delante; presentemos
nuestros pechos al cañón; que la metralla descargue sobre nosotras, y los
hombres que nos siguen, y a quienes hemos salvado de la primera descarga, pasen
sobre nuestros cadáveres; que se apoderen de la Artillería y libren la patria!
». El Oidor Jurado, a fin de evitar un choque entre el pueblo y las fuerzas
armadas, recomendó al Virrey aceptar la solución propuesta por los patricios
criollos, quienes despacharon, a su vez, emisarios encargados de explicar al
señor Amar que su autoridad de gobernante estaría mejor garantizada si las
tropas recibían órdenes del Cabildo y no de oficiales por quienes el pueblo
tenía manifiesta desconfianza. « Se mandó una diputación — dice el acta del
Cabildo — compuesta de los señores doctor Miguel Pey, don José María Modelo y
don Camilo Torres, pidiéndole mandase poner dicho Parque (el de Artillería) a
órdenes de don José de Ayala. Impuesto S.E. del mensaje, contestó que lejos de
dar providencia ninguna contraria a la salud del pueblo, había prevenido que la
tropa no hiciese el menor movimiento, y que bajo de esta confianza
viese el Cabildo qué nuevas medidas quería tomar en esta parte. Se le respondió
que los individuos del mismo des- cansaban con la mayor confianza en la verdad
de S.E., pero
que el pueblo no se aquietaba, sin embargo de habérsele repetido
varias veces desde los balcones por su diputado (Acevedo) que no tenían que
temer en esta parte, y que era preciso, para lograr su
tranquilidad (la del pueblo) que fuese a encargarse y cuidar de la Artillería
una persona de su satisfacción, que tal era el referido don José de Ayala. En
cuya virtud previno dicho Excelentísimo señor Virrey que fuese el Mayor de la
Plaza don Rafael de Córdoba con el citado Ayala a dar esta orden al Comandante
de Artillería, j así se ejecutó ». De esta manera consiguió el
Cabildo el control de las guarniciones de la Capital, lo que fortaleció
extraordinariamente su posición. En los días siguientes se descubrirían las
ominosas consecuencias que, para el pueblo, tendría la captura del poder
militar por los mandatarios de la oligarquía criolla.
Empezó
entonces a tratarse, entre los Regidores y el delegado del Virrey, la cuestión
más conflictiva, aquélla que podía conducir al entendimiento o a la total
ruptura: la constitución de una Junta Suprema de Gobierno, compuesta por los
miembros del Cabildo y las personalidades designadas esa tarde por Acevedo
Gómez. Cuando el problema le fue planteado a Jurado por don Camilo Torres, el
Oidor no se sintió con autorizaciones bastantes para decidir una cuestión de
tanta trascendencia y así lo manifestó con franqueza al Cabildo, agregando que
él simpatizaba con la solución, pero que le era imposible aceptarla sin recibir
instrucciones expresas del Virrey. Solicitó, en consecuencia, se le permitiera
trasladarse a Palacio para tratar el asunto con el señor Amar, y ello
interrumpió la armonía que hasta el momento había reinado entre el Oidor y los
Capitulares. La mayoría de los presentes, encabezados por Acevedo Gómez, se
opuso a la salida de Jurado del Cabildo, por comprender que su presencia
constituía el símbolo del reconocimiento, hecho por el Virrey, de la
legitimidad del Cabildo Extraordinario y, por tanto, se hizo constar en el Acta
“que ninguna persona salga del Congreso (el Cabildo Extraordinario), antes de
que quede instalada la Junta”. Como el vocerío del pueblo en la plaza se
tornaba cada vez más amenazador y muchos de los Regidores temían que Carbonell
empujara a la multitud a tomar el Palacio Virreynal por asalto se adoptó una
medida de transacción y se designó a don Antonio Morales para que se
entrevistase con el Virrey, le expusiera la gravedad de la situación y
obtuviera de él las autorizaciones indispensables para que el Oidor Jurado
pudiera instalar la Junta. Morales pasó inmediatamente a Palacio y allí hubo
de enfrentarse a las conocidas vacilaciones del señor Amar y a la franca
resistencia de la Virreyna, quien se oponía con tenacidad a la autorización de
la Junta. Cansado de ofrecer garantías y de explicar al Virrey que los criollos
eran los más leales y celosos defensores del Trono, Morales se vio precisado a
forzar una decisión, porque la dramática velocidad de los acontecimientos no
permitía nuevas demoras, y le dijo lacónicamente al Virrey: « Tres partidos se
presentan a Vuestra Excelencia: salir en persona a sosegar un pueblo
enfurecido; pasar personalmente a las Casas Consistoriales; o aumentar las facultades
de Jurado ».
Temeroso el
señor Amar de que el pueblo se desbordara y la dirección del movimiento pasara
definitivamente a manos de Carbonell, cuya peligrosidad había advertido en la'
entrevista de esa tarde, renunció a sus últimos escrúpulos y, en pleno acuerdo
con Morales, envió instrucciones al Oidor Jurado para que autorizara la Junta,
siempre que se reconocieran expresamente por el Cabildo, los derechos de la
Corona y las relaciones de dependencia entre los Dominios y la Metrópoli.
