Capitulo XXI – La batalla por la Independencia

 

Capitulo XXI –

LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA

 

LOS COMPROMISOS pactados en la noche del 20 de julio no implicaron, como suele pensarse, una declaración de Independencia, sino que ellos se limitaron a institucionalizar el gobierno de responsabilidad compartida entre el Virrey y los grandes voceros del estamento criollo. En esa alianza, acordada a espaldas del pueblo, los dos socios se beneficiaban mutuamente: el Virrey continuaba de Jefe del Gobierno, previa declaración de que el Nuevo Reyno reconocía a Fernando VII y al Con­sejo de Regencia de España, y los notables criollos ingresaban en la Administración, como miembros de la Junta Suprema, para compartir el poder con quien representaba a la Corona y servía de símbolo a las relaciones de dependencia entre los Dominios y la Metrópoli.

 

Sus argumentos, sin embar­go, no encontraron eco porque los acuciosos procuradores de la oligarquía ya habían comenzado a echar por la borda los ideales políticos que utilizaron cuando se hallaban enfrentados a las autoridades coloniales. A lo que ayer llamaron Revolu­ción, lo calificaban ahora de motín subversivo; al Virrey, acu­sado y denostado implacablemente por ellos antes del 20 de julio, lo colmaban ahora de elogios y hacían constar en docu­mentos públicos “las virtudes y nobles cualidades que adornan a ese distinguido militar’’. Quienes en la noche del 20 impu­sieron una Junta prefabricada de Gobierno, ahora acusaban a Jose Maria Carbonell de tomarse, sin derecho, la del pueblo, y el Vicepresidente Pey declaraba, en Proclama dada a la publicidad en la tarde del 25 : « Retiraos y que no se oigan más en adelante las tumultuosas voces que el pueblo pide el pueblo dice; el pueblo quiere, cuando tal vez no es más que un individuo, una pequeña fracción, un partido, que se aprovecha de vuestra reunión para usurpar vuestro nombre ».

 

'Diario Político": « Día siete de agosto, la impetuosidad y energía del pueblo debían sernos sumamente apreciables, porque sin ella; cómo podríamos haber roto las cadenas?  ¿Cómo se hubieran logrado los prodigios de la noche del 20 y de los días posteriores? Pero esta fuerza popular se aumentaba por grados y su expansión podía ser peligrosa... Día ocho de agosto. La Junta se ocupó en tomar medidas de tran­quilidad, valiéndose de los medios que dictaban la prudencia para calmar las turbaciones. Hizo comprender a los sujetos que, según noticias, tenían influjo sobre el pueblo, persuadiéndoles que dirigiesen su patriotismo a calmar la efervescencia y a evi­tar las reuniones populares, que impedían a la Junta entre­garse a providenciar sobre los grandes objetos que llamaban su atención. Era preciso tentar todos los caminos de suavidad antes que venir a los medios rigurosos ».

 

Canónico Rosillo

Carrera profesional

En el año 1789 fue nombrado cura párroco de Simacota, donde se distinguió como párroco progresista; allí duró seis años, luego pasó al curato de Fómeque, donde reedificó la iglesia. En 1799 obtuvo la canonjía magistral en la capital del Virreinato. El 18 de diciembre de 1802 fue elegido rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; fue su vicerrector el padre Pedro Salgar, quien más tarde lo delató por sus andanzas revolucionarias. En los años pre-revolucionarios, el canónigo Rosillo fue conspirador, reconocido por las autoridades coloniales. En su residencia de Santafé se realizaban tertulias revolucionarias en las cuales se comentaban los últimos acontecimientos revolucionarios de Europa, Estados Unidos y las colonias hispanoamericanas. En la misma forma, el canónigo Rosillo asistía a las reuniones secretas que se hacían en el Observatorio Astronómico, con ilustres patriotas conspiradores, entre ellos, Camilo Torres, Joaquín Camacho, Ignacio de Herrera, José Acevedo y Gómez, Luis Caicedo y Flórez, Sinforoso Mutis y otros.

Participación en la Revolución

El canónigo Rosillo se presentaba como un verdadero canónigo rebelde o revolucionario, y en muchos casos como intrigante, pues tenía experiencias como abogado leguleyo. Sus mayores actividades en la conspiración revolucionaria fueron en el año 1809, a raíz de los sucesos del 10 de agosto en Quito. El canónigo Rosillo se dedicó a la propagación de las ideas libertarias y democráticas, contra la monarquía española y la opresión colonial. Las autoridades coloniales tuvieron conocimiento de sus actividades revolucionarias, por lo cual ordenaron su prisión. Cuando iba para la villa del Socorro, su tierra natal, fue arrestado en el camino y conducido a la capital. El 21 de enero de 1810 llegó prisionero, y fue conducido al convento de los Capuchinos, donde permaneció hasta el 21 de julio de 1810. En las declaraciones que hizo en la librería del convento al oidor Hernández de Alba y al provisor Duquesne, Rosillo señaló sus contactos con los curas a su paso por las parroquias.

Entre los papeles sediciosos que le encontraron, sobresale la "Proclama a los españoles europeos". El canónigo Rosillo tuvo al convento de los Capuchinos como cárcel. El 21 de julio de 1810 el pueblo de Santafé lo aclamó y lo liberó de la prisión; dice el Diario Político que las gentes colgaron adornos en las calles que conducían del convento a la plaza real, las damas y los niños arrojaron flores sobre el canónigo Rosillo, y una banda militar precedía el triunfo. Su entrada a la plaza fue triunfal, luego fue llevado al salón de sesiones de la Junta Suprema de Santafé, a la cual fue incorporado. En los primeros años de la Independencia, la Junta de Gobierno de la villa del Socorro, que el 10 de julio depuso a las autoridades coloniales, pretendió erigir un obispado independiente de la Arquidiócesis de Santafé; esto es lo que se ha llamado el "Cisma del Socorro".

Consagración como obispo

La Junta Suprema del Socorro, invocando su soberanía, declaró el derecho del patronato para organizar una diócesis en la villa. El 10 de diciembre de 1810, la Junta aprobó por unanimidad la elección del obispado. El 11 se hizo la erección de obispo, en la cual el canónigo Rosillo obtuvo 44 votos, y muy pocos los demás nominados. Se consideró que se esperaría el consentimiento del Papa de Roma para obtener la aprobación definitiva; así mismo, se acordó que si no llegaba la autorización del pontífice, la Junta del Socorro haría lo que más conviniera a sus intereses. Las damas socorranas bordaron los ornamentos e hicieron la mitra para el primer obispo, quien en una ceremonia especial, recibió la consagración provisional de manos de los presbíteros Ignacio Villarreal y Pedro Ignacio Fernández. El Cisma del Socorro fue escándalo en la Iglesia de la Nueva Granada. Los dos gobernadores del arzobispado, los canónigos Juan Bautista Pey y José Domingo Duque ordenaron suspender la erección del obispado del Socorro. Este intento fracasó, a pesar de las intrigas del canónigo Rosillo, quien por su parte fue nombrado diputado de la Provincia del Socorro en el primer Congreso del Nuevo Reino de Granada. Rosillo se arrepintió ante el capítulo de Santafé, y obtuvo la aceptación de su entrada de nuevo al coro de la catedral.

Participación política

El 12 de febrero de 1812 ingresó de nuevo al capítulo. En cuanto a su actividad política durante la Primera República Granadina, el canónigo Rosillo participó en defensa de la causa patriota. Fueron célebres sus sermones en apoyo a la independencia y los folletos que publicó sobre diversos temas. En los años de la Pacificación española y del Régimen del Terror, Pablo Morillo desterró al canónigo Rosillo con otros eclesiásticos revolucionarios a las cárceles de España. Rosillo fue puesto en la cárcel de la Inquisición de Valladolid, hasta la revolución de Rafael del Riego en 1820, cuando le abrieron las puertas y pudo regresar a la Nueva Granada.

En la década de los veinte tomó parte en varios asuntos en las relaciones, entre la Iglesia y el Estado, y en especial, en la definición del patronato republicano. El 2 de febrero de 1823, el canónigo Rosillo fue nombrado deán por el capítulo y el gobierno de la Gran Colombia. Tuvo estrechas relaciones con el Libertador Simón Bolívar, a quien frecuentaba con sus visitas en el palacio presidencial. En sus últimos días, viajaba al Socorro con frecuencia, y también a Fómeque y Chiquinquirá. El canónigo Andrés María Rosillo y Meruelo murió el 25 de septiembre de 1835 en Bogotá, a la edad de 67 años. En la catedral metropolitana se le hicieron las honras fúnebres como correspondía a su categoría. Su obra y acción son muy acogidas en el proceso revolucionario de Colombia, por su ejemplo en defensa de la Patria.

 

 

Capitulo XXI –

LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA

 

EL RETRATO de Fernando VII. — Fiesta de Corte. — El huésped incómodo. — Manifestación permanente. — La Junta Popular. — Prohibidas las reuniones públicas. — La guardia pretoriana de la oligarquía. — Los “orejones”. — El 25 de julio. — Detención del Virrey. — Desconocimiento de la Regencia. — Se prepara la reacción. — La Iglesia y los criollos -     Conmemoración de la Conquista. — El 13 de agosto.- Victoria popular. — El Virrey en la cárcel. — Los notables actúa. — La contrarrevolución. — Prisión de Carbonell.

 

 

LOS COMPROMISOS pactados en la noche del 20 de julio no implicaron, como suele pensarse, una declaración de Independencia, sino que ellos se limitaron a institucionalizar el gobierno de responsabilidad compartida entre el Virrey y los grandes voceros del estamento criollo. En esa alianza, acordada a espaldas del pueblo, los dos socios se beneficiaban mutuamente: el Virrey continuaba de Jefe del Gobierno, previa declaración de que el Nuevo Reyno reconocía a Fernando VII y al Con­sejo de Regencia de España, y los notables criollos ingresaban en la Administración, como miembros de la Junta Suprema, para compartir el poder con quien representaba a la Corona y servía de símbolo a las relaciones de dependencia entre los Dominios y la Metrópoli.

 

A don José María Carbonell no se le ocultaron las vincu­laciones que existían entre la permanencia del Virrey en el Gobierno y la consolidación de la hegemonía política de la casta criolla — hegemonía que estorbaba todo cambio de la estrati­ficada sociedad granadina — y se propuso conseguir, por eso, la destitución de los funcionarios españoles, comenzando por el Virrey a fin de que la nueva nacionalidad, independizada de sus amarras coloniales, se diera un gobierno que fuera el resultado de airear francamente, en el ágora pública, los alcan­ces y proyecciones del histórico conflicto entre la oligarquía y el pueblo.

 

A las ocho de la mañana del día  21 de julio, se presentaron en el edificio del Cabildo las personas designadas por Acevedo Gómez para integrar la Junta de Gobierno y procedieron a ocuparse de la cuestión que tenía, para todos, la mayor importancia: el reconocimiento oficial de la Junta Suprema que debía protocolizarse por medio del Juramento que prestaría el Virrey, comprometiéndose a obedecer los dictados de una entidad de la cual era Presidente. Si los vocales del nuevo organismo gubernamental hubieran deseado asumir una posición de independencia frente al representante de la Corona, lo natu­ral hubiera sido solicitar al señor Amar que se trasladara a las Casas Consistoriales a prestar el juramento. No ocurrió así, porque los notables criollos necesitaban del Virrey y deseaban ganarse su buena voluntad, lo cual explica la actitud dócil que siguieron en la mañana del 21. « Formados en dos alas — dice el “Diario Político” — pasaron al Palacio ». El Virrey los reci­bió en la Sala de Audiencias, con la ceremonia y pompas acos­tumbradas, y nadie hubiera imaginado, tales fueron los homenajes y las venias, que los personajes allí presentes representaran un nuevo orden. El ceremonioso acatamiento de los patricios crio­llos, con sus atuendos domingueros y su pegajosa etiqueta de burgueses con aspiraciones cortesanas, disipó todo escrúpulo del Virrey, y ante el Vicepresidente de la Junta, don José Miguel Pey, prestó juramento de obediencia a ella, empleando, eso sí la fórmula acordada la noche del 20 de julio, que establecía el expreso reconocimiento de Fernando VII y del Consejo de Regencia. Así se comprende la armonía que reinó durante la ceremonia y la facilidad con que ella se convirtió en ágape social cuando la Virreyna dispuso, traer vino dulce y bizcochos a la Sala de Audiencias, a fin de dar un carácter más ameno aquella reunión en la que parecían canceladas las antiguas dis­crepancias del Virrey con los notables criollos.

 

La alegría y el regocijo que reinaban en Palacio se interrumpieron súbitamente cuando se supo que grandes manifes­taciones populares agrupadas por Carbonell y sus amigos en San Victorino y los barrios altos, avanzaban sobre el centro de la ciudad, a lo largo de la Calle de La Moneda y de la calle Real. La noticia causó general desconcierto y el ágape maña­nero se disolvió. El señor Amar ordenó cerrar las puertas de la mansión Virreynal y los vocales de la Junta se encaminaron a las Casas Consistoriales, a fin de actuar, por primera vez como suprema autoridad del Reyno. Minutos después de reunirse en la Sala del Cabildo, se enteraron los vocales de que las oleadas de pueblo en marcha hacia la Plaza Mayor tenían un carácter impresionante por su volumen y obedecían a consignas altamente peligrosas para la supervivencia de los pactos celebrados en la noche del 20 de julio. Conocieron también que la multitud portaba armas y en ella era general el voce­río contra el Virrey, los Oidores de la Audiencia y los españoles.

 

A las doce del día la Plaza Mayor se había convertido en el epicentro de una vasta conmoción republicana y tanto Carbo­nell como numerosos oradores improvisados se dirigieron a la Junta de Gobierno, pidiendo, en términos altivos, la prisión del señor Amar, de los Oidores Hernández de Alba y Frías y del Regidor Mancilla. Solicitaron también la excarcelación de los presos condenados por las autoridades coloniales y la inme­diata libertad del Canónigo Rosillo, detenido en el convento de los Capuchinos. Enfrentada la Junta a exigencias que afec­taban seriamente las bases del acuerdo pactado con el Oidor Jurado y el Virrey, trató de calmar los ánimos, de actuar con parsimonia y prudencia, sin conseguir otro resultado que au­mentar la inconformidad popular. Las turbas, guiadas por Carbonell, comenzaron a obrar por cuenta propia y gravísimos hechos se cumplieron en Santafé ante la aterrada e impotente Junta de Notables. Las casas de los Oidores fueron asaltadas, se las saqueó, y sólo la intervención de las milicias y de algu­nos miembros del nuevo gobierno, consiguió salvar la vida de sus dueños. Simultáneamente, otra porción de la multitud se dirigió al convento de los Capuchinos, libertó al abate Rosi­llo y lo llevó en triunfo a la plaza, donde los amotinados rea­lizaron una desafiante exhibición de poderío. « Cuando el pue­blo llegó a la Plaza — dice el ‘"Diario” — y vio el Palacio del Virrey sin adornos, mandó que se colgasen inmediatamente y obligó a la Guardia a presentar las armas y batir marcha ».

 

Al pueblo de Santafé no se le ocultó entonces que la deseada emancipación de la Metrópoli perdería sus efectos liber­tadores si ella se traducía en el simple acaparamiento del go­bierno por la poderosa oligarquía criolla, y ello explica el carác­ter radical de su comportamiento. La trascendencia de la obra realizada por Carbonell, en Santafé, se descubre en los pasajes consagrados por los redactores del periódico de la Junta, a comentar los sucesos del 21 de julio. « El pueblo — dicen — sostenía su puesto y su firmeza. A cada momento gustaba más de su libertad, conocía más y más sus derechos, su dignidad y su Soberanía, tomaba aquel tono imperioso, libre y de Señor ya no era ese rebaño de ovejas, ese montón de bestias de carga que solo existía para obedecer y para sufrir. Pedía, o casi man­daba a la Suprema Junta la ejecución de muchos artículos... No todas sus peticiones eran justas. Muchas respiraban sangre y dureza. La Junta Suprema concedía unas, olvidaba otras: otras, en fin, negaba con persuasiones... Ya muchos ciudadanos ilustrados preveían las consecuencias a que darían origen las reuniones frecuentes de un pueblo numeroso y embriagado con la libertad. Se temía que aquellos esfuerzos, que al principio habían salvado la patria, le fuesen funestos en los días con­secutivos, y deseaban que la Suprema Autoridad impidiese las reuniones ».