Por las
correcciones y entrerreglonaduras que se hicieron en el Acta del Cabildo esa
noche, ha podido establecerse que su redacción inicial fue modificada en el
sentido de hacer más expreso el reconocimiento de Fernando VII y del Consejo de
Regencia y dar importancia especial al nombramiento del Virrey como Presidente
de la Junta Suprema. Tales fueron las
bases sobre las que se llegó a un
acuerdo entre el Oidor Jurado 7 los patricios criollos, quienes no deseaban la Independencia sino compartir el poder con el Virrey. Tal era la
doctrina de Camilo Torres
y los principales juristas de Santafé, para quienes los vínculos de
dependencia entre la Metrópoli y los Dominios se mantendrían incólumes si
España permitía a “los descendientes de don Pelayo”, a los herederos de los
conquistadores y encomenderos, participar en el gobierno de los Dominios, en
igualdad de condiciones con los españoles. En general, para las oligarquías
criollas de América, la Independencia era una alternativa sembrada de peligros,
y sólo deseable en el caso de que España fuera dominada por los “libertinos de
Francia” y se tratara de imponer, a las posesiones de Ultramar, las
“detestables” doctrinas de la Revolución Francesa. Por ello, las revueltas que
dirigieron las oligarquías criollas, en 1810, en las capitales americanas,
coincidieron en su adhesión a Fernando VII y al Consejo de Regencia de Cádiz.
Si en México, la única excepción a esta regla, el movimiento tuvo un sentido
claramente separatista e implicó una franca ruptura con España, ello se debió
al carácter popular de su revolución. Allí el levantamiento no fue un golpe de
Estado dado por la oligarquía desde los Cabildos, sino una insurrección
revolucionaria del pueblo, de los indios, contra las autoridades coloniales. «El
16 de septiembre de 1810 — dice Luis Alberto Sánchez — en circunstancia de que
se hallaba en su iglesia, subió Hidalgo al pulpito, y, desde ahí, — vivo
contraste con los demás movimientos americanos —, pronunció una encendida
arenga incitando a los feligreses a desconocer la autoridad de España,
exaltando sus sentimientos nacionales, de raza, y de odio a los españoles. Y al
grito de ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! y ¡Abajo los gachupines!, como se
apodaba a los peninsulares, se inició la rebelión. Fue una verdadera mesnada
irregular, pero llena de fuerza y de arrojo. Nada de Junta conservadora de
los derechos del Rey: antiespañolismo liso y llano. Nada de conspiración de
terratenientes criollos: insurgencia de la gleba indígena y mestiza. Nada de
parlamentos con el Virrey: desconocimiento absoluto. Nada de laicismo y libertad
de cultos: catolicidad completa. Estas características, tan diferentes,
correspondientes a la realidad mexicana, sorprenden a algunos historiadores,
que califican de manera despectiva las fuerzas de Hidalgo. Pero el contagio
fue tan súbito, el ansia de libertad tan incontenible, que pronto fueron ganando
una a una sus batallas... De otro lado, el gran arrastre del cura Hidalgo,
hombre de empresa y de fe, se vio amenazado por la excomunión de que lo hizo
victima el Obispo de Valladolid, Abad y Queipo, la cual fue repetida en todas
las diócesis del tránsito, así como con la mentirosa pero lesiva versión de
que el insurrecto obedecía las órdenes de Napoleón y estaba vendido a Francia ».
Como a los
criollos no les importaba la Independencia sino compartir el poder con las
autoridades coloniales, en el Cabildo de Santafé pudo el Oidor Jurado, la noche
del 20 de julio, conseguir que en el Acta de ese día se dejaran registrados y
a salvo los intereses de la Metrópoli. Fue don Camilo Torres quien se encargó
de defender la jurisdicción del Consejo de Regencia y los derechos de Fernando
VII, dando muestras, desde aquella noche, de la conducta equívoca que mantendría
a lo largo del proceso de emancipación, conducta a la cual habremos de
referirnos extensamente en los próximos capítulos. « Era don Camilo Torres —
dice Rafael Abello Salcedo en su notable estudio “La Primera República” —
hombre de hogar, de costumbres austeras y hábitos modestos, no obstante su
desahogada posición económica. La leyenda lo hace aparecer como persona pobre,
siendo así que podía dar a rédito (préstamo con interés) cantidades importantes
para la época, como la de los $ 8.485 que don José González Llórente (el del
florero), cuando abandonó a Santafé, en 1815, ordenó devolverle en las
instrucciones que dejó a su apoderado don Pedro Casis. Era
el doctor Torres de carácter retraído sin ser sombrío; hacía gala de
desprendimiento y menosprecio de los honores, pero era sardónico con quienquiera
los alcanzara. Instruido y elocuente en alto grado, enseñoreaba el foro con su
prestigio... Los precursores Nariño y Álvarez recibieron los dardos de su
oratoria y de su pluma. Gran retórico, llegó a
convencerse, con sus propios argumentos, ser él quien poseía la razón en
toda controversia... ».