 

La preocupación de los notables estaba sobradamente jus­tificada porque la presencia del pueblo en las calles había creado una situación revolucionaria, cuyos lógicos desarrollos resultaban incompatibles con los compromisos pactados el 20 de julio. Ese mismo día hacia las cinco y media de la tarde, el pueblo hizo una nueva demostración de fuerza, tanto más afrentosa para la Junta, cuanto que la futilidad de los pretex­tos invocados, indicaba que Carbonell se proponía poner de relieve el carácter precario de las nuevas autoridades. El pue­blo y sus tribunos exigieron, al atardecer, no sólo la conduc­ción de los Oidores a la cárcel común sino también que se les hiciera comparecer en los balcones del Cabildo, una vez les fueran remachados los grillos. No obstante que la Junta diputó a varios eclesiásticos para hacer desistir a los amotinados de tan humillante solicitud, las gentes reunidas en la plaza per­manecieron impasibles y « viendo que era preciso presentarlos — refiere el “Diario Político” — los eclesiásticos vocales referidos recomendaron moderación; pidieron que no se les dijesen pala­bras injuriosas, ni fuesen a arrojar piedras... La noche se acer­caba, v en efecto, se oscureció en estos debates. El pueblo pidió que se encendiesen bujías y que se realizasen cuanto antes sus deseos. En efecto, se expusieron estos dos ministros desgraciados a los ojos de un pueblo ofendido... Concluida esta escena dolorosa, fueron conducidos a sus respectivos calabozos ».

 

Las experiencias de la agitada jornada del 21 de julio, durante la cual el pueblo consiguió sus primeras victorias contra la Junta de Notables, demostraron a Carbonell la necesi­dad de organizar un Estado Mayor revolucionario, que pudiera competir con los nutridos cuadros dirigentes del estamento crio­llo y mantener el entusiasmo libertario de las multitudes. Para el día 22 fueron convocados, por él los jefes de los barrios, los conductores de los artesanos y los estudiantes de avanzada, a quienes se señaló, como punto de reunión, un viejo local situado en el barrio de San Victorino, « Como contrapunto al gobierno paternal que presidía el Vicepresidente Pey — observa Abollo Salcedo — se estableció en el barrio de San Victorino una Junta Popular, bajo la presidencia del joven y ardoroso patriota don José María Carbonell, la que se instaló en el patio de una fonda, sin más plan y actividades que dar rienda suelta a las pasiones que bullían en los suburbios capitalinos. Esta Junta no era otra cosa que un Club Revolucionario permanente, en donde se pronunciaban las más disparatadas arengas sobre la soberanía popular, el derecho de los oprimidos, y se esparcían terríficos relatos sobre la vida y andanzas de los antiguos amos. Allí iniciaron su carrera pública estudiantes y mozalbetes, quie­nes más tarde se distinguieron en la gesta emancipadora, en la magistratura, o rindieron estoicamente la vida en los patí­bulos levantados por los pacificadores en el año 16 ».

 

La Junta Popular se instaló el día 22 y durante toda la tarde y parte de la noche se debatieron en ella los grandes temas de la Revolución. Allí combatió Carbonell elocuente­mente la solución pactada el 20 de julio entre la oligarquía criolla y el Virrey, expuso la necesidad de movilizar al pueblo para conseguir la inmediata declaratoria de Independencia, la prisión del señor Amar y el desconocimiento de Fernando VII En su recinto habló Carbonell de la “soberanía popular”, del “derecho de los oprimidos” e hizo hincapié en la necesidad de mantener una permanente acción multitudinaria, a fin de con­jurar el peligro de que el movimiento de Independencia se redujera a un simple traslado del Poder de manos de los fun­cionarios de la Corona a la oligarquía de hacendados, comer­ciantes y plantadores esclavistas, que andaban buscando la oportunidad propicia para derogar las Ordenes españolas que otorgaban alguna protección a los indios y a los desheredados. Uno de los grandes méritos de Carbonell fue el haber compren­dido como comprendió, que la nobilísima causa de la Inde­pendencia no tenía para los notables criollos otro sentido que el de una gran fronda de las clases acaudaladas, empeñadas en desmantelar el Estado para convertir su libertad de dueños de la riqueza en abusiva licencia contra los desposeídos y los humildes.

 

La Junta Popular organizada por Carbonell en Santafé tendría su igual en la famosa Sociedad Patriótica de Caracas en la cual iniciarían su vida pública los grandes libertadores. En el Club revolucionario de Caracas, diría Juan Vicente González: « ¿La anarquía? Esa es la libertad cuando para huir de la tiranía desata el cinto y desanuda la cabellera ondosa ¿la anarquía? Cuando los dioses de los débiles, la Desconfiaba y el Pavor, la maldicen, yo caigo de rodillas en su presencia. Señores: que la anarquía con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso para que su humo embriague a los facciosos del Orden y la sigan por las calles y plazas gritando ¡Libertad! ». En esa misma Sociedad se levantó el joven Simón Bolívar y situándose en la oposición a la oligarquía de los “mantuanos"' caraqueños — como lo había hecho Carbonell frente a la oligarquía criolla santafereña —, pronunció la his­tórica oración, con la cual se inaugura su vida pública: se discute en el Congreso— dijo — lo que debía estar decido ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar con una Confederación. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas.

 

Que los grandes proyectos deben prepararse con calma. ¿Tres­cientos años de calma no bastan? ¿Se quieren otros trescientos todavía? ». En la Junta Popular de Santafé, como en la Sociedad Patriótica de Caracas, hicieron su aparición los grandes voce­ros de la democracia, los encargados de trasladar al pueblo la soberanía política y de enfrentarse a las pretensiones de las clases acaudaladas, a los “descendientes de don Pelayo”, a los herederos criollos de los conquistadores y encomenderos.

 

El 22 de julio fue un día de aparente calma, de obligada pausa, que sirvió a la Junta de Notables y al Club Revolucio­nario de San Victorino para prepararse, respectivamente, a afrontar el histórico conflicto que se aproximaba. Al tiempo que en la Junta Popular se decidía mantener al pueblo en manifestación permanente hasta conseguir la prisión del Virrey y la declaratoria de Independencia, los notables criollos, reunidos las Casas Consistoriales, acordaban realizar un gran des­pliegue de propaganda, a fin de preservar el prestigio de Fér­vido VII, y proceder, también, a la organización de unas milicias de confianza para restablecer el orden. Esta última medida era tanto más necesaria cuanto que las tropas regulares españolas que el 20 de julio se pusieron a órdenes de la Junta, contemplaban ahora, no sin cierto regocijo, los apuros de la oligarquía criolla, que no vaciló en estimular el desorden cuando él podía convenirle y a la postre se mostraba aterrada ante los desenvolvimientos lógicos del movimiento revolucio­nario de liberación.

 

Tales antecedentes permiten comprender el curso que si­guieron los acontecimientos el día 23, cuando la Junta de Gobierno, inspirada por José Miguel Pey y Camilo Torres, tomó la iniciativa, resuelta a poner término a los “desmanes del pueblo” y a impedir las actividades revolucionarias de don José María Carbonell. Desde muy temprano se colocó en los balcones de las Casas Consistoriales, bajo palio, un enorme retrato del Rey Fernando VII, y se situaron las milicias regu­lares en la plaza, como guardia de honor de “la imagen de nuestro Amado Soberano”, según refiere el “Diario Político”. Hacia las diez de la mañana se inició la ceremonia, preparada cuidadosamente, y del Palacio Virreynal salió un desfile, enca­bezado por el propio señor Amar, don José Miguel Pey, Camilo Torres y los vocales principales de la Junta de Gobierno, desfile que rindió honores al retrato de Fernando VII, mientras una banda militar tocaba aires marciales de España y las tropas presentaban las armas. Poco después se dio a conocer, por conducto del pregonero, el primer Bando de la nueva Junta de Gobierno, cuyo texto, redactado seguramente por don Camilo Torres, decía:

« Convencido este Cuerpo de los sentimientos con que el pueblo ha excitado su lealtad en favor de su justa causa, ha resuelto, como fundamento de la Constitución a que prestará todo el lleno de su energía, se observen los puntos siguientes: 1º — Sostener y defender la Religión Católica, Apostólica y Romana, universalmente recibida por nuestros mayores... 2° — Defender los derechos de nuestro amable sobe­rano don Fernando VII, conservando este Reyno a su augusta persona hasta que tengamos la feliz suerte de verlo restituido a un trono de que le arrancó el tirano del mundo (Napoleón)... 3º — En favor de la tranquilidad pública se prohíbe absolutamente todo espíritu de división como perjudicial en un tiempo en que la Junta Suprema se ocupa en el reposo y quietud general; exigiendo muy particularmente el amor que debe tener el pueblo a los españoles europeos, reconociendo en ellos a sus hermanos y conciudadanos, y entendiendo que sobre punto de tan alta consideración, la misma Junta tomará las providencias más activas y vigorosas... Con este objeto de la tran­quilidad se prohíben también los toques de campanas extraor­dinarios, y cualquier otra alarma que no se haga de orden de la Junta... 4  — El pueblo pedirá lo que quiera por medio de su Síndico Procurador General en quien ha puesto su con­fianza, que aprobará lo que sea justo, desechando con maduro examen lo que en lugar del beneficio público engendre la inquie­tud de los ánimos, o traiga alguna consecuencia perjudicial... »,