Fue don
Camilo Torres quien, en la noche del 20 de julio, más eficazmente ayudó al
Oidor Jurado a impedir que se tomara cualquier decisión que pudiera parecerse a
una declaración de Independencia, y fue él, con Frutos Joaquín Gutiérrez y
Acevedo Gómez, quienes impusieron la elección del Virrey como Presidente de la
Junta Suprema. « Recordaron- — dice el Acta del 20 de julio — los vocales
Camilo Torres y el señor Regidor don José Acevedo, que en su voto habían propuesto
que se nombrase Presidente de esta Junta Suprema del Reyno al Excelentísimo
señor Teniente General don Antonio Amar y Borbón; y habiéndose vuelto a
discutir el negocio, le hicieron ver al pueblo con la mayor energía, por el
doctor Frutos Joaquín Gutiérrez, las virtudes y nobles cualidades que adornan a
este distinguido y condecorado militar, y más particularmente manifestadas en
este día y noche, en que por la consumada prudencia se ha terminado una revolución
que amenazaba las mayores catástrofes, atendida la misma multitud del pueblo
que ha concurrido a ella, que pasa de nueve mil personas que se hallan armadas ».
Una vez
electo el señor Amar, se designó Vicepresidente de la Junta a don José Miguel
Pey, hijo del famoso Oidor que ordenó el desconocimiento de las Capitulaciones
otorgadas a los Comuneros y redactó la famosa» Sentencia de muerte contra
Galán. A continuación el Oidor Jurado procedió a instalar solemnemente la
Junta de Gobierno y los vocales presentes juraron no “abdicar los derechos
imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su
augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII” y sujetar “este nuevo Gobierno
a la Superior Junta de Regencia, ínterin exista en la Península”. Para terminar
la ceremonia, se recomendó « muy particularmente al pueblo — dice el Acta — la
persona del Excelentísimo señor don Antonio de Amar ».
Pactado, en
el Acta del 20 de julio, el gobierno conjunto de las autoridades coloniales y
los patricios criollos, se produjo automáticamente un nuevo encuadramiento de
fuerzas y sobre las viejas disputas, que se declararon aquella noche canceladas,
comenzaron a dibujarse las fronteras del conflicto entre una oligarquía
triunfante y un pueblo que buscaba confusamente su liberación y confiaba en
que aquella profunda crisis del orden colonial no habría de reducirse a simple
oportunidad para que las clases acaudaladas se apoderaran de los centros
nerviosos del Estado.
Hacia las tres de la mañana
las notabilidades criollas celebraban regocijadas su victoria y
el pueblo, fatigado por ocho o nueve horas de
espera, comenzaba, a retirarse, con la seguridad de que apenas había comenzado
la batalla y de que en los días siguientes se pondría en juego su destino. Al
tiempo que la Junta de Gobierno declaraba terminada la revolución V
consideraba, con apremio, las precauciones indispensables para imponer el orden
en los próximos días, don José María Carbonell tomaba las medidas del caso
para que el pueblo se mantuviera en manifestación permanente
desde las once de la mañana del día 21 de julio. Carbonell no estaba dispuesto
a dejar sin definir el problema básico de la Independencia, ni a tolerar que
aquella batalla, ganada por el pueblo, no tuviera alcances distintos de un
simple traslado del poder, de manos del Virrey y a la poderosa oligarquía
criolla de grandes hacendados, comerciantes, plantadores esclavistas y abogados,
que constituían la verdadera clase opresora de la sociedad granadina, la clase
cuyas divergencias con la Metrópoli no tenían otro sentido que su deseo de
derogar aquellas instituciones de la legislación española que otorgaban alguna
protección a los indios y a los desposeídos, para lo cual trataban de
adueñarse del Estado.
Como los notables criollos comprendieron que Carbonell constituía el verdadero obstáculo para, sus proyectos y que el pueblo había dejado,
bajo su dirección, de ser el rebaño con cuya pasividad e ignorancia contaban,
se procuró excluirlo cuidadosamente de las deliberaciones del Cabildo en la
noche del 20 de julio y no se le nombró en la Junta de Gobierno, no obstante
que a él se debía el éxito de aquella histórica jornada. Todas estas
precauciones no bastaron, sin embargo, para tranquilizar a los notables. La
misma Junta, dominada por José Miguel Pey y
Camilo Torres, habría de condenarle, días después, a la pena de cárcel y su arresto
sería ordenado por el hijo del Oidor que redactó la sentencia de muerte de
Galán, Nada tiene, pues, de extraño, que la figura histórica de José María
Carbonell sea hoy poco conocida entre nosotros y que, apenas, un modesto busto
recuerde su memoria a los colombianos, cuando el merecía la estatua mucho más
que los retóricos y próceres acartonados a quienes se ha otorgado la
inmortalidad con tanta largueza, para convertirlos en símbolo de una historia
que el pueblo colombiano ha padecido y en la
cual se le ha negado hasta el derecho de colocar &
sus auténticos voceros en las primeras planas de los Anales de la nacionalidad.
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