 

No se crea, sin embargo, que estas precauciones parecie­ron bastantes a los vocales de la Junta Suprema. En el mismo Bando, en su punto sexto, se determinó la creación del Regimiento de “Voluntarios de la Guardia Nacional”, cuyo recluta­miento y mandos se confiaron a don Antonio Baraya y a don Joaquín Ricaurte. Como su leva, organización y disciplina demandaban tiempo y debían someterse a las ordenanzas militares en vigencia, el mismo día 23 ordenó la Junta la creación de cuatro Escuadrones de Caballería, compuestos en su conjunto de seiscientos hombres, los cuales debían reclutarse entre los hacendados de la Sabana, los famosos “orejones”, y sus mayordomos de confianza, a fin de que custodiaran el orden en la Capital e impidieran los “desmanes del pueblo”. Para comandar esa famosa Caballería de “Cincinatos que, arrojando el arado volaron a empuñar la espada” — como dice pomposamente el “Diario Político” —, fue designado el más respetable y representativo de los grandes hacendados de la Sabana, don Pantaleón Gutiérrez, casado con la hija del famoso Oidor Moreno y Escandón quien en su época propuso, no obstante su título de Protector de Indios, “demoler" los Resguardos, y fue uno de los personajes más odiados por los Comuneros. El principal biógrafo de don Pantaleón, refiriéndose a su vida fami­liar en estos días, dice: « Aficionados ambos cónyuges a la quietud campestre, hicieron del predio de La Herrera su mo­rada favorita, estableciendo allí costumbres verdaderamente pa­triarcales. En aquella “antigua casa solariega con apariencia feudal "- como ha dicho un cronista, reclinada en el cerro de Serrezuela, dominando una hermosa laguna y un valle ence­rado entre pintorescas colinas, hallaban de gracia los transeúntes lecho cómodo y limpia y bien abastecida mesa ».

 

A fin de conocer las opiniones políticas de don Pantaleón Gutiérrez, a quien la Junta confió el mando de la Guardia destinada a custodiar el orden en la Capital, vamos a citar algunas partes de la correspondencia de su hijo, el notable patri­cio don Gregorio Gutiérrez Moreno, quien le informaba a don Agustín Gutiérrez, en días posteriores al 20 de julio, de los sucesos de la Capital. « Si las cosas hubieran seguido como iban se habían puesto en los días que yo estuve fuera — escribía él hijo de don Pantaleón —, a la fecha creo que no habría Jun­ta porque el pueblo amotinado había tomado tanto ascendiente y estaba tan sobre sí, que a nadie respetaba, de manera que de un mes a esta parte hemos estado en perfectísima anarquía... Los principales autores del desorden y los que conmovían al pueblo, esparcían ideas sediciosas, y entre ellas la detestable máxima de que en el día no hay distinción de personas, que todos somos iguales: y para autorizar más su idea, dicen que uno salió vestido de ruana (Carbonell) paseándose hombro a hombro con los guarnetas, que ya te harás cargo le seguirían mu\ gustosos. Así fue que no temió insultar a la Junta en la misma sala, y formar un pedimento de setenta y Laníos artícu­los. al cual más descabellado y sanguinario » (19 de agosto de 1810).

 

La Guardia fue reclutada apresuradamente y para com­pletar el armamento de los “orejones'" se tomaron del Palacio Virreynal “las numerosas medialunas y lanzas que se hicie­ron para oprimir a la ilustre provincia del Socorro en 1781 Estas armas servirían ahora para amedrentar al pueblo de Santafé que había enarbolado, bajo la dirección de Carbonell, la bandera libertaria que la oligarquía criolla entregó, en 1781, en las Capitulaciones de Zipaquirá.

 

Como consecuencia de las medidas de prevención adop­tadas por la Junta, el día 24 transcurrió en calma y el 25 la ciudad presentaba el aspecto de una plaza sitiada. « La caballe­ría — dice el “Diario Político” — velaba en todos los pun­tos peligrosos, paseaba las calles, visitaba el Parque, los cuar­teles, las entradas y rodeaba las cárceles... Se notaba cierto grado de tranquilidad en los movimientos del pueblo, que no se había  observado en los días precedentes, y aún pareció en este momento semejante a un mar enfurecido que comenzaba a calmar ». Días después efectuó la Guardia un desfile militar Santafé y la descripción que de él hizo el historiador Groot nos permite apreciar la composición y apariencias del ejército que garantizaba, en la Capital, el gobierno de los notables criollos.

« Figúrese el lector — dice Groot — una columna de hombres a caballo de cuatro en fondo, armados de lanzas medialunas; en sillas vaqueras de enorme tamaño, con rejo a la arción, pellón de lana, arritranca pendientes y grandes estribotes de cobre que llamaban de baúl, a manera de los que usan los turcos, que de ellos los tomarían nuestros padres- y sobre cada una de esas sillas un orejón con gran ruana de lana listada, calzón corto de gamuza, botas de lana azul, a manera de medias sin pie; zamarros de cafuche, pañuelo rabogallo en la cabeza, cuyas puntas salían sobre la espalda; som­brero de lana con media vara de ala, bajo cuya sombra se veía una coraza e inbarboqueada y requemada. Quinientos hombres de esta calaña, marchando a medio trote calle arriba de San Juan de Dios, metían tal ruido con las estriberas que se topa­ban y rozaban unas con otras, que aquello era de ver y oír ».

 

No debe creerse, sin embargo, que Carbonell y la Junta Popular habían perdido su tiempo o se hallaban intimidados. Desde el día 24 por la tarde Carbonell y sus compañeros al dispersaron por los barrios de Santafé, con la consigna de alertar a sus habitantes contra una posible traición de los notables y resueltos a promover una gran conmoción revolucionaria para conseguir la prisión del señor Amar y de la Virreyna. « Los que se apellidaban tribunos del pueblo — observa el mismo historiador Groot — que como ya hemos dicho eran el croquis de los demagogos que más tarde habían de venir, instigaban a la plebe contra los anteriores gobernantes y con­tra todos los españoles, contando a estas gentes ignorantes pa­trañas... Los principales directores de la máquina popular eran: el escribano García, llamado por antonomasia el patriota; el doctor don Francisco Javier Gómez, alias Panela; don José María Carbonell, el doctor Ignacio de Herrera y otros. Así el pueblo estaba siempre a disposición de los chisperos, quienes se entendían inmediatamente con ciertos gamonales, maestros de oficios, carniceros, revendedores y pulperos que tenían a su disposición las masas para conducirlas a gritar donde era menester.

 

En la mañana del día 25, Carbonell y sus amigos hicieron circular el rumor de que en Palacio se estaban alistando las tropas y cargando los cañones y esta especie actuó como fulminante que puso en combustión los materiales explosivos acumulados en los días anteriores. Los redactores del Diario Político nos dejaron un adecuado relato de los sucesos del 25 y de la sorpresa que se llevó la Junta Suprema ante una súbita conmoción popular, que juzgó imposible después de las drásticas medidas adoptadas para conjurar el peligro de este tipo de perturbaciones. « En todos los ángulos de la ciudad dice      el “Diario"'—           reinaba silencio y tranquilidad.

 

De repente se difunde con una velocidad increíble la voz de que la guardia de honor que aún se conservaba al Virrey Amar, había cargado con balas sus fusiles; que había muchas armas ocultas en Palacio; que había también cañones, y que habían oído los golpes precisos para cargarlos... Un pueblo inmenso se deja ver en las agitaciones más vivas. Una parte acude al Parque de Artillería, otra avanza a Palacio, otra, en fin pide urgentemente a la Junta el registro de las armas y la seguri­dad de Amar y de su mujer... La Junta dudaba, pero conocía que la perplejidad en estas circunstancias podía tener las más funestas consecuencias y resolvió acceder a los deseos del pueblo ».

 

El gobierno ordenó a dos de sus vocales trasladarse a Palacio, a fin de verificar si eran ciertos los cargos formula­dos al Virrey, y los dichos vocales, después de “'registrar todos los departamentos de Palacio, que se franquearon por el Secre­tario del Virreynato, don José de Leyva, no hallaron las ar­mas, ni los cañones que se creía*'. No obstante que el mismo Vicepresidente Pey informó al pueblo del carácter infundado de sus temores, los ánimos no se aquietaron y la multitud, azu­zada por Carbonell y sus amigos, realizó el primer intento de asaltar la mansión Virreynal. La Junta se halló entonces ante la misma crítica alternativa que hubo de afrontar el señor Amar el 20 de julio. O cedía ante la presión del pueblo enfu­recido u ordenaba a la Caballería despejar la plaza. En tan apu­radas circunstancias, la Junta optó, finalmente, por claudicar y el mismo Virrey convino, de buena gana, en que se le tras­ladara al edificio del Tribunal de Cuentas. En todo caso, antes de sacar al señor Amar de Palacio, la Junta tomó la precau­ción de situar la caballería y las tropas regulares en los alrededores de Palacio y los Comandantes Baraya y Lastra dieron orden de hacer fuego, a la primera orden, si se intentaba agre­dir al Virrey. « Un silencio majestuoso y amenazador —- dicen los redactores del "Diario Político" — reinaba en toda la plaza Conducido (Amar) por los tres primeros vocales que hemos nombrado, salió de Palacio y atravesó por medio de las filas del pueblo armado hasta llegar al Tribunal de Cuentas. La Virreyna le siguió, acompañada de los tres últimos vocales: manifes­tando al mismo tiempo serenidad y firmeza de ánimo, atravesó por entre las filas y fue conducida al convenio de monjas de Santa Gertrudis... ».

 

Cuando la multitud, satisfecha de su victoria, comenzó a dispersarse, la Junta de Gobierno se declaró en sesión perma­nente, a fin de considerar las medidas indispensables para evi­tar, en los días siguientes, la repetición de sucesos revolucio­narios de tanta gravedad. Se produjeron entonces en su seno las primeras divisiones, “'el choque de opiniones, las dilatadas disputas y otros desórdenes”, de que habla don Ignacio de He­rrera. Estas disputas se originaron en las drásticas medidas propuestas por don Camilo Torres y el señor Pey para impedir que las manifestaciones y actos multitudinarios continuaran deteriorando las bases del acuerdo pactado con el Virrey el 20 de julio. El señor Herrera y don Emigdio Benítez se negaron a convenir en esta clase de providencias y declararon franca­mente que ellos no estaban resueltos a imitar la conducta de los Oidores Alba y Frías, conducta que los miembros de la Junta censuraron en otras épocas. Sus argumentos, sin embar­go, no encontraron eco porque los acuciosos procuradores de la oligarquía ya habían comenzado a echar por la borda los ideales políticos que utilizaron cuando se hallaban enfrentados a las autoridades coloniales. A lo que ayer llamaron Revolu­ción, lo calificaban ahora de motín subversivo; al Virrey, acu­sado y denostado implacablemente por ellos antes del 20 de julio, lo colmaban ahora de elogios y hacían constar en docu­mentos públicos “las virtudes y nobles cualidades que adornan a ese distinguido militar’’. Quienes en la noche del 20 impu­sieron una Junta prefabricada de Gobierno, ahora acusaban a Jose Maria Carbonell de tomarse, sin derecho, la del pueblo, y el Vicepresidente Pey declaraba, en Proclama dada a la publicidad en la tarde del 25 : « Retiraos y que no se oigan más en adelante las tumultuosas voces que el pueblo pide el pueblo dice; el pueblo quiere, cuando tal vez no es más que un individuo, una pequeña fracción, un partido, que se aprovecha de vuestra reunión para usurpar vuestro nombre ».

Explicablemente, las voces de protesta de Herrera y de Benítez fueron ahogadas en medio de aquella camarilla de notables, convertida en Junta de Gobierno, y esa misma tarde se acordó promulgar un nuevo Bando, escrito y firmado por don Camilo Torres y sancionado por el Vicepresidente Pey. Los apartes principales de dicho Bando decían: « Convencida la Suprema Junta de que al paso que nada es más justo que escu­char los clamores del público en la crisis importante en que nos hallamos, nada es más perjudicial tampoco que el que se abuse de su nombre respetable... y deseando conciliar el justo interés que tiene el verdadero público y los ciudadanos bien intencionados en manifestar cualesquiera medidas que crean convenientes a su seguridad, con la tranquilidad pública, que no se puede obtener por medio de tumultos y facciones, y que antes bien se turba por esas mismas reuniones, ha acordado y ordena se prevenga a toda clase de gente se tranquilicen v retiren a sus ocupaciones domésticas... Y para que sus cla­mores y cualquiera especie de solicitudes que quieran hacer, lleguen a sus oidos (de la Junta) de un modo decoroso y con­veniente. dándoles el lugar de preferencia que merezcan en medio de las graves atenciones que hoy llaman su cuidado, determina se entiendan precisamente en cada barrio, los de su respectivo distrito, con los sujetos que se van a nombrar; en el de Las Nieves con su párroco y con el vecino don Igna­cio de Umaña; en el de Santa Bárbara con su párroco y con el doctor don Manuel Ignacio Camacho y Rojas; en San Vic­torino con su párroco y con el doctor Felipe Vergara; en la Catedral con su párroco doctor don Pablo Plata y con el doc­tor don Domingo Camacho... Bien entendido que las solici­tudes que no se dirijan en estos términos no podrán ser aten­didas... Y para que llegue a noticia de todos se publicará por Bando en el día de mañana y se fijarán copias de él en las ya dichas parroquias y lugares acostumbrados. Sala Con­sistorial de la Junta Suprema de la Capital del Nuevo Reyno de Granada, julio 25 de 1810. Doctor José Miguel Pey. Vocal vicepresidente. Doctor Camilo Torres. Vocal secretario »

 

El estamento criollo, que deliberadamente provocó el altercado entre Morales y Llórente para desatar una conmoción que obligara al Virrey a cederle parte de su poder, declaraba ahora por boca de sus procuradores, que el pueblo no podía pedir en las calles y en la plaza la declaratoria de Independencia y la destitución de las autoridades coloniales, sino que estas magnas cuestiones de la nacionalidad debían tratarse como un chico pleito, por medio de memoriales ante un párroco o un funcionario de confianza de la Junta!

 

El 26 de julio transcurrió en relativa quietud, no obstante ser día de mercado, porque la detención del Virrey apaciguó considerablemente los ánimos y el pueblo aceptó, con aparente conformidad, los mandatos del último Bando, leído por el pregonero en los principales sitios de la ciudad. « Una proclama y un Bando — dice el "Diario " — restituyeron al campo sus labradores y a los talleres sus artistas ». Durante la tarde y noche del día 26 pudo la Junta ocuparse en escuchar, con alguna tran­quilidad, el informe de la comisión designada para visitar los archivos de la Real Audiencia, como prestar la debida atención a los problemas planteados por la próxima llegada del Comi­sionado Regio, don Antonio Villavicencio, quien había salido de Honda y estaba aproximándose a Santafé. Por el informe de la Comisión que visitó los archivos del Acuerdo conoció la Junta el texto de algunas órdenes reservadas, remitidas por el Consejo de Regencia a las autoridades del Nuevo Reyno, órde­nes que indicaban la hostilidad del Consejo con respecto a las Juntas de Gobierno constituidas por los criollos en América y las condenaban como actos subversivos, que debían sancio­narse sin contemplaciones. Igualmente se enteró de la comu­nicación ‘'reservadísima” enviada a las autoridades virreynales por don Antonio Villavicencio, el 20 de mayo de 1810, comu­nicación en que les notificaba el nombramiento de don Fran­cisco Javier Venegas como nuevo Virrey del Reyno Granadino, en reemplazo del señor Amar. Estas informaciones plantearon a la Junta una serie de complejos e inesperados problemas y acentuaron las discrepancias que se habían suscitado- en su seno, a propósito de las medidas de orden público decretadas el día anterior.

 

La naturaleza de los temas tratados esa noche explica por qué la sesión se prolongó hasta la madrugada. ¿Se aceptaría al nuevo Virrey, don Francisco Javier Venegas? Y en caso de hacerlo ¿en qué calidad? ¿Cómo Virrey o como Presidente de la junta constituida el 20 de julio? Posiblemente se le hubiera reconocido en una de tales calidades, de no haber mediado los gravísimos motines del día anterior, que forzaron la Junta a ordenar la detención del señor Amar. Tales moti­nes demostraron la imposibilidad de llevar, pacíficamente, al pueblo de Santafé a reconocer un nuevo Virrey, « pues no tanto se observa en el pueblo — dice el Acta de ese día — su detestación hacia las personas de los funcionarios del último gobierno, cuanto hacia sus dignidades y representaciones, sien­do constante que aborrece hasta los nombres que se daban a los empleos y trajes con que se condecoraban ». La junta se vio precisada, por tanto  a abocar el problema de fondo, a resolver si debía o no continuar esta Junta Suprema en “el reconocimiento del Consejo de Regencia” La cuestión tenia transcendentales implicaciones, porque el reconocimiento de la Regencia, tal como se había jurado solemnemente en los días 20 y 21 de julio, conllevaba la aceptación de la plena autoridad del Comisionado Regio, don Antonio Villavicencio y obligaba a recibir, en calidad de tal, al Virrey Venegas, muy poco pare­cido a don Antonio de Amar. Como ello implicaba una posi­ble limitación del poder absoluto de que actualmente gozaba la Junta, la mayoría de sus voceros se inclinó, en favor de la ruptura con la Regencia, aunque fue imposible obtener la una­nimidad, según lo declara el Acta y se colige de las declara­ciones consignadas por el vocal don Manuel de Pombo en el llamado “Breve Manifiesto", que su autor redactó en agosto de 1816. En el punto sexto de dicho Manifiesto dice el señor Pombo: «Habiéndose propuesto en aquella Junta la moción de que si había o no de continuar dependiente del Supremo Consejo de Regencia establecido en Cádiz y por consiguiente admitirse o no el Virrey don Francisco Javier Venegas que había nombrado la misma Regencia, fue mi opinión por la afir­mativa: e hice en consorcio de los doctores don Tomás Teno­rio y don Camilo de Torres muchos esfuerzos en favor de esto, y de que fuese también admitido el ilustrísimo señor Arzobispo don Juan Bautista Sacristán, que se hallaba en Car­tagena ». (Archivo Nacional. Guerra y Marina, Biblioteca Nacional, Tomo 135, págs. 87 y ss.).

 

Aunque esta discrepancia de opiniones versaba sobre ma­terias graves, la cuestión no provocó un serio conflicto en el seno de la Junta, porque en ella no se descuidaron los inte­reses de la oligarquía criolla, y ninguno de los vocales, incluyendo los disidentes, dejaron de advertir la conveniencia no comprometerse con el Consejo de Regencia, hasta no conocer los resultados de la crisis española y la manera como resolvía el conflicto con Napoleón. En la noche del 26 no primó la idea de la Independencia, sino que se resolvió mantener la intangibilidad de los vínculos con la Metrópoli a través del expreso reconocimiento de Fernando VII y organiza en el Nuevo Reyno un Gobierno con plena representación del estamento criollo. Gobierno que exigiría al Rey Fernando cuando su causa triunfara en España, la idónea representación en Cortes deseada por los criollos, y la amplia autonomía, en cuestiones sociales y económicas, que ellos ambicionaban para la administración local. En la madrugada del 27 se acordó, por mayoría, que no estaba « ya la Junta ni ninguno de voca­les ligado con aquel juramento, en cuanto a continuar esta Junta Suprema y el pueblo que representa, subordinados al citado Consejo de Regencia, o a cualquier otro cuerpo o per­sona que en defecto de la de su legítimo Soberano el señor don Fernando VIl no sea proclamado por el voto libre, uná­nime y general de la nación ». Con fundamento en esta decla­ración se dispuso que « se oficie al muy ilustre Cabildo y seño­res asociados del Cabildo de Cartagena, para que haciendo en­tender al citado don Francisco Javier Venegas, el estado de las cosas en esta Capital, según la gradación con que se han ido encadenando los sucesos, le detenga decorosamente en aque­lla plaza ». En el mismo sentido se decidió el caso de Villavicencio y en el acta se hicieron constar sus cualidades de « ciu­dadano de las primeras familias de esta ciudad y hombre ilus­tre... Que con estas consideraciones se le haga un recibimiento correspondiente a ellas, al mismo tiempo que diverso del que se le preparaba... ».

 

Para justificar el desconocimiento del Consejo de Regen­cia. que los vocales juraron acatar en los días 20 y 21, se uti­lizaron variadas explicaciones y entre ellas vale la pena men­cionar el empleo acomodaticio que se hizo de las diferencias establecidas, por Aristóteles y Santo Tomás, entre los con­ceptos de sustancia y accidente. En el periódico “Aviso al Pú­blico" se resume, de la siguiente manera, la doctrina empleada por la Junta Suprema para desconocer sus compromisos ante­riores: « El juramento que hemos hecho — dice -— es el de reconocer al señor don Fernando VII por nuestro Rey: a este estamos obligados y daremos por él la vida: esta es la SUSTANCIA de nuestra promesa y la sostendremos hasta la muerte. El reconocimiento del Consejo de Regencia es un puro ACCIDENTE: éste no estamos obligados, según dice Santo Tomás... ¿Quién no ve que el Consejo de Regencia y su reconocimiento son un accidente respecto de Fernando VII y del Juramento de fidelidad que le prestamos? El tal Consejo tiene dependencia de autoridad (la ley del Rey Fernando); la autoridad soberana puede existir y existe sin el tal Consejo de Regencia ».

 

En los días siguientes la Junta consiguió mantener, con relativa normalidad el control del orden público, gracias a la vigilancia de la Caballería y a las actividades de tipo religioso que se ordenaron en todas las iglesias, con la evidente inten­ción de frenar la dinámica revolucionaria de la inconformi­dad popular. Los destacados eclesiásticos que pertenecían a la Junta y particularmente el Arcediano Juan Bautista Pey her­mano del Vicepresidente, lograron que el clero de la Capital prestara su apoyo a la clase gobernante, de manera que los sermones de los párrocos, los oficios religiosos y hasta las pro­cesiones llegaron a convertirse en instrumentos políticos de los notables, los que retornaron tan oportunos servicios con despliegues de sumisión ante los altos prelados, a quienes fue imposible dejar de advertir el contraste que existía entre la conducta de los antiguos funcionarios de la Corona, defenso­res celosos de las prerrogativas del Patronato Real, y el comportamiento dócil de las nuevas autoridades, cuyos personeros, comenzando por el Vicepresidente Pey y don Camilo Torres no perdían ocasión de postrarse ante los jerarcas, para besarl­es la mano o el anillo simbólico de su dignidad eclesiástica. así consiguieron los notables criollos, valiéndose de la vanidad de algunos sacerdotes mundanos, altamente situados en la oligarquía eclesiástica, empujar a la Iglesia granadina al cam­po de los privilegiados, con notable perjuicio para su altísima misión de defensora de oficio de los humildes Resumiendo las actividades de la Junta en este sentido, dice el historiador José Manuel Groot: « El 29 de julio la Suprema Junta y el Gobierno Eclesiástico celebraron una solemne fiesta de acción de gracias en la Iglesia Catedral Metropolitana, por el feliz éxito de la transformación política. El Arcediano doctor don Juan Bautista Pey cantó la Misa, y el doctor don Santiago Torres y Peña pronunció la oración gratulatoria. La Junta se presentó de gran etiqueta, con el Cabildo de la ciudad, Tribunales, comunidades religiosas y colegios; lo mismo que la clase militar que contaba ya con más oficiales que soldados, porque todos los jóvenes querían serlo, por andar con vueltas coloradas y sable al cinto ».

 

El 6 de agosto puede considerarse como un día clave en el proceso que venimos relatando, porque en esta fecha ordenó la Junta una extraña ceremonia. « Ese día — refiere el “Diario Político" — que es el aniversario de la Conquista, se solem­nizó con la asistencia, en cuerpo, de la Suprema Junta. Toda nuestra caballería y la de la Guardia de honor que fue de los Virreyes, se dejó ver armada en la carrera. La ceremonia fue de las más solemnes y lucidas ». La conmemoración del ‘‘aniversario de la Conquista", a los quince días del 20 de julio, explica el sentido profundo de la política criolla, muy poco liberal y nada generoso. ¿Puede alguien imaginarse, por ejem­plo, al pueblo francés celebrando con regocijo, a los quince días de la toma de la Bastilla, la fundación de la dinastía de los Capetos? Pero en Santafé era necesario conmemorar la Conquista, porque el estamento criollo, cuya capa dirigente se apoderó del Poder el 20 de julio, se inspiraba en la filosofía de la casta que don Camilo Torres resumió, en los siguientes términos, en el mal llamado Memorial de Agravios: « Los naturales (los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones... Así no hay que engañarnos en esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que salidos de las montañas, expe­lieron a los moros, Lo que separaba fundamentalmente a los patricios criollos de los peninsulares eran las distinciones, pri­vilegios y prerrogativas" que la Metrópoli se resistió a otorgar a los primeros con suficiente largueza. Por eso, la revolución terminó para ellos cuando constituyeron su Junta de Notables y desde entonces su única preocupación fue impedir que el pueblo, que “los guarnetas", amenazaran su hegemonía polí­tica o pusieran en tela de juicio las preeminencias sociales a que se juzgaban acreedores, en su calidad de herederos de los conquistadores y encomenderos. Explicablemente celebraban con festejos extraordinarios, la Conquista y en esos días la junta    encargaba a don Miguel de Pombo el estudio del problema de los Resguardos y este estudio desembocaría, como lo veremos en el próximo Capítulo, en la práctica de una polí­tica de despojo de las tierras de los indios, política cuyas abusiva características habrían hecho sonrojar al Oidor Moreno Escandón o a los déspotas de la dinastía borbónica.

 

El pueblo de Santafé intuyó, gradualmente, las amenazas que, para su destino, estaban incubándose en las sesiones de la Junta de Gobierno, y en los días 7 y 8 de agosto comenzó a levantarse de nuevo la marejada de la inconformidad popu­lar sin que bastaran, para impedirlo, las rondas y el continuo patrullaje de la famosa Guardia de orejones. Refiriéndose a estas dos fechas dice el 'Diario Político": « Día siete de agosto, la impetuosidad y energía del pueblo debían sernos sumamente apreciables, porque sin ella; cómo podríamos haber roto las cadenas?  ¿Cómo se hubieran logrado los prodigios de la noche del 20 y de los días posteriores? Pero esta fuerza popular se aumentaba por grados y su expansión podía ser peligrosa... Día ocho de agosto. La Junta se ocupó en tomar medidas de tran­quilidad, valiéndose de los medios que dictaban la prudencia para calmar las turbaciones. Hizo comprender a los sujetos que, según noticias, tenían influjo sobre el pueblo, persuadiéndoles que dirigiesen su patriotismo a calmar la efervescencia y a evi­tar las reuniones populares, que impedían a la Junta entre­garse a providenciar sobre los grandes objetos que llamaban su atención. Era preciso tentar todos los caminos de suavidad antes que venir a los medios rigurosos ».

 

Si la Junta Suprema se preparaba para emplear "‘medios rigurosos”, no puede decirse que el Club revolucionario de San Victorino permaneciera inactivo. José María Carbonell y sus amigos trabajaban incansablemente y en la primera semana de agosto de 1810 terminaron la organización de los barrios popu­lares de la Capital, de manera que en cada uno se estableció una Junta, dependiente de la de San Victorino, encargada de mantener el espíritu de rebeldía y de movilizar las gentes al centro de la ciudad, cuando así lo dispusieran los jefes del movimiento. Igualmente se formaron cuadros de artesanos ar­mados, encargados de enfrentarse a los orejones y a las mili­cias regulares, si la Junta Suprema se decidía a emplear medios coactivos para hacer cumplir el mando que prohibía las manifestaciones públicas. Refiriéndose a estos críticos días de los redactores del ‘"Diario”: « Días 9, 10, 11 y 12 de agosto Crecía la inquietud en los ánimos; las voces sordas, partidos y amenazas que se traslucían, hacían temer los sucesos que tardaron en desenvolverse ».

 

El pueblo de Santafé no había dejado de advertir los notables criollos se empeñaban, a fin de defender sus privilegios, en mantener el aparato y las formas externas del antiguo régimen y ello explica el odio que se despertó entre las multitudes contra el señor Amar, odio que no había existido anteriormente, y que el Virrey, por su temperamento bonachón y su conducta tímida, no merecía. Don Antonio de Amar era, no obstante, un símbolo y contra los símbolos suelen estrellarse las multitudes que empujan el devenir de la historia, El pueblo revolucionario de Francia no sacrificó a Luis XVI y a María Antonieta por puro espíritu de crueldad, sino por­que ellos representaban el orden monárquico y tenían la vocería de valores sociales y políticos que era indispensable des­truir. El señor Amar no podía, por tanto, escapar a su destino, con mayor razón cuando que el pueblo de Santafé le miraba como el aliado de la oligarquía criolla, como el man­datario que el 20 de julio se negó a permitir el Cabildo Abierto y concedió, en cambio, el Cabildo Extraordinario, que permi­tió la formación de un Gobierno de notables. Explicablemente, en los días 10 y 11 de agosto, el pueblo exigió con imperio que el Virrey y la Virrey no fueran conducidos a la cárcel común y a ello respondió la Junta con evasivas, limitándose a hacer circular el rumor de que ya había nombrado a don «Pedro de la Lastra comandante de la escolta que debía acom­pañar al Virrey a Cartagena, donde se embarcaría para España. Este rumor se difundió por la Capital el día 12 y lejos de cal­mar al pueblo aumentó su alarma, porque el señor de la Lastra era uno de los voceros más destacados de la oligarquía criolla y contaba con escasas simpatías en los estratos populares de la población, lo cual dio motivo para que esa tarde se comenzara a decir en Santafé que los notables tenían el proyecto de sacar al Virrey de la ciudad, a fin de que buscara apoyo militar en otras provincias del Reyno. En la noche hubo grandes tumultos, el estado de exacerbación de los ánimos llegó a grados crí­ticos y en la Junta Popular se dieron las últimas órdenes para desatar el nudo de aquella prolongada crisis con una vasta circulación de masas el día siguiente. Don José María Carbonel pronunció en el Club Revolucionario de San Victorino cuyo local se vio colmado de artesanos, una de sus más grandes oraciones, que terminó con la consigna destinada a tener ira decisivas consecuencias: ¡El Virrey a la cárcel! ¡La Virreyna al Divorcio!

 

En la mañana del día 13 de agosto de 1810 se palpaba en Santafé esa tensión eléctrica que suele preceder a las grandes conmociones revolucionarias. Aunque la Junta tenía fundadas sospechas de que algo muy serio estaba para suceder, no le fue posible tomar oportunamente las medidas preventivas del caso, porque sus miembros no lograron ponerse de acuerdo al discutir la conveniencia de enviar la Caballería a patrullar los barrios o mantener las fuerzas militares concentradas en el centro de la ciudad. Cuando los vocales discutían estas alter­nativas se produjo en la plaza un incidente, cuya naturaleza describe el cronista Caballero, testigo presencial del suceso. « Este día — dice — por unas palabras que dijo el Procura­dor don Eduardo Pontón, sobre que no convenía que Lastra fuese el conductor para llevar a los exvirreyes a Cartagena, le respondió Ricaurte (Joaquín) y se tiraron. El pueblo se cargó en favor de Pontón, y aunque la Junta lo mandaba a la cárcel, el pueblo no lo consintió; el tumulto y alboroto fue grande. En esto don José María Carbonell y otros insistie­ron al pueblo para que pidiese que pusiesen al Virrey en la cárcel y le pusiesen grillos; y a la Virreyna en el Divorcio. Todos lo pedían a gritos, pero es de advertir que los que pedían esto era la gente baja, pues no se advertía que hubiese gente decente ».

 

Que la Junta Popular había preparado cuidadosamente la vasta conmoción social que estalló ese día en Santafé, lo revela la rapidez con que fue invadido el centro de la ciudad por turbas exaltadas, que partieron de los barrios de Belén, Las Aguas, San Victorino y Las Cruces, Carbonell repitió de nuevo la hazaña política del 20 de julio y hacia el mediodía la Plaza estaba colmada por una gigantesca multitud y las tropas se habían visto obligadas a replegarse, a fin de proteger las Casas Consistoriales, los cuarteles, y sobre todo el Tribunal de Cuen­tas, donde se encontraba el Virrey. « La fuerza revolucionaria — dice el 'Diario Político" — tomó el mayor incremento en la mañana de este día. El pueblo ocupaba toda la gran plaza, no se hablaba sino de prisiones y arrestos de las personas m parecían sospechosas: todo se hallaba en la más viva agitación.

 

En los primeros momentos la Junta se negó a considera la posibilidad de llevar a las cárceles comunes al señor Amar y a la Virreyna y ello determinó una primera ofensiva de la multitud sobre el Tribunal de Cuentas, ofensiva que obligó a la Caballería a efectuar varios simulacros de ataque, para contener el empuje de las montoneras populares. Entonces comenzaron a llover piedras sobre los orejones y sus oficiales solici­taron, con urgencia, nuevas instrucciones para afrontar aquella crítica emergencia. Mientras los vocales deliberaban y el desconcierto se generalizaba en las Casas Consistoriales una porción de la multitud se aproximó al edificio del Ayunta­miento, cuyas puertas custodiaban las tropas con bayoneta calada, y los amotinados comenzaron a lanzar ¡abajo! a los vocales y regidores de Santafé. Hacia las tres de la tarde la situación no podía ser más grave, porque ya varios de los soldados de la Caballería habían sido heridos a piedra y la presión sobre el Tribunal de Cuentas era insostenible, a menos de permitir a la Guardia cargar sobre las turbas. Ante la crí­tica magnitud de la emergencia, la Junta se vio forzada a ceder por segunda vez y ordenó a la Caballería trasladar al señor Amar y a su esposa a las cárceles comunes. « Sacaron al Virrey — dice Caballero — por una calle formada por un numeroso pueblo y lo condujeron a la cárcel ». La peor suerte correspondió a doña María Francisca de Amar y Borbón, por­que ella debía recorrer, desde el Convento de la Enseñanza, un camino más largo para llegar al Divorcio y la multitud consiguió avasallar la escolta. Cerca de seiscientas mujeres del pueblo se apoderaron de la Virreyna v se encargaron de conducirla al Divorcio, la cárcel destinada para las mujeres de la plebe y de vida alegre. La turba que se adueñó de doña María Francisca estaba dirigida por Rosalía Contreras, la Reimunda, Manuela Camero, Rosa Delgadillo, Juana María, mujer de Francisco Reyes, Luisa Neusa, Toribia Muñoz, Bárbara Sán­chez, mujer de Pedro Monje, y María, llamada *‘la cómica”. Se sucedieron entonces las dramáticas escenas descritas por los cronistas que la presenciaron: « La infame plebe de mujeres — dice Caballero — se juntaron y pidieron la prisión de la Virreyna en el Divorcio. Formaron éstas una calle desde el con­vento de la Enseñanza hasta la Plaza, que pasaría de seiscientas. Como a las cuatro y media la sacaron del convento, aunque la iban custodiando algunos clérigos y personas de autoridad, no le valió, pues por debajo se metían las mujeres, le rasgaron la saya y el manto, de suerte que se metió en bastante riesgo, porque como las mujeres, y más atumultuadas, no guardan ningún respeto, fue milagro que llegase viva al Divorcio. Las insolencias que le decían era para tapar los oídos ». Otro de los testigos presenciales refiere así la escena: « El Virrey y su esposa fueron insultados de una manera baja e indigna: principalmente la última, de quien se apoderaron sin respeto por el doctor Rosillo las mujeres más insolentes de la plebe, llevándola a empellones y puñadas hasta la pri­sión, después de haberla hecho caer en el caño de la calle de la Catedral. Cuando la señora fue encerrada en la prisión, se dio por bien servida, viéndose libre de las garras de aque­llas furias, que la dejaron con varias contusiones en la cara y brazos

 

Conseguida la prisión del Virrey y de la Virreyna, el pueblo se dedicó a celebrar en las calles su triunfo mientras los patricios criollos y los españoles se ocultaban en sus resi­dencias. Hacia el atardecer las manifestaciones comenzaron a disolverse y a las nueve de la noche reinaba en la ciudad un profundo silencio. Sólo en las Casas Consistoriales se trabajaba activamente, porque allí la Junta de Gobierno y los jefes de los distintos cuerpos armados, deliberaban sobre la conducta que debía seguirse después de la amenazadora exhibición de fuerza realizada por el pueblo ese día. Las voces que en oca­siones pasadas abogaron por una conducta prudente, fueron abogadas entre las protestas y recriminaciones de quienes soli­citaban poner término, de una vez por todas, a la ‘‘intolerante dictadura de los guarnetas insubordinados” y la Junta resolvió, finalmente, actuar sin contemplaciones. Hasta este momento la oligarquía criolla había disimulado el espíritu de casta que informaba al gobierno constituido el 20 de julio, pero los acon­tecimientos del 13 de agosto se encargaron de desprestigiar las actitudes contemporizadoras y la Junta decidió llevar a cabo, al día siguiente, una gran manifestación de "la nobleza criolla"', a fin de dar respuesta a la inusitada exhibición de poderío realizada por el “populacho”. Esta decisión se complementó, naturalmente, con las correspondientes órdenes de reforzar la Guardia y ocupar la Plaza Mayor con las tropas de línea, desde las primeras horas de la mañana siguiente.

 

Hacia las once de la mañana del 14 de agosto de 1810 « se juntó — refiere Caballero — toda la nobleza en la plaza y pidió a la Junta que sacara a los exvirreyes de la prisión y los llevara a Palacio ». Si en el día anterior esa misma plaza se había visto colmada por millares de gentes, hoy la concu­rrencia era visiblemente escasa, porque las tropas, ésas si muy numerosas, habían ocupado las esquinas, con instrucciones de no permitir la entrada sino a personas de la alta clase social de Santafé. Los vocales de la Junta recibieron la manifesta­ción de los notables desde los balcones del Ayuntamiento y desde ellos habló el Vicepresidente Pey para aceptar la solici­tud de la nobleza y hacer, como lo hizo, un gran elogio del señor Amar y de la Virreyna. Después del discurso del Vicepresidente, los miembros de la Junta descendieron a la Plaza y allí se formaron dos cortejos, como estaba convenido: uno de ellos, encabezado por el señor Pey, don Camilo Torres, los vocales de la Junta y los “caballeros de la nobleza'”, se dirigió a la cárcel para liberar al Virrey y presentarle las disculpas del Gobierno y de la sociedad de la Capital por el “afrentoso aten­tado” cometido el día anterior. Mientras tanto las damas dis­tinguidas de Santafé, encabezadas por doña Francisca Prieto Ricaurte de Torres, esposa de don Camilo, doña Rafael Isasi de Lozano, Marquesa de San Jorge, doña Mariana Mendoza de Sanz de Santamaría, doña Antonia Vergara y doña Ventura Quijano y Venegas de Rivas, se dirigieron a la cárcel del Divorcio, portando ramos de flores para la Virreyna y, después de libertarla, acompañaron « ceremoniosamente — dice Abello Salcedo — como en los tiempos de la Corte, a doña María Francisca de Villanova, del Divorcio a Palacio. En el trayecto, la numerosa concurrencia que presenciaba el desfile, batía palmas para acreditar la general complacencia ». Por su parte, el cronista Caballero, testigo presencial del homenaje de des­agravio a los Virreyes, lo refiere así: « Fue la Junta a la cárcel y lo sacaron (al Virrey) con una solemnidad no vista; las señoras fueron al Divorcio y sacaron a la Virreyna y la condujeron al mismo Palacio. Todo el día se mantuvo la Plaza cercada de tropas de a pie y a caballo sin dejar entrar a nadie ».

 

Instalado el señor Amar nuevamente en la residencia de los mandatarios de España, se le hizo objeto de significativos homenajes y los vocales de la Junta le insistieron en que se quedara en Santafé y en Palacio. El Virrey no mostró mucho entusiasmo en cuanto a su posible permanencia en Santafé, puesto que ya había sido relevado de su cargo por el mismo Consejo de Regencia, pero trato, en cambio, de conseguir el desembargo de sus bienes y una declaración que le libertara de todo cargo para emprender inmediatamente su viaje de regreso a España. Los vocales ofrecieron considerar el asunto próximamente, pero su buena voluntad no tardó en verse expuesta a las más duras pruebas. Esa misma noche hubo graves moti­nes en San Victorino y los barrios altos y la Junta se enteró que Carbonell había ordenado una gran manifestación para el día 16, a fin de sacar al Virrey y a la Virreyna de Palacio y reducirlos nuevamente a prisión. Convencidos los vocales de que la permanencia del señor Amar en Santafé servia a Carbonell de pretexto para mantener la exaltación de los ánimos, decidieron reconocer, aunque de mala gana, los hechos cumplidos e irremediables, y convinieron en la partida del Virrey y de su esposa, compensándoles con una cuantiosa suma de dinero, como se ordenó, la inseguridad en que que­daban sus bienes embargados. « Nuestra partida — dice el señor Amar en su informe al gobierno español — se promovió antes de las veinticuatro horas de nuestra salida de las cárceles para Palacio, v con reserva particular, y poco antes se nos previno lomásemos este temperamento y las disposiciones de efectuarlo. para evitar una cruel revolución ».

 

El 15 de agosto, mientras se efectuaba la procesión de Nuestra Señora del Tránsito, el señor Amar y doña Maria Francisca salieron sigilosamente de la Capital y ya libre la Junta de las resistencias que se había ganado por sus visibles vinculaciones con el Virrey, pudo consagrarse a afrontar la gran crisis política que amenazaba la misma estabilidad del gobierno de notables. Las medidas de represalia, en consecuencia, no se hicieron esperar. El local donde funcionaba el Club de San Victorino fue ocupado por la Caballería, su puerta se condenó y el día 16 de agosto, refiere el cronista Caballero, se pusie­ron presta a don José María Carbonell, al escribano don Manuel García y a don Joaquín Eduardo Pontón, por haber hablado con imperio y haber sido causa que pusieran al Virrey en la cárcel y a la exvirreyna en el Divorcio ».